La Magistratura apelará la multa que le aplicaron

NEUQUÉN (AN)- «Nos aperciben por algo que nunca nos negamos a cumplir», afirmó ayer el consejero Antonio Altamirano respecto de la multa que le aplicó un juez al Consejo de la Magistratura debido a que no cumple un fallo judicial. Por ese motivo, anticipó que el organismo apelará la resolución.

En tanto el juez que firmó la sentencia, Enrique Videla Sánchez, confirmó ayer a «Río Negro» que existe la resolución, algo que el presidente del Consejo, Jorge Sommariva, negó en una solicitada.

«Es una resolución simple que se hace por el incumplimiento» del Consejo al fallo que lo obliga a exhibir un expediente, dijo Videla Sánchez.

Esta controversia comenzó en marzo por el despido de Noemí Díaz una semana después de haber sido nombrada directora de Planificación, Contaduría y Tesorería del Consejo de la Magistratura.

La profesional pidió que le muestren las actas en las cuales se decidió su cesantía; como no se las exhibieron, presentó un recurso de amparo patrocinada por Pablo Gutiérrez Colantuono.

La justicia le dio la razón en primera y en segunda instancia. Pero aún así, sigue sin acceder a las actas. Por eso el juez Videla Sánchez intimó al Consejo de la Magistratura a que cumpla la orden judicial bajo apercibimiento de aplicarle una multa de 100 pesos diarios.

Altamirano, uno de los representantes de los abogados en el Consejo de la Magistratura, dijo ayer que «nunca nos negamos a cumplir» con la exhibición de las actas. «Pensábamos con total honestidad de la contadora Díaz o su abogado iban a presentarse a retirar las copias», agregó.

Y respecto de la multa, dijo que es «una advertencia de que vamos a recibir una sanción si se persiste en un error o falta».

Señaló que por la forma en que está redactado el fallo de primera instancia -cuyos considerandos calificó de «indiscutibles»- lo que corresponde es que Díaz se presente en el Consejo a tomar vista de las actuaciones.

En forma textual, el fallo dice que el Consejo «deberá conceder vista de las actuaciones administrativas y permitir extraer copias certificadas de las mismas». Para Altamirano, queda claro que el organismo es el que tiene en su poder el expediente y que en esa sede debe ser consultado.

Para el abogado de la otra parte, Gutiérrez Colantuono, corresponde que el Consejo lleve el expediente al juzgado donde se tramita el amparo.

Esa diferencia de criterios ha hecho crecer el conflicto a proporciones inesperadas. Hasta llegó a la Legislatura, donde se lo debatió en la sesión del miércoles.

Tras una acalorada discusión en la que el ultrasobischista Oscar Gutiérrez criticó a «Río Negro» por haber publicado el caso y el ARI-PI Carlos Moraña reclamó prudencia, se resolvió pedirle al Consejo de la Magistratura que remita todas las actuaciones vinculadas con el proceso.