La Magistratura embistió al juez sospechado que imputó a Garré

Reimpulsaron el juicio político contra Tiscornia. Acusó a la ministra por contrabando de armas.

BUENOS AIRES (ABA) . – En medio de un clima enrarecido y de sospechas cruzadas, el Consejo de la Magistratura impulsó ayer el pedido del juicio político contra el juez en lo Penal Económico, Guillermo Tiscornia, «justo» al día siguiente en que éste último le imputó a la ministra de Defensa, Nilda Garré, un supuesto contrabando de armas (Ver recuadro).

La nueva denuncia estremeció a la Rosada. Se produjo a sólo tres días del pedido de indagatoria que le costó la cabeza a la hasta entonces ministra de Economía, Felisa Miceli, por el hallazgo de una bolsa en el baño de su despacho con unos 64.000 dólares cuya procedencia la justicia estimó dudosa.

En otra causa también se encuentra comprometida Romina Picolotti, secretaria de Medio Ambiente. La investigan por malversación de fondos y reparto de cargos para familiares con sueldos desmedidos.

Solo en este contexto se explica la veloz reacción del Consejo de la Magistratura, órgano encargado de nombrar y remover jueces. Allí el kirchnerismo tiene mayoría tras una polémica reformulación.

De prosperar ahora la acusación contra Tiscornia en el plenario del próximo 9 de agosto (donde el oficialismo tiene mayoría y se necesita el voto afirmativo de dos tercios) el magistrado quedaría fuera del cargo al menos hasta que se defina el jurado de enjuiciamiento. Es decir, queda al borde de la destitución.

Aunque la situación de Tiscornia era muy complicada y «Río Negro» en su edición del 11 de octubre del año pasado anticipó que se trataba de «otro juez de la servilleta a punto de caer», no dejó de llamar la atención la coincidencia de la ofensiva de los consejeros con la delicada situación judicial en que unas horas antes había quedado Garré.

Es que los ocho meses hábiles desde que declarara Tiscornia ante el Consejo hacen poco justificable que justo en la jornada de ayer se haya recurrido a la ofensiva contra el polémico magistrado, sobre quien se acumulan numerosas dudas sobre su accionar. ¿Por qué tanta demora y esperaron hasta ayer?, era la pregunta inevitable que repiqueteaba en los pasillos de Tribunales.

El Consejo de la Magistratura tenía en la mira a Tiscornia por una acusación muy avanzada en su contra de haber recurrido (a través de su padre, Agustín Tiscornia) a pedirle una coima a una empresa española de juegos de azar de nombre Codere S.A.

Los mismos directivos de Codere recurrieron a firmar mediante una cámara oculta una reunión de un representante de la firma, un gestor llamado Jorge Barck (paradójicamente de influencia en sectores del poder en Santa Cruz) y el padre de Tiscornia en cuyas imágenes aparecía este último reclamándole a Codere un pago de 4 millones y medio de dólares para evitar un proceso de contrabando en su contra.

El letrado representante de Codere, Hugo Wortman Jofré, deslizó que Tiscornia no desconocía que su situación estaba a punto de ser tratada, dado que desde el viernes pasado figura en el orden del día (se puede ver en la página de internet del poder judicial) de la Comisión de Acusación y Disciplina del Consejo.

Es decir, en su interpretación, la situación fue inversa a la que quiere presentar Tiscornia, -en este escenario- sabiendo que estaba a punto de prosperar el enjuiciamiento en su contra embistió contra la ministra asumiendo un «rol de víctima».

Wortman afirmó que la demora en el tratamiento se explica por los pasos formales de rigor.

Según pudo constatar «Río Negro» pese a que la cuestión Tiscornia figuraba en la planilla del orden del día de ayer, aparecía en el número 30 (con la denominación «expediente 149/03 y acumulado 56/06, proyecto presentado por el doctor Montaña»). Antes había por ejemplo planteos relacionados con otros dos jueces federales, Claudio Bonadío y Canicoba Corral.

Sin embargo, la misma consejera oficialista Diana Conti salió a hacer frente para defender la prioridad que se le dio al affaire Tiscornia de quien dijo que «envalentonado citó a una ministra para presionar a los miembros del Consejo que tratan las denuncias en su contra», y también se le escuchó añadir «pero no vamos a arrugar», antes de proponer la suspensión de Tiscornia, porque concluyó-: «no podemos dejar a un mono con navaja para que siga haciendo daño».

En voz baja, los opositores a la acusación hacían referencia a que «estos son los efectos de la reforma que impulsó Cristina Fernández el año pasado en el Senado».


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