La Legislatura sesionará el miércoles y jueves próximos



NEUQUEN (AN).- El oficialismo tiene todo listo para aprobar el proyecto que modificará las leyes de procedimiento administrativo, de amparo y de honorarios profesionales de la provincia, en las sesiones extraordinarias convocadas para el miércoles y jueves próximos.

Ayer, se reunieron los diputados de la Comisión Observadora Permanente que decidieron la convocatoria a sesión extraordinaria para concretar otro de los proyectos promovidos por el gobernador, Jorge Sobisch, que busca limitar los ingresos, sobre todo, de los estudios de abogados que promueven amparos por mora contra el Estado. Esas recursos judiciales se originan porque los funcionarios provinciales y municipales no responden a tiempo los requerimientos administrativos de los ciudadanos que entienden que sus derechos constitucionales han sido vulnerados.

En esta oportunidad, sin embargo, la propuesta oficial fue modificada y el despacho con la propuesta surgió por unanimidad. De hecho, se acordó incorporar un párrafo a la ley que regula los honorarios profesionales para establecer el monto que se pagará al abogado por el amparo por mora. Hoy, cada profesional que interpone esa acción judicial percibe 1.300 pesos. Ese monto lo determina un juez y lo paga la provincia. Por eso, la propuesta de los diputados es poner un tope de 500 y un piso de 250 pesos.

Aún así, los legisladores de la oposición anticiparon el martes durante la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales que en el tratamiento en particular del proyecto solicitarán incluir un mecanismo de responsabilidad directa para sancionar al funcionario negligente.

La oposición quiere que los funcionarios de los organismos del Estado provincial y de los distintos municipios que sean responsables de alimentar los amparos por mora en contra del erario provincial, paguen esas demandas con su patrimonio.

La propuesta que consensuaron los diputados del oficialismo y la oposición introduce la figura del pronto despacho que le otorgará otros diez días hábiles al funcionario u organismo, que no respondió por escrito, en el plazo de sesenta días hábiles, un requerimiento de un ciudadano. Se trata, en realidad, de una nueva instancia de advertencia obligatoria en favor del Estado y si el funcionario tampoco responde, entonces el abogado patrocinante podrá recién en ese momento presentar un amparo por mora.


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