La Justicia allanó oficinas de Obras Públicas

NEUQUEN (AN).- La justicia allanó ayer las oficinas de la dirección General de Mantenimiento de Edificios Públicos en el ministerio de Hacienda, Obras y Servicios Públicos y secuestró una gran cantidad de expedientes en el marco de la investigación por supuestas irregularidades en la contratación directa de servicios.

La maniobra que se investiga involucra un monto superior al millón de dólares y alrededor de 100 expedientes.

El fiscal Mario Rodríguez Gómez y el fiscal adjunto Cristian Planas se presentaron ayer de imprevisto en el piso octavo del edificio de Economía en la calle Rioja.

El titular de la fiscalía no quiso brindar detalles del procedimiento cuando se retiró horas más tardes. En ese piso a las 14.30 se encontraban dos policías que al ver al periodismo dijeron que no estaban allí «por el allanamiento».

La presencia de estos dos uniformados estaba relacionada con un grave hecho de violencia que se registró durante la mañana entre un jefe y una subordinada (ver aparte).

La investigación que lleva adelante la fiscalía cinco es el resultado de una denuncia que el lunes 14 una persona cuyos datos no trascendieron pero que tiene el asesoramiento legal del abogado de ATE, Mariano Mansilla. En una investigación previa a la formulación de la denuncia trabajó el cuerpo de abogados del gremio junto con un grupo de contadores.

El dirigente de ATE, Raúl Dobrusín, confirmó ayer esta denuncia y anunció que hoy el gremio brindará una conferencia de prensa para informar sobre el accionar de una «organización mafiosa» en la subsecretaría de Obras Públicas (ver aparte).

El fiscal Rodríguez Gómez por su parte también confirmó la denuncia aunque se excusó de brindar detalles.

Recurrió a la clásica fórmula «estamos investigando» para eludir la requisitoria periodística.

El supuesto delito que se investiga es la contratación directa de servicios en obras.

Para eludir la licitación pública, se fraccionan las necesidades por montos menores a 4.000 pesos. Dobrusín dijo que el 80 por ciento de estos contratos corresponden a edificios escolares.

Para la contratación directa el organismo que la realiza debe consultar a 10 proveedores y decidirse por el que ofrece mejor servicio y precio. En la denuncia se afirma que siempre aparecían los mismos nombres como los que ofrecían mejor precio.

Dobrusín no dudó en afirmar que la maniobra es llevada adelante por una «organización mafiosa» que está integrada por «funcionarios públicos y personas dedicadas a la actividad privada».

Deseó que la investigación sobre el tema «llegue hasta los ideólogos» de la maniobra y no que corra la misma suerte «que tuvo la denuncia por la compra directa de medicamentos o cuando denunciamos que un funcionario chocó un auto oficial cuando un fin de semana lo usaba en forma particular».

El abogado Mariano Mansilla por su parte no quiso brindar mayores detalles de la denuncia ni de la persona que la formuló.

Para impulsar la causa, el fiscal decidió una serie de medidas para llevar adelante, algunas de la cuales fueron solicitadas por el abogado del gremio ATE.

Sin embargo Mansilla tampoco quiso hablar de los requerimientos que efectuó.

ATE brindará hoy detalles

NEUQUEN (AN).- La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) dará a conocer hoy el funcionamiento que tiene «una organización mafiosa» cuyo accionar está centrado en la subsecretaría de Obras Públicas. Raúl Dobrusín adelantó que darán a conocer los nombres de los funcionarios públicos y de los comerciantes privados involucrados como así también el organigrama del funcionamiento, durante una conferencia de prensa que brindarán dirigentes gremiales y el cuerpo de letrados en la sede del sindicato.

En el centro de la denuncia, según el dirigente, está el director General de Mantenimiento de Edificios Públicos, Héctor Chapino, que ayer tuvo un altercado violento con un subordinado. Dijo además que ayer cuando trascendió la investigación «todo el mundo se puso nervioso» en esa dependencia. Mientras tanto «Río Negro» no pudo hablar con el responsable de la subsecretaría de Obras Públicas, Ricardo D»Angelo, quien se encontraba de licencia por enfermedad.

Dobrusín dijo que en aproximadamente 100 expedientes que involucran contratos por más de un millón de pesos «aparecen siempre seis o siete empresas». El 80 por ciento de las obras contratadas era para «edificios escolares», mientras que el resto registra obras en la policía y otros edificios de la administración públicas central.