La ineficiencia se paga cara en el servicio eléctrico

NEUQUEN (AN).- Los problemas financieros y económicos en CALF, derivados de irregularidades en el manejo de los fondos cooperativos, son cubiertos por los usuarios con tarifas fijadas por la entidad sin ninguna clase de control por parte del municipio, que es el poder concedente de la prestación del servicio eléctrico. Como contrapartida, un informe de la defensoría del Pueblo señaló dos déficits: la falta de un «corpus» de reglas de juego claras y de un área de técnicos especializados en la supervisión del servicio, articulados en un ente fiscalizador.

A raíz de las presentaciones de cuatro usuarios-socios de la cooperativa, el estudio de la defensoría recomendó al intendente Horacio Quiroga el cumplimiento de los deberes legales emergentes del contrato de concesión y la «real y eficaz» fiscalización del desempeño de CALF.

La resolución del organismo que encabeza Blanca Tirachini también apuntó a los concejales, a quienes reclamó un marco regulatorio para el servicio; la creación de un área técnica especializada y la revisión «pronta» del cuadro tarifario que hoy tiene la cooperativa.

Por último, embistió contra la conducción de la cooperativa, a cuyos integrantes advirtió «ante eventuales perjuicios a los vecinos-usuarios del servicio» que demuestren las investigaciones judiciales que desarrolla el juzgado número dos a cargo de Juan José Gago sobre la denuncia presentada el año pasado por la ex gerenta de CALF, Olga García.

La defensoría del Pueblo, en su informe, pudo determinar que la eficiencia en la prestación del servicio se relaciona directamente con la falta de control por parte de las autoridades, que incumplirían los deberes fijados en la carta orgánica municipal y en el contrato de concesión.

El organismo apeló a la necesidad de fijar pautas ante la reconcesión del servicio -actualmente la prórroga del contrato con CALF está bajo estudio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y nada hace pensar en una resolución inminente-.

Para esa instancia, la defensoría solicitó que el municipio fije un cuadro tarifario inicial tope «calculado bajo parámetros de una prestación eficiente del servicio».

Las denuncias de los usuarios

NEUQUEN (AN).-El informe de la defensoría del Pueblo se originó en denuncias presentadas por cuatro usuarios: uno reclamó la rebaja de la tarifa eléctrica sobre la base de que CALF cobra unos 2,6 millones de pesos de más a sus usuarios.

La segunda actuación surgió de la «reparación económica no reembolsable» que el consejo de administración de la cooperativa otorgó a su presidente, Osvaldo Bonvín, por más de 620 mil pesos.

La tercera denuncia es más extensa y arranca del contrato que vincula a la cooperativa con la Central Térmica Alto Valle para la compra de energía a una tarifa determinada.

La cuarta actuación, relacionada con las anteriores, hace eje sobre tres puntos referidos a manejos de fondos por parte de la conducción calfista: donaciones y atenciones; viáticos y el resarcimiento económico a Bonvín.