La misma carrera, en otro circuito





Néstor O. Scibona

Con la cumbre anunciada para hoy en Mar del Plata por las dos CGT opositoras, se bajará la bandera de largada para la tradicional carrera de salarios y precios que tiene lugar todos los años en vísperas de la negociación de ajustes en paritarias. Sin embargo, en esta edición el circuito es muy diferente al de otros años: la inflación de 2013 fue la más alta de la era K (28,4% según el IPC-Congreso, que promedia las estimaciones privadas); el salario real perdió no menos de 2% y el gobierno de Cristina Kirchner carece de respuestas para sincerar el problema y recuperar el terreno perdido en imagen y confianza política. No será de la partida la CGT oficialista conducida por Antonio Caló, que la semana pasada fue recibida por el Jefe de Gabinete. Pero eso no significa que sus dirigentes se despreocupen. En todo caso, tanto el pedido de aumentos de emergencia como la propuesta de acordar ajustes parciales –con vigencia trimestral o semestral– que surgió de los gremios más cercanos a la Casa Rosada, es un reflejo de esa inquietud. Si esta última idea prosperara, permitiría anunciar aumentos parciales por porcentajes más bajos (del orden de 13/15%), pero a cuenta de alzas posteriores que serán una incógnita para trabajadores y empresarios. O sea que sólo le aportaría al Gobierno una exigua dosis de oxígeno político, a cambio de mayor incertidumbre económica. Mientras tanto, acentuaría la disparidad salarial entre distintos gremios, ya que algunos (como petroleros, bancarios y aceiteros) consiguieron anticipos de suma fija (“aumentos puente”) no remunerativos, a la espera de las paritarias que arrancarán en marzo o abril. Más directo, Hugo Moyano calentó los motores al anticipar que las paritarias de este año deberían partir desde un piso no inferior al 30%. Pero aún así, corre el riesgo de quedarse corto para ganarle a la inflación. De ahí que Pablo Micheli, de la CTA opositora, subiera la apuesta hasta 35%, un porcentaje que supera en 10 puntos a la inflación de 25,6% que calculó para el año pasado su contrincante Hugo Yasky, de la CTA oficialista. Para el gobierno de CFK, todos estos registros numéricos resultan una pesadilla. La idea original de inducir una pauta salarial de 18% para 2014 quedó prematuramente sepultada por la crisis policial de diciembre en la mayoría de las provincias, que derivó en aumentos otorgados bajo extorsión que duplicaron ese porcentaje y repercuten sobre el resto del sector público. Si bien esa crisis no quedó totalmente zanjada (en Córdoba y Entre Ríos, por ejemplo, hay nuevos conflictos latentes), el próximo test será la paritaria del gremio docente que debería definirse antes del comienzo de clases. Ningún gobernador quiere asumir el costo político de proponer ajustes inferiores a la inflación verdadera, aunque no disponga de recursos propios. No por casualidad Daniel Scioli le devolvió elegantemente la pelota a la Casa Rosada, al supeditar el aumento de los salarios docentes (en el distrito bonaerense hay 450.000 maestros) al nuevo piso que fije el Ministerio de Educación en la paritaria nacional del gremio. A su vez, la CGT de Caló busca alguna señal oficial con el pedido de urgente convocatoria al Consejo del Salario Mínimo, pese a que el año pasado este organismo tripartito había fijado para este mes el nuevo nivel de 3600 pesos mensuales. En medio de estas vueltas previas, el gobierno de CFK quedó preso de sus propias contradicciones. Por un lado, la Presidenta repudió los métodos policiales extorsivos pero, para curarse en salud, terminó otorgando mejoras “no remunerativas” a las fuerzas de seguridad nacionales. También refinanció de apuro las deudas de las provincias con el Tesoro Nacional para otorgarles una dosis de oxígeno financiero, a cambio de auditar trimestralmente en qué lo gastarán. Por otro, el Gobierno sigue sin sincerar la verdadera inflación y, por lo tanto, no puede invocar una cifra creíble para homologar o no los futuros ajustes salariales en paritarias. En diciembre, el índice de precios al consumidor para la Capital Federal y Gran Buenos Aires del Indec se despidió con un inverosímil incremento anual de 10,9% para todo 2013. Y el 13 de febrero próximo será reemplazado por el nuevo IPC nacional para los grandes centros urbanos, que hasta ahora encierra más dudas que certezas, Por caso, se desconoce qué rubros y productos abarcará, qué ponderación tendrán en el indicador, ni si éste habrá de considerar precios reales o ficticios, como hasta ahora. El IPCNu nace además con otro pecado original: como establecerá una base 100 para enero de 2014 y no se prevé un empalme con las series estadísticas anteriores, tampoco permitirá calcular la variación inflacionaria “hacia atrás”. En cuanto a la inflación hacia adelante, se supone que habrá de computar mayormente los “precios cuidados” incluidos en la canasta de 200 productos acordada por la Secretaría de Comercio con proveedores y grandes cadenas de supermercados del área metropolitana, que ahora se extenderá a ciudades del interior y que se mantendrían estables hasta fin de marzo. También sumará a los autoservicios chinos con una canasta reducida de 75 precios que, al igual que la anterior, serían ajustados trimestralmente en función de aumentos comprobables de costos. Si en la Argentina la inflación fuera verdaderamente inferior al 11% anual, todo este despliegue regulatorio no tendría sentido. Como no lo es, más bien se busca un debut decoroso del nuevo IPCNu, a fin de que registre aumentos bajos de precios para influir en la negociación salarial en paritarias, pero a costa de dañar también la credibilidad del nuevo indicador. Es como si en la carrera de los precios, el gobierno alterara los cronómetros para reflejar una menor velocidad de los aumentos. El problema es que esa falsa sensación de estabilidad no tiene en cuenta que la inflación ha perdido sus principales “anclas”. En 2013, el tipo de cambio oficial subió más de 32% e impacta en los precios, en tanto que 2014 arrancó con nuevas alzas del dólar (4,4% en el oficial y 16.5% en el paralelo). A su vez, subieron 7% los combustibles (que el año pasado aumentaron 35%). También en los tramos finales del año pasado aumentó fuertemente la emisión monetaria del Banco Central para cubrir el agujero fiscal A ello se suman alzas en peajes, telefonía celular y medicina privada, más los fuertes incrementos producidos en otros rubros (como alimentos y bebidas) en las semanas previas a que la nueva canasta de precios controlados apareciera como el auto de seguridad para moderarlos.. En estas condiciones, la negociación salarial aparece extremadamente conflictiva. Los gremios sospechan que el Gobierno busca transformar a los salarios en la nueva variable de ajuste para desacelerar la inflación. Y el Gobierno, que los reclamos sindicales superiores al 25% buscan desestabilizarlo. Otra gran diferencia es que hoy la actividad económica muestra un crecimiento muy bajo y el sector privado casi no nuevos empleos, con lo cual el traslado a precios de mayores salarios amenaza con estancamiento productivo, menores inversiones y mayor inflación. El nuevo circuito para esta carrera es más rápido, pero está plagado de baches y riesgos para la economía.

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