La Justicia pide informes sobre obra objetada en Las Grutas
La terraza vidriada es cuestionada por el impacto ambiental y porque bloquea la vista de comercios y vecinos. La construcción se hizo en 2013 en el parador de la Primera Bajada
CONSTRUCCIÓN
LAS GRUTAS (ASA).- La Cámara de Apelaciones en lo Civil y comercial de Viedma solicitó informes a organismos provinciales y municipales acerca de la terraza vidriada que el año pasado se incorporó a las instalaciones del parador de la Primera Bajada.
Además pidió que un ingeniero realice una pericia sobre la construcción, para determinar si cumple las normas vigentes, ya que la obra, realizada en hormigón, está sobre la costa, sumando una notoria carga a los acantilados que le sirven de apoyo.
La edificación se efectuó el año pasado, y generó la inmediata repulsa de los vecinos del sector, porque más allá del impacto ambiental bloquea parcialmente la vista al mar de los comercios y viviendas aledañas.
Uno de estos vecinos, Ricardo Acconci, fue quien en noviembre de 2013 presentó una denuncia, a la que se sumaron, mediante un “amicus curiae”, entidades ambientalistas y habitantes del balneario.
El tema fue llevado a la Justicia porque, según refirieron quienes efectuaron la presentación, el municipio trató de evadir su responsabilidad sobre el caso. Las autoridades alegaron que la terraza estaba prevista dentro de las modificaciones que se realizaron en un proyecto que fue licitado para esa Bajada, aunque en esa iniciativa la estructura no figuraba. Desde el ámbito municipal no hubo restricción alguna para la obra, que efectuaron los titulares de la concesión, Mariano y Pablo Vincent, en contra de los cuales se efectuó la queja.
“La audiencia sobre el tema se realizó en la cámara de Apelaciones el 22 de octubre. Mi cliente se presentó pero los Vincent no. Allí la titular del estamento, María Luján Ignazi, solicitó varias medidas de prueba que serán analizadas, porque lo que mi representado pide es que se ordene su demolición, en caso de que la construcción se haya realizado, tal como consideramos, en contravención con la normativa municipal y la de medio ambiente provincial” manifestó Carlos Cajarville, abogado del denunciante.
En el despacho que libró la Cámara se piden informes a la “municipalidad de San Antonio Oeste, el Ministerio de Turismo y la secretaría de Ambiente provincial” que deberán obtener respuesta “en un plazo de 20 días, bajo apercibimiento de imponer sanciones conminatorias progresivas”.
Además pide que se realice una “inspección ocular” y que las partes propongan, en un lapso máximo de 30 días, “un ingeniero especialista en medioambiente, para efectuar un peritaje”.
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