La Justicia pone plazos para resolver la situación de la 152

La Justicia pretende que personal especializado revise la situación de las instalaciones de gas en el edificio.

SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- La jueza de Familia, Marcela Pájaro, ordenó al Consejo Provincial de Educación que evalué la problemática edilicia que impide el dictado de clases en la escuela Hogar 152, de Cerro Alto, y le remita un informe en un plazo de 15 días para dictar una sentencia definitiva en el marco del amparo al que hizo lugar ayer. La magistrada también requirió a las autoridades educativas que informen las razones por las que limitaron el servicio de transporte escolar que permitía a los alumnos albergados en la institución retornar a su hogar cada 15 días y preguntó si existe alguna alternativa para no separar a los niños de sus familias por plazos prolongados. La medida cautelar fue presentada por una docente del establecimiento para que se intime a las autoridades de Educación a dar una pronta solución a los problemas que “ponen en riesgo la salud y seguridad de los alumnos y del personal”, ya que no recibieron respuestas a los reclamos administrativos elevados por la comunidad educativa. La escuela 152 depende de la delegación zona Sur 1, de Jacobacci. Pájaro decidió hacer lugar a la acción de amparo luego de constatar personalmente el estado de edificio escolar evaluar que “se encuentran vulnerados de modo actual e inminente” los derechos a la salud, a la cultura y la educación, a la vida familiar, al trabajo en condiciones dignas y saludables y a gozar de un ambiente sano, equilibrado. La construcción tiene una antigüedad de 75 años y entre las falencias detectadas se destacan: tanques de agua a la intemperie, calefactores viejos y los grupos electrógenos rotos, el panel solar fuera de uso por falta de mantenimiento y que “los drenajes a cielo abierto de las aguas servidas, contaminan el mallín del lugar, y por ende las napas de agua”. Para peor la escuela se encuentra aislada ya que cuenta con escasa señal telefónica y el transporte disponible es “escaso”. La situación afecta a los 19 alumnos y 10 trabajadores, de los cuales 8 viven en el establecimiento en “inaceptables condiciones de precariedad”. La resolución destaca que “el riesgo para la vida y la salud es cierto e inminente”. En tal sentido el amparo señala un informe médico del 28 de abril donde el profesional que realizó la atención indicó “síntomas compatibles con intoxicación con monóxido de carbono”. Pájaro requirió una evaluación, con personal “idóneo y matriculado”, de los sistemas eléctrico, de gas, de plomería y desagües y de “todo lo que hace al funcionamiento normal de la escuela y las viviendas de personal”, con indicación del tiempo de trabajo que demandará la “condiciones de la escuela y las viviendas”. Una vez realizada la evaluación la jueza emitirá un nuevo fallo.