La Inspectoría de Trabajo de Allen no funciona

ALLEN (AA).- La Inspectoría de Trabajo de esta ciudad, que sufrió hace alrededor de un mes la usurpación de sus instalaciones por parte de una familia allense, aún no ha vuelto a funcionar.

En el lugar se recibían unas doscientas demandas diarias. Por esto, actualmente comienzan a surgir con mayor fuerza los reclamos de los centenares de trabajadores que buscan allí una vía de solución a sus conflictos laborales.

Si bien en estos días desde el Sindicato de la Fruta se ofreció un espacio alternativo para que comience a desempeñar sus actividades, los empleados afirman que éste no reúne las condiciones mínimas, tanto laborales como para la atención del público que concurre.

Por los inconvenientes para desarrollar su tarea los empleados de la Inspectoría reclamaron el apoyo de la comunidad a fin de que desde los diversos sectores se apoye la residencia permanente de la sede en la ciudad.

Uno de los temores que ronda, sobre todo a los sectores de escasos recursos, que son quienes frecuentemente logran en esta delegación un asesoramiento gratuito para superar problemas laborales, es que las actuaciones puedan llegar a trasladarse a las ciudades vecinas, lo que significaría un sinfín de inconvenientes y que muchos, incluso, no puedan contar con este servicio.

«Tenemos un gran atraso en todos los trámites que debemos realizar. Se dejaron de hacer las audiencias y la parte de sumarios, donde todos los expedientes que se manejan tienen vencimiento», comentó la jefa de la delegación de Allen, Marcela Díaz.

«También está parado el tema del pago de las cuotas entre las partes. La gente necesita sí o sí que se la atienda. La mayoría no puede pagar abogados ni viajar a otras ciudades», advirtió.

Cabe recordar que la familia Jara, junto a sus cinco hijos, permanece ocupando una vivienda del IPPV desde hace un mes aproximadamente, donde funcionaba la sede del organismo provincial a partir del año «99.

Si bien en un principio y tras una serie de largas negociaciones iniciadas desde el municipio y el Sindicato de la Fruta se había llegado a un convenio la desocupación de las instalaciones usurpadas, posteriormente se rompió el pacto.

Ayer, los miembros del Concejo Deliberante fueron convocados, por los mismos empleados, a fin de que se interesen por la situación que atraviesa esta sede.

«Vemos que hasta el momento nadie se ha preocupado porque esta oficina tenga un lugar digno para trabajar. Ahora ofrecieron un local donde no se puede trabajar por las pésimas condiciones en que se encuentra», comentó Jorge Espinoza, secretario del Interior de ATE, e inspector de la delegación allense.

«Es una habitación chiquita para cinco empleados, ni siquiera entran todas las cosas», graficó.

La semana pasada mediante un procedimiento judicial dispuesto por el Juzgado Penal Nº 4 a cargo del juez Emilio Stadler, la policía allanó la vivienda usurpada a fin de recobrar toda la documentación que allí se encontraba, como también las pertenencias del organismo provincial.

En tanto el proceso penal por el delito de usurpación iniciado desde la delegación de Trabajo, sigue su curso, según informó días atrás el asesor legal del organismo, Ricardo Stadler.

El asesor legal consideró además que, a través de una vía legal rápida, en un corto plazo podría lograrse la orden de desalojo, que se tramita en el fuero civil.

Mientras, los problemas se multiplican.