La nulidad del ajuste

NEUQUEN (AN).- En diciembre de 2003 y febrero de 2004 el viejo Tribunal Superior de Justicia dictaminó la nulidad de los decretos de ajuste firmados por Jorge Sobisch a poco de asumir su segunda gestión en 1999. Para el alto tribunal, los decretos 955, 993 y 1892 -todos de 2000- adolecían de «los vicios previstos en los incisos 'a' y 'f' del artículo 67 de la ley 1284», porque se trataba de empleados que tenían hasta cinco años de antigüedad.

De los 400 empleados en cuestión, muchos habían ingresado en 1996 en dependencias del sistema educativo provincial -administrativos o maestranza- y en Acción Social. También había un grupo que pertenecía al Instituto de Vivienda. El ingreso de esos trabajadores se produjo durante el último gobierno de Felipe Sapag, y en dos ocasiones puntuales que coincidían con internas del partido provincial.

En 2002, la reincorporación de una empleada -Cristina Thomas- le costó al Estado 2.890 pesos en concepto de retroactividad. Su sueldo, cuando fue despedida, era de 500 pesos -el mínimo del escalafón provincial-, se comprobó que recibió un subsidio de 160 pesos por mes desde que la echaron y en consecuencia se le pagaron 340 pesos por cada mes que permaneció fuera de la planta.

Nota asociada: El TSJ volvió a despedir a 400 trabajadores estatales

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