La Justicia investiga los residuos en Mina Angela





Hay 1,5 millón de toneladas, con tóxicos.El cianuro podría fluir en arroyos de la zona.

INGENIERO JACOBACCI (AJ).- La existencia de más de 1,5 millones de toneladas de residuos, entre los que se encontrían 25 toneladas de cianuro, en las inmediaciones de Mina Angela, ha vuelto poner en tela de juicio los trabajos de cierre y remediación de ese yacimiento minero.

Una investigación sobre el tema, publicada en diciembre por «Río Negro», podría ser la punta de un ovillo que permitiría saber a ciencia cierta la verdad de una historia que aún no está clara.

Basándose en el artículo de Río Negro, el fiscal de Juzgado Federal Unico de Rawson, Gustavo Gómez, inició una causa de oficio para investigar uno de los temas que más preocupan a los habitantes de la Región Sur: la contaminación de los ríos y arroyos que atraviesan esa zona. La iniciativa contrasta con la «llamativa pasividad» puesta de manifiesto por el Gobierno rionegrino.

Mina Angela es una mina polimetálica (oro-plata-cobre-plomo-zinc) ubicada en al departamento de Gastre, provincia de Chubut, cerca del límite con Río Negro, a unos 116 kilometros al sur de Ingeniero Jacobacci. Estuvo en actividad entre los años 1978 y 1992, siendo explotada por la empresa Cerro Castillo S.A.. Durante ese lapso la propiedad cambió varias veces de dueño. En 1998 una empresa de origen sudafricano compró el yacimiento en una cifra varias veces millonaria pero, lejos de explotarla, sólo realizó el desmonte de la maquinaria y de la planta de explotación y decidió cerrarla a principios de 2000. Las empresas Knight Piésold de Gran Bretaña y Micon de Canadá realizaron los trabajos de cierre y remediación de ese yacimiento, hecho que se constituyó en un gran misterio para quienes trabajaron y sabían del potencial que guardaba la mina.

Para hacer los trabajos de cierre y remediación de la mina, las empresas habrían presentado dos presupuestos. Uno superaría los 12.000.000 de pesos y que incluiría el traslado de los residuos a Chile para ser procesados y depositados en aquel país. El otro sería el que se habría pagado por los trabajos que finalmente se hicieron y rondaría los 3.000.000. Es decir, por depositar los residuos en el lugar que funcionaba como «depósito de relaves», ubicado en las cercanías de la mina, y taparlos con tierra al igual que las bocas de acceso al yacimiento. Allí se habrían depositado más de 1,5 millón de toneladas de residuos, en su mayoría tóxicos, entre los que habría cerca de 25 toneladas de cianuro.

La causa iniciada por Gómez fue caratulada como «Sumario Instruído por Presunta Infracción a la Ley 24051, Mina Angela», expediente Nº 229-214-200.

«Por la característica de la noticia, correspondía comenzar a investigar el tema. Y de comprobarse se estaría incurriendo en un delito federal previsto en los artículos 55 y 56 de la Ley 24051 de Residuos Tóxicos» sostuvo ayer a este medio. El fiscal federal añadió que desde hace quince días se está recopilando toda la información referente al tema, trabajo que se hace en forma conjunta con la Agrupación XIV de Gendarmería Nacional, y se pidió a la Cámara de Trabajo de Bariloche referencia sobre un perito minero que pueda realizar una pericia. «Queremos hacer las cosas lo más transparente posible. Por eso estamos trabajando en conjunto con estos dos organismos» dijo.

La pasividad del gobierno

Teniendo en cuenta las caractarísticas hidrográficas e hidrológicas de área, la mina se encuentra situada en la divisorias de aguas del sistema del río Maquinchao, en la confluencia del arroyo Las Minas con el Clara Natividad.

Este último, a su vez, desagua en el arroyo Zárate, el que posteriormente se reúne con el río Caliente Grande, tributario del Maquinchao. Este arroyo alimenta a la laguna Ñe-Luan, ubicada a unos 30 kilómetros al sur de Maquinchao y que desemboca en la laguna Carrilaufquen, en las cercanías de Jacobacci.

Es decir que nadie puede asegurar que los residuos depositados en las cercanías de la mina puedan ser los causantes de la contaminación de las aguas de esos arroyos y ríos, tema que desvela a los habitantes de la Región Sur. A pesar de esto, ni la Dirección de Minería, ni la Subdirección de Política Ambiental de Río Negro se preocuparon por investigar el tema.

Sólo lo hizo el Departamento Provincial de Aguas que analizó el agua de los arroyos para comprobar concentración de metales. Los resultados se encuadran en los niveles guías establecidos en la Ley 24585 de Protección Ambiental para la Actividad Minera. Es decir las concentraciones de metales se encuentran por debajo de los límites tanto para bebida humana como para el ganado. Pero nadie puede asegurar que estos niveles se mantengan en los próximos años. «Este es un tema que nos preocupa mucho. Me llama la atención la quietud del gobierno para investigar el tema. Casi todos los organismos se han declarado incompetentes» sostuvo el legislador José Luis Zgaib, quien el año pasado solicitó al Gobierno que realice un análisis profundo sobre el impacto ambiental que pudiera causar el cierre de la mima y el confinamiento de los residuos.


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