La «justicia aymara» preocupa en países andinos

LA PAZ (AFP)- La «justicia comunitaria», en cuyo nombre se linchó e incineró el martes al alcalde de un poblado aymara, se aplica en varios puntos en Los Andes, considerados «tierra de nadie» por autoridades del Estado boliviano y donde rige aún la atávica 'Ley del Talión'.

Reconocida como conjunto de derechos y obligaciones seculares por la Constitución boliviana, la «justicia comunitaria», que no prescribe bajo ningún concepto matar, se aplica por órdenes de sabios ancianos en remotos puntos de Los Andes de Perú y Bolivia.

También en poblaciones quechuas del subandino boliviano. «Se ha confundido este instituto del derecho consuetudinario con el ajusticiamiento» o 'Ley del Talión', afirma el presidente de Jue-ces de La Paz, William Dávila.

La justicia por mano propia se ha aplicado con particular saña y de manera recurrentemente en el último decenio en zonas habitadas por indígenas donde no son reconocidas las autoridades del Estado boliviano o donde éstas, por miedo a represalias, han abandonado sus cargos.

El asesinato del alcalde del poblado aymara de Ayo Ayo (a 80 kilómetros de La Paz), Benjamín Altamirano, primero secuestrado, luego martirizado y finalmente incinerado acusado de corrupción – cargos de los que la justicia boliviana lo había exculpado- es prueba de la vindicta popular sin siquiera juicio sumario.

De acuerdo con analistas locales, linchamientos y otros tipo de ajusticiamientos se han multiplicado desde los años '90, cuando entró en vigor un conjunto de leyes exculpatorias conocidas como las leyes Blatmann y la celebrada Ley de Participación Popular, que entregó recursos a las comunidades indígenas para uso autónomo.

En la cultura andina funciona aún el heraldo del derecho incaico: Amu Sua (no seas ladrón), Ama Llulla (no seas mentiroso) y Ama Quella (no seas flojo). En al menos 5 ciudades intermedias en el altiplano boliviano no rigen las leyes «q'aras (blancos sin riqueza) pero sí el derecho atávico, reconoce Dávila, que explica el repliegue de estas zonas indígenas de muchos de sus colegas porque «hemos tenido tantos atentados» en el último tiempo.

En el poblado aymara de Achacachi, a unos 200 kilómetros de La Paz, cuartel de operaciones del líder campesino Felipe «Mallku» Quispe, hace cuatro años que jueces, policías y funcionarios estatales no ejercen jurisdicción alguna.

A nombre de «la justicia comunitaria, sin entender de qué se trata este instituto de la justicia comunitaria, (los indígenas) han vulnerado derechos y garantías de las personas, de autoridades, motivo por el cual incluso el Poder Judicial ha tenido que replegar a sus jueces», dice Dávila.

La ex candidata a la vicepresidencia, la antropóloga indígena Esther Balboa, responsabiliza de la barbarie indígena a la transculturación, que ha corrompido a los comunarios con dinero y poder.

«La justicia comunitaria es decidido por un grupo de sabios, es equidad, es diálogo, no se hace en la oscuridad», defiende.

El gobierno de Carlos Mesa, acusado por carecer de autoridad y que ha proclamado su decisión de no apelar a la «violencia legítima» para frenar protestas, admite su impotencia ante el estallido de múltiples conflictos por diversas demandas.

«Qué se puede hacer para tener una situación de absoluta tranquilidad cuando la solución con un sector implica, automáticamente, conflicto con el sector que se opone al anterior», pregunta el ministro de Gobierno (Interior), Alfonso Ferrufino.

Notorias semejanzas en dos casos

LA PAZ/LIMA- El crimen de Benjamín Altamirano se produjo dos meses después de que campesinos aymaras peruanos ejecutaran al alcalde Cirilo Robles, en la población de Ilave (sudeste peruano), en las mismas circunstancias y por los mismos motivos, manejos dolosos.

Tras la muerte de Altamirano, el ministro boliviano de Participación Popular, Robert Barbery, asumió el compromiso de revisar los procesos por corrupción instaurados en 40 municipios indígenas en Los Andes.

Ayo Ayo es la célebre cuna del «temible Zárate Willa», un indio aymara que a finales del siglo XIX arrasó con militares blancos en la llamada revolución federal boliviana.

Una de las varias circunstancias que asemejan los casos de Ilave y Ayo Ayo es que los alcaldes habían sido denunciados ante la justicia por la presunta corrupción, pero no se les había castigado y de hecho continuaban en sus cargos.

En ninguno de los dos casos se ha logrado documentar de momento si los asesinados eran efectivamente corruptos. Mientras eso no se aclare quedará, al margen de las condenas éticas, la duda de si la «justicia occidental» fue incapaz de llevar el caso o si tras los linchamientos se ocultan maniobras políticas de personas interesadas en ocupar los puestos de los muertos.

Y otra circunstancia idéntica es que tanto Robles como Altamirano habían recibido múltiples amenazas previas y sus casos habían sido reseñados por la prensa de cada país, sin que los gobiernos centrales o regionales tomaran medidas para aclarar los casos y para dotar a las potenciales víctimas de medidas de seguridad.

«Pido justicia y protección», había dicho Altamirano en una carta que publicaron medios bolivianos en abril. Robles incluso debió vivir clandestino algunos días previos a su muerte, pues se temía que el veredicto estaba ya dictado. (DPA)