La lógica de la exclusión

Por Juan Manuel Salgado



En abril, en un artículo de esta sección se compararon las cifras de alumnos inscriptos y egresados de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Allí se ve que aproximadamente el 90% de quienes se anotan no llega a completar sus estudios universitarios. Tales cifras, similares a las de otras facultades, conmueven profundamente y convocan a adoptar políticas efectivas de retención estudiantil. Aunque desde el año pasado la universidad ha iniciado un programa de retención que incluye tutorías estudiantiles, capacitación metodológica y mejoramiento de los recursos docentes en las materias iniciales, pasos cuya corrección nadie deja de reconocer, entiendo que es insuficiente para afrontar un problema de tal magnitud. De allí que resulte imprescindible, como mínimo, ampliar el magro sistema de becas y en general las políticas de bienestar, generar ámbitos colectivos de contención que mitiguen el desarraigo y proveer de materiales de estudio y bibliografía accesibles. También es necesario colocar bajo observación los sistemas provinciales de enseñanza media y generar políticas coordinadas tendientes a mejorarlos, así como revisar si nuestros propios planes de estudio no contienen obstáculos carentes de justificación pedagógica. Combatir la deserción constituye un desafío para quienes estamos convencidos de que es un deber ineludible del Estado derribar los obstáculos de todo tipo que impiden estudiar a los jóvenes con voluntad para ello.

Ninguno de estos problemas ha preocupado a quienes defienden el actual sistema de ingreso a la Escuela de Medicina, ya que mediante los mecanismos de examen eliminatorio y cupo rígido un número similar al de alumnos que en otras facultades abandonan a lo largo de la carrera aquí queda excluido desde el inicio. A diferencia de quienes pensamos que la mayor responsabilidad en la deserción se encuentra en las fallas del sistema educativo, aquellos entienden que el abandono estudiantil es inevitable y que la única decisión “racional” es evitar el ingreso de quienes tarde o temprano dejarán sus estudios. En su pensamiento se halla implícito el supuesto de que el sistema educacional es básicamente equitativo y de allí que los fracasos no obedezcan a injusticias de la estructura sino a la falta de aptitudes individuales. No es de extrañar que ésta sea la “lógica” prevaleciente en los sectores sociales privilegiados, ya que al no cuestionar un orden social injusto legitiman su estatus como resultado “natural” de la supervivencia del más apto.

Las decisiones políticas educativas no son socialmente neutras. También en este ámbito el Estado puede continuar reproduciendo la exclusión social en forma cotidiana al decidir que los problemas que ésta ocasiona queden al margen de las instituciones, fuera de las preocupaciones cotidianas de los funcionarios. Revertir esta práctica, por el contrario, implica incorporar los conflictos causados por la exclusión al interior de las estructuras estatales obligando a los funcionarios a lidiar con ellos y a destinar recursos para su solución. Encarar la deserción estudiantil como problema “interno” de la universidad lleva a cuestionar la propia práctica administrativa y académica, a modificar políticas y costumbres arraigadas, a tocar hábitos conservadores y a poner en entredicho los “saberes” institucionales basados en la simple repetición. Mucho menos conflictivo resultaría mirar hacia otro lado, descontextualizar el problema e instituir mecanismos restrictivos que presenten la exclusión estructural como si se tratara de fracasos individuales. De allí que en nuestro país la traba al ingreso haya sido siempre la piedra angular de la política universitaria de las dictaduras militares y de los gobiernos de los sectores sociales favorecidos por una estructura social que tratan de perpetuar.

Sólo en la mirada de estos grupos satisfechos las cifras de deserción estudiantil arrojan como lectura la justificación del ingreso restrictivo. Pero pese a los sostenedores del “pensamiento único”, los hechos sociales admiten siempre más de una interpretación: al menos pueden convocar a modificar la realidad o a allanarse a ella, actitudes que en última instancia dependen de la valoración que se haga del sistema social. Claro que en un país con la mitad de la población al borde de la marginación social y con un Estado que básicamente reproduce en forma cotidiana esta exclusión, sostener públicamente que el sistema es “justo” se hace cuanto menos problemático. Por eso los beneficiarios de esta injusticia suelen optar por descontextualizar la discusión de los temas sociales específicos presentándolos como opciones puramente técnicas, tal como ocurre con el ingreso a las universidades. Pero aceptar este estrecho marco de debate supone dejar fuera de foco la principal causa de los problemas, que es precisamente la que se debe modificar. Por su propia función social, nuestra universidad no puede ser cómplice de este ocultamiento. Así, es de esperar que las nuevas autoridades de la Escuela de Medicina, surgidas -a diferencia de las anteriores- en un proceso participativo, opten por resolver el actual problema de un sistema de ingreso antiestatutario con la decisión de no prestarse a la reproducción inconsciente de los mecanismos de exclusión social.


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