La Obediencia Debida llega a la Corte

Becerra se pronunció en favor de que se declare la inconstitucionalidad de esa ley y la de Punto Final.





El procurador general de la Nación , Nicolás Becerra, se pronunció ayer por la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final que favorecieron a militares y policías represores de la última dictadura, en un dictamen que ahora debe considerar la Corte Suprema de Justicia.

Si la Corte confirma la resolución de Becerra podrían reabrirse las causas vinculadas a la represión. El jefe de los Fiscales destacó en su escrito de ayer que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles y apoyó los argumentos dados por del juez Gabriel Cavallo, quien en marzo del 2001 decretó la "nulidad insalvable" de las leyes en cuestión.

El posible tratamiento de estas leyes por parte de la Corte- sostienen analistas- se inscribe en la puja de poderes desatada entre el máximo tribunal y los restantes poderes como consecuencia del posible juicio político a los 9 miembros de la Corte. La semana pasada el alto tribunal decidió devolver el 13 % de haberes a estatales y jubilados, hecho que se interpretó como una señal de los magistrados hacia el poder político.

La Corte Suprema tiene que pronunciarse en temas muy conflictivos, como lo es el del corralito, la ley "antigoteo" , la pesificiación de colocaciones en dólares y ahora la que refiere a las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.

Cavallo, en aquel entonces juez federal, se expidió en la causa que investiga la desaparición de los ciudadanos José Poblete y Gertrudis Hlaczick, secuestrados en 1977, junto a su hija Claudia .

Durante el gobierno de Alfonsín, que juzgó y condenó a las cúpulas militares de la dictadura indultadas en 1990 por Menem, se dictaron las leyes de Punto Final y Obediencia Debida legislación que impidió la prosecución de juicios a los mandos inferiores involucrados en la represión, que adujeron cumplir órdenes de secuestrar y matar.

El titular del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Horacio Verbitsky, celebró el dictamen del Procurador y consideró que "abre el camino para la ratificación de la Corte" y que "queda muy poco para discutir sobre estos temas, ya que coincide con acontecimientos internacionales y la documentación de EE.UU que recibimos sobre el tema". (DyN, Télam)

La justificación de Becerra

El procurador General de la Nación, Nicolás Becerra, en el dictamen que presentó al Máximo Tribunal de la Nación, puso énfasis en que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles, en relación a dos causas que tramitaron ante el juez federal Claudio Bonadío por la desaparición del matrimonio Poblete-Hlaczik en la última dictadura militar.

En su dictamen, Becerra indicó que "el compromiso estatal no puede agotarse, como regla de principio, en la investigación de la verdad, sino que debe proyectarse cuando ello es posible, a la sanción de sus responsables. La violencia que todavía sigue brotando desde el interior de algunas instituciones y que hoy en forma generalizada invade la vida cotidiana de nuestro país, debe ser contrarrestada con mensajes claros de que impera el Estado de Derecho sobre reglas inconmovibles que deben ser respetadas sin excepción", agregó. (Télam)


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