La minería resistida

Redacción

Por Redacción

Como tantas otras actividades económicas que, por su naturaleza, son irremediablemente sucias, la minería suele ser resistida por muchos pobladores de las zonas afectadas aun cuando sus propios ingresos dependan de ella, razón por la cual hasta aquellos empresarios y políticos que preferirían subordinar todo a las ganancias entienden que es de su interés extremar las precauciones. Lo es sobre todo en la Argentina, ya que abundan los dispuestos a movilizarse en contra de quienes, a su juicio, plantean una amenaza a su estilo de vida. Pues bien, los convencidos de que al país le convendría mucho impulsar la minería por tratarse de una fuente de dinero que podría resultar casi inagotable acaban de sufrir un nuevo revés. Desgraciadamente para la multinacional Barrick Gold, cuya sede está en Canadá, el fin de la semana pasada los responsables de operar la mina aurífera Veladero en San Juan dejaron que por lo menos un millón de litros de agua con cianuro se vertiera en la cuenca del río Jáchal. Según los voceros de la empresa, el derrame no plantea riesgos a la salud de los sanjuaninos pero, desde luego, muy pocos confían en sus palabras reconfortantes por ser el cianuro una sustancia que tiene una reputación decididamente siniestra. Asimismo, expertos de las Naciones Unidas advierten que, aun cuando no se detecten contaminantes en los próximos días, podrían aparecer semanas o incluso meses más tarde, pero a pesar del peligro así supuesto la Justicia permitió que la empresa reanudara la actividad en la mina, lo que motivó protestas por parte de agrupaciones ambientalistas. Mientras que Barrick Gold ha procurado defenderse reemplazando a los ejecutivos locales por técnicos canadienses, lo que puede tomarse por una forma de acusarlos de negligencia, el gobierno sanjuanino del peronista José Luis Gioja está bajo ataque por su supuesta complicidad con una multinacional que según ecólogos militantes e izquierdistas carece de escrúpulos. No es la primera vez que Gioja se ha visto obligado a contestar denuncias en tal sentido, ya que sus adversarios nunca han vacilado en tratarlo como un “empleado” de Barrick Gold, pasando por alto sus esfuerzos por asumir una postura ambientalista al afirmarse resuelto a “castigar a los responsables de lo que pasó en Veladero”. De todos modos, no sólo los grupos ecológicos sino también los vinculados con otras actividades, como la vitivinicultura, han aprovechado la oportunidad brindada por el derrame de cianuro para protestar contra la presencia de empresas mineras que, como sucede en todo el mundo, han tenido un impacto fuerte en la economía local, perjudicando a algunos y beneficiando a otros. Si bien por distintos motivos la minería no ha alcanzado en la Argentina la importancia que tiene en Chile, Perú, Australia o Sudáfrica, de desarrollarse podría hacer un gran aporte económico. Sin embargo, para que ello sucediera sería necesario superar la oposición de quienes preferirían mantener a raya a las multinacionales que dominan la industria y que, mal que nos pese, son las únicas que disponen de medios tecnológicos, capacidad operativa y apoyo financiero adecuados. ¿Es posible el desarrollo económico sin contaminación? Parecería que no, que hasta los países más avanzados tienen que tolerar la presencia de empresas cuyas actividades son incompatibles con la conservación del medioambiente y, a veces, con la salud de la población vecina. Con todo, mientras que en algunas partes del mundo las autoridades han logrado reducir al mínimo los efectos deletéreos de distintos procesos industriales, en otras, entre ellas América Latina, se han destacado por su indiferencia. En nuestro país, el fruto más notorio de la desidia gubernamental ya rutinaria es el Riachuelo, un desastre ecológico tan excepcional que es lógico que en el resto del país tantos se sientan desprotegidos toda vez que se instalan en un lugar cercano plantas industriales o, como ha sucedido en San Juan, minas. Puede que desde el punto de vista del gobierno nacional de turno y de los provinciales los movimientos ecológicos se hayan propuesto frenar el progreso económico, pero si no fuera por su combatividad habría muchos más accidentes como el supuesto por el derrame de una cantidad peligrosa de cianuro que ha puesto en alerta a los habitantes de los departamentos de Iglesia y Jáchal de San Juan.

