La nueva cárcel tiene aulas, pero nadie las usa

ROCA (AR).- En la cárcel de Roca, más del 80% de los presos nunca terminaron la escuela primaria.

Al mismo tiempo, una estadística surgida meses atrás del penal de Devoto establece que sólo el 3% de los 2.000 detenidos educados durante 20 años volvió a delinquir tras recuperar la libertad.

Sin embargo, la contundencia de los registros no es suficiente para que Río Negro avance en la implementación de un plan de educación carcelaria.

Esta es la conclusión con la que regresaron a Roca las integrantes del Observatorio de Derechos Humanos que la semana pasada se entrevistaron con funcionarios provinciales de distintas dependencias, para debatir sobre la reglamentación de la ley denominada «Aulas sin muros».

En la remodelada Unidad de Ejecución Penal II de Roca existe un importante espacio para la educación, pero durante los últimos meses hubo tres postergaciones para el inicio de la instrucción formal a los internos.

No se trata de una necesidad menor. Ese 80% de la población carcelaria con menos de séptimo grado aprobado se complementa con otro dato suficiente para justificar la priorización de la enseñanza: el 20% de los habitantes de la ex alcaidía es analfabeto.

La demorada reglamentación de la ley reunió a referentes de derechos humanos con representantes de los ministerios de Gobierno y Educación, además de funcionarios de la Secretaría General de la Gobernación.

No obstante haber destacado la predisposición y la convocatoria al debate, un diferencia medular separa hoy al Ejecutivo provincial con los miembros del Observatorio. Se trata de la autoridad para poner en marcha el sistema educativo oficial en las cárceles. Unos aseguran que debe ser el Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaría de Seguridad, en tanto que Derechos Humanos sostiene que Educación no puede rechazar su responsabilidad.

«El argumento que nos dieron es que Educación no tiene presupuesto para la designación de docentes y Gobierno sí», explicó Ana Calafat, coordinadora del Observatorio en la provincia.

Una respuesta rápida surge ante aquel planteo. Si el gobernador tiene la facultad de transferir partidas del presupuesto y tanto defendió esa atribución cuando se discutían los «superpoderes» para el jefe de Gabinete de Nación ¿por qué ahora no destina los fondos desde Gobierno a Educación?

El temor de los miembros del organismo es que bajo la órbita de Seguridad se confunda lo educativo con las sanciones disciplinarias a los presos.

Además, la pretensión es que en la cárcel de Roca funcione un anexo de una escuela para adultos y para ello no hay otra alternativa que la dependencia directa de Educación, con un vicedirector, docentes y gabinete psicopedagógico específicos.

Otro de los aspectos en los que no hubo acuerdo tiene que ver con la posibilidad de considerar a la educación como un estímulo para la reducción de penas. Se conoció que los representantes del gobierno rechazaron esta propuesta, fijando sólo la chance de trabajar en un proyecto de ley diferenciado al que se intenta reglamentar.

De esta manera, los objetivos del proyecto «Aulas sin muros» parecen lejos del ideal. La intención ahora es poner en marcha las clases en marzo del 2007, a la par de todas las escuelas públicas de la provincia, pero es algo que hoy nadie puede asegurar.