La luna de miel llega a su fin
apuntes para la semana
A punto de cumplir sus primeros cinco meses de gestión, el gobierno de Mauricio Macri comienza a sentir esa sensación agridulce que suele producirse cuando la luna de miel va llegando a su fin, hay que enfrentar la realidad y aparecen los primeros desencuentros a la hora de resolver problemas.
Macri arrancó abril con el festejo de la ley que permitió cerrar el conflicto con los fondos buitre, salir del default y volver a colocar deuda en los mercados externos. Y lo cerró con una inflación mensual récord, el revés en el Senado con la media sanción del “cepo” laboral para prohibir despidos y suspensiones y el multitudinario acto del viernes en Buenos Aires, convocado por las cinco centrales sindicales para reclamar la aprobación de ese proyecto y amenazar con una huelga si hubiera veto presidencial. Demasiado para un solo mes, por más que estas cuestiones hayan disputado los titulares periodísticos con nuevas revelaciones sobre la corrupción de la era K y el encarcelamiento de algunos de sus protagonistas.
A la hora de analizar este nuevo cuadro se entremezclan ingredientes políticos y económicos. Por un lado, Macri comenzó a sufrir prematuramente los primeros embates de la interna del peronismo, que dirimirá su liderazgo antes de las elecciones legislativas del 2017. Tras la manifestación de poder del viernes, todo indica que el sindicalismo peronista busca reposicionarse desde ahora y quitarle protagonismo al cristinismo, que intentaba monopolizar la protesta en las calles. Aun así, con la excepción de la CGT de Barrionuevo, no pudo evitar la presencia en la manifestación de varios “mariscales” de la derrota electoral de noviembre. Macri también aportó lo suyo cuando, para no dar malas noticias, tardó tres meses en blanquear la herencia recibida de CFK y lo hizo con la nueva política económica en marcha. Esta mezcla torna más difícil diferenciar entre los graves problemas heredados y los que surgen de las medidas adoptadas y de complicaciones externas como la crisis brasileña.
Por otro lado, la política económica de “dos velocidades” hace más complicado alinear expectativas. La estrategia de shock para el sector externo (con el fin del cepo cambiario, la devaluación, la eliminación de las retenciones y las trabas para exportar, así como la salida del default y la vuelta al crédito externo) contrasta con el gradualismo adoptado para eliminar el déficit fiscal, la emisión del Banco Central y la inflación al cabo de cuatro años y con un tipo de cambio flotante. No hay antecedentes exitosos en la Argentina de una estrategia similar, y mucho menos con un equipo económico fragmentado en seis ministerios, más el BCRA, que no siempre coordinan adecuadamente sus mensajes. Para completar el cuadro, el nuevo gobierno puso previamente una vara muy alta para los objetivos a alcanzar (pobreza cero, desaceleración de la inflación, shock de inversiones, creación de empleos, reactivación económica). Y ahora ingresó a una etapa en la que muchas decisiones tardarán en mostrar resultados, mientras sus consecuencias inmediatas no se corresponden con las expectativas creadas. Esta dinámica obliga al gobierno a correr el arco y prometer para más adelante logros que suponía más cercanos. O a reinterpretar algunos indicadores para edulcorar la ardua transición hacia un cuadro macroeconómico más ordenado y previsible.
La inflación récord de abril (del orden del 7 al 8%) es una prueba de las dificultades del gobierno para explicar sus políticas. En los papeles se trata de un salto por única vez, provocado por los aumentos simultáneos en las tarifas de gas, agua y transporte de pasajeros, que en la capital federal y Gran Buenos Aires alcanzan a tres dígitos (de 100 a 400%). Si bien apuntan a corregir –parcialmente– la herencia del fenomenal atraso tarifario de los últimos años y los enormes subsidios estatales, este punto fue muy poco enfatizado. En cambio en los despachos oficiales ya comenzó a hablarse de una inflación “metropolitana” más alta que la “nacional”, debido a que en muchas provincias el atraso tarifario con relación al costo de los servicios no era tan agudo. En la misma línea, el Ministerio de Transporte anunció subsidios para líneas de colectivos del interior, a fin de evitar que nuevas subas del boleto ensanchen la brecha con el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Pero el Palacio de Hacienda volvió a adoptar el IPC de San Luis para aplicar el CER, el coeficiente de ajuste para deudas financieras del Tesoro. Demasiados mensajes entrecruzados.
El problema es que mayo arranca con otro ajuste en naftas y gasoil para mantener los precios alineados con el dólar, pero agregará más combustible a la inflación de este mes. Y es que, tanto en mayo como en junio, los mayores costos de la energía (electricidad, gas y combustibles) habrán de trasladarse a los precios de muchos bienes y servicios, con lo cual será mucho más complicado diferenciar entre inflación nacional y metropolitana. Por si fuera poco, el fuerte incremento tarifario de abril no será captado sino mínimamente por el rehabilitado IPC para la capital federal y 24 distritos del conurbano bonaerense, que el Indec volverá a difundir el 15 de junio, con datos correspondientes a mayo y sin retroactividad.
Con este marco, el presidente del BCRA, Federico Sturzenegger, acaba de ratificar que mantendrá la alta tasa de interés de las Lebac (38% anual a 35 días), hasta que no se desacelere la inflación núcleo, que no incluye precios regulados (tarifas de servicios públicos) ni estacionales (frutas y verduras, indumentaria, turismo, etc.) Y estimó sólo para septiembre una baja al 1,5% mensual como resultado de su política monetaria. Aquí el problema es que una tasa tan elevada deprime la actividad económica y el consumo, ya castigado por la licuación de salarios frente a la inflación, que además deteriora el tipo de cambio real. De ahí que un sector del equipo económico presione para bajar las tasas y reactivar la economía, mientras otro defiende la postura del BCRA a falta de otros instrumentos para frenar la inflación.
En medio de estos tironeos, el salario pasó a ser la variable de ajuste en todos los sectores que aún no cerraron paritarias y una incógnita para los acuerdos pactados a seis meses con negociación posterior. Más complicados están los trabajadores fuera de convenio, los autónomos y los informales (en negro). Las CGT y las CTA sólo acaban de marcar la cancha para el primer grupo.