Fundado el 1º de mayo de 1912 por Fernando Emilio Rajneri Registro de la Propiedad Intelectual Nº 5.196.592 Editor responsable: Guillermo Berto Es una publicación propiedad de Editorial Río Negro SA Sábado 26 de septiembre de 2015


Como tantas otras actividades económicas que, por su naturaleza, son irremediablemente sucias, la minería suele ser resistida por muchos pobladores de las zonas afectadas aun cuando sus propios ingresos dependan de ella, razón por la cual hasta aquellos empresarios y políticos que preferirían subordinar todo a las ganancias entienden que es de su interés extremar las precauciones. Lo es sobre todo en la Argentina, ya que abundan los dispuestos a movilizarse en contra de quienes, a su juicio, plantean una amenaza a su estilo de vida. Pues bien, los convencidos de que al país le convendría mucho impulsar la minería por tratarse de una fuente de dinero que podría resultar casi inagotable acaban de sufrir un nuevo revés. Desgraciadamente para la multinacional Barrick Gold, cuya sede está en Canadá, el fin de la semana pasada los responsables de operar la mina aurífera Veladero en San Juan dejaron que por lo menos un millón de litros de agua con cianuro se vertiera en la cuenca del río Jáchal. Según los voceros de la empresa, el derrame no plantea riesgos a la salud de los sanjuaninos pero, desde luego, muy pocos confían en sus palabras reconfortantes por ser el cianuro una sustancia que tiene una reputación decididamente siniestra. Asimismo, expertos de las Naciones Unidas advierten que, aun cuando no se detecten contaminantes en los próximos días, podrían aparecer semanas o incluso meses más tarde, pero a pesar del peligro así supuesto la Justicia permitió que la empresa reanudara la actividad en la mina, lo que motivó protestas por parte de agrupaciones ambientalistas. Mientras que Barrick Gold ha procurado defenderse reemplazando a los ejecutivos locales por técnicos canadienses, lo que puede tomarse por una forma de acusarlos de negligencia, el gobierno sanjuanino del peronista José Luis Gioja está bajo ataque por su supuesta complicidad con una multinacional que según ecólogos militantes e izquierdistas carece de escrúpulos. No es la primera vez que Gioja se ha visto obligado a contestar denuncias en tal sentido, ya que sus adversarios nunca han vacilado en tratarlo como un “empleado” de Barrick Gold, pasando por alto sus esfuerzos por asumir una postura ambientalista al afirmarse resuelto a “castigar a los responsables de lo que pasó en Veladero”. De todos modos, no sólo los grupos ecológicos sino también los vinculados con otras actividades, como la vitivinicultura, han aprovechado la oportunidad brindada por el derrame de cianuro para protestar contra la presencia de empresas mineras que, como sucede en todo el mundo, han tenido un impacto fuerte en la economía local, perjudicando a algunos y beneficiando a otros. Si bien por distintos motivos la minería no ha alcanzado en la Argentina la importancia que tiene en Chile, Perú, Australia o Sudáfrica, de desarrollarse podría hacer un gran aporte económico. Sin embargo, para que ello sucediera sería necesario superar la oposición de quienes preferirían mantener a raya a las multinacionales que dominan la industria y que, mal que nos pese, son las únicas que disponen de medios tecnológicos, capacidad operativa y apoyo financiero adecuados. ¿Es posible el desarrollo económico sin contaminación? Parecería que no, que hasta los países más avanzados tienen que tolerar la presencia de empresas cuyas actividades son incompatibles con la conservación del medioambiente y, a veces, con la salud de la población vecina. Con todo, mientras que en algunas partes del mundo las autoridades han logrado reducir al mínimo los efectos deletéreos de distintos procesos industriales, en otras, entre ellas América Latina, se han destacado por su indiferencia. En nuestro país, el fruto más notorio de la desidia gubernamental ya rutinaria es el Riachuelo, un desastre ecológico tan excepcional que es lógico que en el resto del país tantos se sientan desprotegidos toda vez que se instalan en un lugar cercano plantas industriales o, como ha sucedido en San Juan, minas. Puede que desde el punto de vista del gobierno nacional de turno y de los provinciales los movimientos ecológicos se hayan propuesto frenar el progreso económico, pero si no fuera por su combatividad habría muchos más accidentes como el supuesto por el derrame de una cantidad peligrosa de cianuro que ha puesto en alerta a los habitantes de los departamentos de Iglesia y Jáchal de San Juan.

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