La justicia nacional en General Roca: 70 años

Por Héctor Pérez Morando

El día 9 de diciembre, (1933) después de navegar cuatro horas desde Neuquén, llegamos a Fuerte General Roca, el exponente más alto de ese emporio de riqueza que es el Alto Valle del Río Negro… Cuenta con ocho mil almas, aproximadamente, y es el centro económico e industrial de la vinicultura de la zona, donde se concentra y movilizan sus capitales y se realizan las principales transacciones… Cuenta, además, con un Juzgado Letrado a instalarse en breve… y una sociedad selecta que se distingue por su cultura y sus encomiables preocupaciones patrióticas…»

Así lo relató Oscar Fermín Lapalma en su libro, producto de aquella extraordinaria proeza náutica que junto con Edmundo Riechert protagonizaron navegando por los ríos Limay y Negro (Nahuel Huapi-Viedma) en diciembre de 1933, y que hemos comentado en «Río Negro» (18/4/04), en pequeño bote de lona y madera. Lapalma era magistrado nacional en Viedma y destacado deportista del remo, y como ya era ley el traslado de un juzgado nacional a General Roca de los dos existentes en la capital del territorio, lo consideraba un hecho: «a instalarse en breve».

La comunidad roquense hacía varios años que deseaba y se manifestaba por el funcionamiento de un Juzgado Letrado en el pueblo del fuerte valletano. Los argumentos eran válidos: el más simple trámite judicial imponía largo viaje por tierra y ripio o tren vía Bahía Blanca con las consiguientes molestias y costos. Además, General Roca y la colonia superaban en habitantes al Valle Inferior, lo mismo en movimiento judicial y la actividad comercial, industrial y agraria era muy superior. El 16/8/1932 el presidente de la Nación, Agustín P. Justo, con el ministro de Justicia e Instrucción Pública, Manuel de Iriondo, enviaron al Congreso Nacional un mensaje con proyecto de ley considerando como indispensable «la descentralización de los tribunales en los territorios nacionales» y por tanto «la división del territorio de Río Negro en dos circunscripciones judiciales» y a la vez «la asignación de personal y fondos necesarios para el establecimiento en General Roca de una cárcel».

El proyecto dio motivo al tira y afloja de varias comunidades con pedidos al Congreso. Por supuesto, el no de viedmenses y maragatos y el apoyo a Roca, de roquenses, allenses, cipoleños y otros. En General Roca hacía punta en la campaña el «Río Negro» y lo acompañó después «El Tribuno», de José Basail.

La Comisión de Justicia consideró favorablemente el proyecto. La inte

graban Amoedo, Roberto J. Noble (luego fundador y director de «Clarín»), Espil, Lazo, Solano Lima, Pfleger y Vidal Baigorri. Noble fue miembro informante argumentando que el objeto era «descentralizar la justicia del territorio del Río Negro, trasladando uno de los dos juzgados instalados en Viedma, la capital del territorio, a la ciudad de General Roca, que es la capital geográfica de la región del Alto Valle, más importante de la gobernación y que posee características económico sociales peculiares, completamente diversas de las del resto del territorio». Mencionaba que de los 70.000 habitantes del territorio rionegrino, 52.000 correspondían al Alto Valle y daba otra información contundente: la gran cantidad de hectáreas cultivadas, escuelas, once municipalidades, «140 bodegas, con un producido de 86.000 cascos anuales» y resultaba «más fácil trasladarse a la capital de la República que a la capital del territorio».

Se aprobó sin observación y lo mismo ocurrió en Senadores. Fue ley Nº 11.667 (30/9/1932) a horas de que expirara el período ordinario, disponiendo el artículo 1º: «El juzgado letrado número dos del territorio nacional de Río Negro tendrá su asiento en General Roca, con jurisdicción en los departamentos de Pichi-Mahuida, Avellaneda, General Roca y El Cuy. El Juzgado Letrado número uno (Viedma) del mismo territorio tendrá jurisdicción en los restantes departamentos» (sic). El artículo 2º disponía el establecimiento de una cárcel también en Roca.

La llegada del tren a la entonces estación roquense reunió a buen número de vecinos y municipales. Y «también señoras y señoritas». Fue el viernes 21 de setiembre de 1934 y la crónica del «Río Negro» se lució en detalles sobre el arribo de los judiciales: juez letrado Dr. Jacinto R. Miranda, fiscal Dr. Oscar F. Lapalma, defensor de Pobres Dr. Víctor E. García, secretarios doctores Luis J. Frías y Rómulo H. Di Iorio y personal para el juzgado. El presidente municipal Francisco Lercari tendió la mano de bienvenida, lo mismo que otros funcionarios zonales y vecinos. Luego de visitar la cárcel, los flamantes judiciales constituyeron el juzgado en la inspección de policía, labrándose acta que rescatamos y salva errores en algunos escritos: «En fuerte General Roca Territorio de Río Negro, a veintiuno de septiembre de mil novecientos treinta y cuatro, siendo las once horas…» (sic). Aparecen además los nombres del juez de Paz, Bartolomé Porro; comisario inspector de Policía, Carlos A. de la Silva; director de la cárcel, Miguel Rocha; subdirector Francisco Zuloaga, F. Chamorro y otros vecinos.

El sábado siguiente fue el banquete organizado por la municipalidad y a las personas citadas hay que agregar la Sra. Cristina G. de Lobo, la esposa de Lercari, María Angélica Pagano Vivanco, Laura Arengo Etcheverry de García, Christian Nielsen, Diva Schieroni de Di Iorio, el presidente municipal de Allen, Aquiles Lamfré; la esposa del gerente del Banco Nación, Magdalena Greca, y la del intendente de Irrigación, María C. Saura, señoras Nemesia Muñoz de De la Silva, María Amparo De Tuillio de González, Rosa Sarmiento de Gras e Isabel Brasesco de Pagano Vivanco y otras destacadas vecinas y vecinos.

Habló el presidente municipal expresando: «El pueblo de esta parte del territorio os conoce a través de vuestra actuación y sabe que siempre habéis honrado la investidura desempeñándoos con rectitud y celo indiscutible». El juez Miranda en su discurso de agradecimiento dijo que «No se concibe una real y sólida justicia en una sociedad que apaña la injusticia; el prestigio de aquélla depende en gran parte de la sinceridad de los ciudadanos y de su espíritu vehemente en hacer triunfar la causa noble de dar a cada uno lo suyo». También hubo breve improvisación de Juan Carlos Chirinos por el Centro de Ex Alumnos de Don Bosco y telegrama de disculpa por no poder concurrir del ministro de Iriondo.

Así se inició la justicia letrada nacional en General Roca, hace 70 años.

Principales fuentes: Toledo, T. L. Historia de la fundación y surgimiento y grandeza, 1972 y 1979. Lapalma, O. F. La Leyenda, 1934. Archivo diario «Río Negro», varios. Diarios Sesiones Cámaras Senadores y Diputados, varios. Oreja, P. F. Nota periodística, R. N. 9/1980. Pérez Morando, H. 70 años atrás, R. N. 2004 y otros.