La ONU reclamó rever la reforma judicial

Dijo que la iniciativa oficial que avanza en el Congreso afecta la independencia de la Justicia, ya que la legislación no respeta estándares internacionales.




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El kirchnerismo y sus aliados avanzan en el Congreso, pero desde la ONU exigen procedimientos claros para la designación o sanción de jueces.

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La Organización de las Naciones Unidas (ONU) exhortó a la presidenta Cristina Fernández a reconsiderar la reforma judicial para “asegurar la independencia de la judicatura” y desde el gobierno expresaron “malestar” por lo que consideraron una “insólita actitud”.

A su vez, las cámaras nacionales y federales de todo el país, además de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, dieron su respaldo a la Corte Suprema de Justicia por su accionar para “la afirmación de la independencia judicial”. (Ver reacciones)

El reclamo de la ONU lo expresó la relatora especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, Gabriela Knaul, a través de un comunicado en el que remarcó que el proyecto sobre el Consejo de la Magistratura y la ley que restringe las cautelares son medidas “contrarias a varios artículos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

La Cancillería argentina rechazó esas manifestaciones y criticó con dureza a la funcionaria del organismo internacional por “su falta de imparcialidad, mesura y equilibrio”.

“El Estado tiene el compromiso de asegurar la independencia de la justicia mediante el respeto de su legislación a los estándares internacionales”, recordó Knaul mediante un comunicado difundido en la ciudad suiza de Ginebra.

Por ello, la relatora de Naciones Unidas resaltó: “Hago un llamado a Argentina a que establezca procedimientos claros y criterios objetivos para la destitución y sanción de jueces, y que se asegure un recurso efectivo a los jueces para impugnar dichas decisiones, en aras de salvaguardar la independencia judicial”. Luego, Knaul indicó que las “limitaciones aprobadas a las cautelares son contrarias a los artículos 2 y 14 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, entre otros estándares internacionales relevantes”.

La respuesta del gobierno la brindó el canciller Héctor Timerman, quien manifestó “malestar” por la “insólita actitud de la Relatora Especial de las Naciones Unidas”.

El Ejecutivo local consideró que los planteos de la funcionaria de la ONU “se apartan no sólo de los estándares de ética profesional e independencia esperados del titular de un mecanismo especial como lo es la Relatoría, sino que por su falta de imparcialidad, mesura y equilibrio”.

“Resulta paradójico que quien ha recibido el mandato de proteger la independencia de magistrados y abogados, atropelle principios básicos del derecho, prejuzgando y adelantando conclusiones”, alertó la Cancillería, para luego quejarse porque la relatora de la ONU se pronunció antes de que se le envíen las respuestas para una serie de consultas que realizó la semana pasada.

En la polémica terció el senador radical Gerardo Morales, quien dijo que el comunicado de la ONU es “muy importante para el debate” que da la oposición contra la reforma judicial impulsada por el oficialismo. (DyN)


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