La Justicia no mira otro reparto que el de los ministros

VIEDMA (AV).- Si los sobresueldos fueron a parar a otros funcionarios de segundas líneas y agentes provinciales, no es tema de análisis aún para la Justicia rionegrina.

Así lo afirman los investigadores que trabajan en la causa de los “adicionales por dedicación exclusiva” recibidos desde 2004 a la fecha por los ministros del gobernador Miguel Saiz.

“La hipótesis delictiva se agota antes de la distribución. El ilícito, de existir, se comete antes que los funcionarios de las primeras líneas repartan los montos a los otros niveles”, comentó ayer una alta fuente judicial.

En las requisas realizadas en la Contaduría, en la Tesorería General y en la Secretaría General de la Gobernación no se incautaron recibos firmados por otros agentes públicos. Los pedidos se limitaron a los registros con actuaciones de los titulares de cada una de las carteras a los que se les adjudicaron los sobresueldos.

La especulación judicial es que para probar el delito que imputa la procuradora en su presentación no hacen falta los comprobantes de las posteriores distribuciones a las que aludió el gobierno en su defensa.

De todas maneras, hasta el momento no hay solo indicio que permita creer que esos listados y reciben existen, o por lo menos en la dimensión que describió el secretario general, Francisco González.

El juez Carlos Reussi, en un breve diálogo con este medio, sin violar el cerrado hermetismo en el que desarrolla sus acciones, negó que en los expedientes secuestrados hubiera recibos suscriptos por terceras personas. Sin embargo, el motivo por el cual no fueron buscados es porque para la probanza del típico penal investigado no se los requiere.

En todo caso, al momento de convocarse a prestar declaración indagatoria a los posibles imputados -lo cual no se descarta que ocurra esta semana- los defensores pueden mostrar recibos que certifiquen si González no se quedó con los 219.000 pesos mensuales que le entregaron, el ministro de Gobierno, Diego Larreguy, con casi 80.000 y los restantes ministros con sumas de entre 30.000 y 50.000 pesos por mes.

Por el momento, la defensa pública de los ministros ha sido asegurar que esos montos se distribuían como adicionales al salario de unos “400 funcionarios”. Pero la Justicia no incautó recibos que prueben eso, porque en realidad para los investigadores el delito se perpetra antes de esa instancia.

Un reconocido abogado que estudia el caso a partir de lo que hasta ahora se conoce, afirmó ayer a este diario que “si los letrados que defiendan a los imputados decidieran aportar comprobantes de ese tipo ante el Juzgado, para explicar qué se hizo con esos montos se abrirían otras puertas investigativas”.

Por un lado, podrían sumarse imputados, incluyéndose a todos aquellos que recibieron sobresueldos vía un mecanismo irregular y, por otro, se obligaría a la Justicia a cotejar la validez y veracidad de cada uno de sus documentos, sus firmas, fechas y demás datos.

En la hipótesis de que esto fuera así, el Juzgado se convertiría en un desfile de agentes y funcionarios, ya que -según González-, los 25 millones que se cobraron de 2004 a la fecha en concepto de suplementos se distribuyeron entre unas 400 personas, mensualmente. Además, la Justicia pondría el ojo sobre la pertinencia de esos pagos y se verificaría si todos los beneficiarios eran empleados jerárquicos con dedicación exclusiva. En caso contrario, en lugar de transformarse en un atenuante del delito original, podrían considerarse como elementos agravantes.

Cabe recordar que la procuradora general estimó en su promoción de acción penal que “no resulta válido ni hace diluir la ilicitud del accionar, si dicha suma percibida directamente por los funcionarios de alto nivel es luego distribuida o compartida con funcionarios de otro nivel… dado que, de todos modos, se habría dispuesto la afectación de una partida presupuestaria perteneciente a la partida de gastos de personal destinada al pago de suplementos configurativos de los haberes y -de igual modo- se habría soslayado liquidarla como corresponde y abonarla mediante la transferencia o depósito en la cuenta del funcionario al que se le reconocería la mentada dedicación exclusiva, perpetrando de igual modo la sustracción de fondos públicos”.

Finalmente, en ámbitos judiciales razonaron que “a la sociedad y a la prensa es lógico que les interese saber el destino final de los fondos y si hubo distribución posterior, pero por ahora para la Justicia el delito se comete previamente”.

La causa judicial cumplió el viernes una semana, luego de la denuncia presentada por el legislador justicialista Martín Soria y el informe de “Río Negro”.

El miércoles el secretario general y los ministros se presentaron ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas. Allí aportaron documentos y hablaron sobre el reparto de los fondos que ellos cobraban cada mes a través de cheques. Sin embargo, los listados con nombres y sumas nunca aparecieron.

El juez Reussi avanzó en la pesquisa junto a los funcionarios del Ministerio Público. Mañana la causa quedará en manos de Bernardi.

SOBRESUELDOS EN RÍO NEGRO