La Legislatura aprobará mañana la quita a judiciales

VIEDMA (AV).- La Legislatura aprobará mañana el presupuesto con una reducción de salarios a los judiciales -que oscilará entre el 16 y 28 por ciento- y una disminución de las transferencias a las escuelas privadas.

El oficialismo aprobó ayer en las comisiones de Presupuesto y de Asuntos Económicos los dictámenes que ratifican la reducción salarial para la Justicia que presentó el gobernador Pablo Verani pero, en cambio, se introdujo modificaciones en las transferencias a las escuelas privadas. En este caso, se redujo en un 20 por ciento esa partida educativa (de 5 a 4 millones anuales), se expresó que esas asignaciones son «por única vez» y la diferencia se destinará directamente a obras educativas.

Mientras tanto, la misión de Economía de Nación -que encabezó Patricia Fara- regresó a Capital Federal y se prevé que el informe del monitoreo del primer trimestre estará en poder del ministro José Luis Machinea sobre fines de junio. La revisión de ayer estuvo comandada por los subsecretarios José Luis Collinao, Ricardo Gutiérrez y Oscar Gómez ante el imprevisto viaje a Buenos Aires del ministro José Luis Rodríguez y el secretario de Hacienda, Pablo Verani, quienes acompañaron al gobernador al Hospital Italiano.

Anoche la comisión de Labor Parlamentaria confirmó la sesión para mañana, a partir de las 18. El temario oficial incluye el tratamiento del propio presupuesto y varios proyectos de doble vuelta. La moratoria impositiva también tendrá tratamiento en una próxima sesión que se convocaría antes de fin de mes.

El presupuesto de la Legislatura también fue evaluado en las comisiones, ratificándose un monto de 19,8 millones de pesos, según lo acordado entre el mandatario provincial y el vicegobernador Bautista Mendioroz.

El mayor debate presupuestario sigue planteado en torno de la disminución de los haberes de los judiciales, que ayer se movilizaron y se instalaron frente a la sede de las comisiones legislativas. Mientras tanto, los jueces que debían resolver los amparos presentados optaron por derivar la cuestión -como «prohibimus»- al Superior Tribunal de Justicia. Sólo el juez Jorge Bustamante resolvió. Si bien rechazó el amparo, el magistrado advirtió en sus fundamentos que si la baja del Poder Ejecutivo avanza, se estaría frente a un hecho inconstituciona.

La movilización de medio centenar de judiciales derivó en que algunos ingresaran a parte del edificio donde los diputados de la Alianza y la oposición evaluaban los dictámenes para el presupuesto. Al final, los dirigentes judiciales -Julia García y Marcelo Thorp- se reunieron con el titular del bloque de la Alianza, Miguel Saiz, acompañado por Luis Falcó y Wálter Azcárate. Los diputados se mostraron intransigentes en modificar el artículo Nº42 -que asigna al Ejecutivo toda facultad para reducir los salarios a los agentes de la Justicia- y tampoco plantearon la posibilidad de atenuar el impacto salarial porque la legislación prevista proyecta quitas de casi el 28 por ciento en los salarios superiores a los 1.200 pesos.

Sitrajur dispuso un paro de actividades para el viernes.

El oficialismo impuso el dictamen por mayoría en las comisiones de Presupuesto y de Asuntos Sociales, siempre en relación al presupuesto. El Justicialismo generó un dictamen opuesto en minoría, salvo la reformulación de partidas en la Justicia para permitir la creación del Juzgado de Cipolletti, lo cual, logró una resolución con apoyo unánime.

El bloque del oficialismo se reunirá hoy para intentar consensuar algunas diferencias internas ya que, entre otros, los diputados Fernando Chironi y Guillermo Wood mantenían cierto rechazo a la redacción del artículo 42 de quita salarial a los empleados judiciales.

Llegará casi al 28%

VIEDMA (AV).- La quita salarial en la Justicia aprobada ayer por las comisiones legislativas oscilará entre el 16 y el 28 por ciento, según la escala de las reducciones aplicadas y los montos de haberes.

El artículo 42 del presupuesto -las comisiones ratificaron totalmente su redacción- establece para los judiciales «una reducción salarial equivalente a la dispuesta» por la ley 2.989 y por los decretos 1/97 y 5/97.

En esa disminución quedará comprendido «todo el personal del Poder Judicial, con excepción de jueces, secretarios, fiscales, defensores oficiales y asesores de menores e incapaces».

En principio, la ley 2.989 de 1996 aplicó una disminución salarial a partir de una escala, que excluyó a los haberes menores a 500 pesos.

El sistema después estableció las siguientes quitas: sueldos de 501 a 600 pesos reducción de hasta 6.6 por ciento, de 601 a 700 con un 7.9, de 701 a 800 con un 9.3, de 801 a 900 hasta el 10.6, de 901 a 1.000 con un 11.9, de 1.001 a 1.100 hasta el 13.2, de 1.101 a 1.200 con un 16.5 y más de 1.201 pesos con el 19,8. Posteriormente, el decreto 7/97 asignó otra disminución general del 10 por ciento.

Con ambas quitas, los sueldos -por ejemplo- de 550 pesos tendrán una baja del 16 por ciento, en los de 1.050 rondará el 21.8, en los de 1.150 promedian el 24.8, mientras que los haberes superiores a los 1.201 pesos tendrán una disminución del 27.8 por ciento.