La oposición meterá una cuña en la negociación con Repsol

NEUQUEN (AN).- Los diputados provinciales de la oposición usarán hoy la mayoría que tienen en el recinto para aprobar la creación de una comisión de análisis de las concesiones petroleras. Detrás del nacimiento de esta nueva estructura burocrática en la Legislatura se esconde la cuña con la que los legisladores pretenden intervenir en las negociaciones con la compañía Repsol-YPF, hasta ahora reservadas a un selecto grupo de funcionarios.

El oficialismo del MPN nada podrá hacer para evitar la creación de esta comisión, salvo utilizar el arma de la quita del quórum, un procedimiento largamente criticado por el gobierno anterior de Jorge Sobisch.

El gobernador firmó el 27 de junio, en Madrid, un acuerdo con la petrolera Repsol que significó el consentimiento a una prórroga de la concesión sobre el área gasífera Loma de la Lata -que debe otorgar la Nación-, a cambio de promesas de inversiones del orden de los 8.000 millones de pesos.

En el caso de este yacimiento, la concesión vence dentro de 17 años y la prórroga llevaría el contrato de explotación del área hasta 2017.

Los detalles de este entendimiento, así como el inicio de las conversaciones con las otras petroleras que operan en la provincia, están a cargo de un pequeño grupo de negociadores provinciales. La oposición sólo se enteró de que el acuerdo estaba en marcha por la prensa. Aunque no lo reconozcan, la intención final de la Alianza y el PJ es, mediante esta comisión, comenzar a participar de las conversaciones con Repsol y con el resto de las empresas, que también quieren obtener el beneficio de extender sus concesiones.

La oposición reaccionó de manera diferente ante la realidad de que Sobisch pondría la firma al polémico convenio: la Alianza dio a conocer su críticas y reparos, al igual que el sector del MPN que no está en el gobierno. Pero en el PJ no hubo unidad de criterios porque mientras el presidente de su bloque, Gabriel Romero, daba a conocer su resistencia, el diputado Aldo Duzdevich pergeñaba la idea de crear la comisión que hoy comenzará a funcionar.

«Si el marco jurídico de esta prórroga no está claro, conlleva un riesgo jurídico para la provincia y para las empresas», defendió su creación el autor del proyecto.

En realidad, la fundación de esta estructura no pudo ser aprobada hace dos semanas porque el oficialismo se opuso al tratamiento sobre tablas -para el que se requieren los dos tercios de votos-.

Pero bastó la simple aprobación de una moción de pronto análisis para que la mayoría opositora lograra su objetivo.

En los fundamentos del proyecto, Duzdevich recordó que uno de los puntos del acuerdo firmado en Madrid establece que «las partes desarrollarán los temas enunciados en el presente mediante actas complementarias», que, si ya se firmaron, no fueron difundidas. La magnitud de los compromisos «hacen que de este acuerdo un acto que podría exceder facultades conferidas por la Constitución al Poder Ejecutivo», se lee en los fundamentos del proyecto. Sin embargo, Duzdevich aclaró ayer que la intención no es hacer pasar por el tamiz de la Legislatura aquel entendimiento.

El diputado peronista razonó que, si el marco jurídico es endeble, la autorización de la prórroga podría zozobrar durante alguno de los próximos cuatro gobiernos que se elegirán mientras la concesión original aún esté en período de cumplimiento.

Como se trata de una simple resolución de la Legislatura, la decisión que hoy tomarán los dos bloques opositores no tendrá que ser elevada al gobernador para su promulgación. Así se evitará la posibilidad de que Sobisch apele al veto, que es una facultad que la Constitución le confiere y que ya utilizó en 1993.

Pero es probable que esta no sea la única iniciativa referida al acuerdo con Repsol que se trate en la sesión de hoy, porque el diputado oficialista Julio Vázquez presentó un proyecto para solicitarle al Poder Ejecutivo Nacional «la rápida aprobación» del acta firmada por Sobisch con la empresa española.

En realidad, lo que el secretario de Energía de la Nación, Daniel Montamat, debe resolver, más que el acuerdo del gobierno neuquino, es un pedido oficial de Repsol para extender la concesión de Loma de la Lata hasta 2017.

Nueve identificados por los destrozos

NEUQUEN (AN)- La justicia identificó a nueve militantes sindicales que integraban el grupo que destrozó las oficinas de Repsol-YPF, durante el violento paro nacional del 9 de junio pasado. En las próximas horas los citará a prestar declaración indagatoria, acusados del delito de daño.

Según trascendió ayer, la identificación de los militantes fue posible a través de los videos filmados esa mañana en la esquina de Talero y Mendoza, donde tiene su sede la empresa petrolera.

Allí destrozaron a piedrazos los vidrios del frente, provocaron un principio de incendio y rompieron escritorios, computadoras y otros elementos.

Después, el mismo grupo participó de incidentes similares en la sede del Consejo Provincial de Educación, en Carlos H. Rodríguez y Brown.

Fuentes judiciales consultadas por «Río Negro» informaron ayer que a través del análisis de los videos se llegó a identificar a nueve personas que provocaron los destrozos. Son todos afiliados gremiales, aunque no se precisó a cuál de las organizaciones que participaron de la marcha, y de localidades del interior que tampoco fueron citadas. «En los próximos días el fiscal pedirá la indagatoria de los nueve y ahí se conocerán más datos», dijo la fuente consultada.

El delito que se les imputa es daño, que se castiga con prisión de 15 días a un año. Sin embargo, no se descarta que se aplique la figura de daño agravado, que tiene una pena de hasta 4 años de cárcel. El daño agravado se aplica cuando el autor lo comete «con el fin de impedir el libre ejercicio de la autoridad o en venganza de sus determinaciones», o cuando lo comete «en archivos, registros, bibliotecas (…) u otros bienes de uso público».

Ambos incisos parecen redactados a medida contra quienes lanzan piedras hacia sedes del Estado, disconformes con medidas de gobierno.

El fiscal que investiga los destrozos del viernes 9 es Alejandro Cabral, quien maneja además un puñado de causas conexas. Por ejemplo, pretende citar a declarar a Julio Fuentes, titular de ATE, porque al día siguiente del paro dijo que justificaba la violencia.

Cabral también le pidió al jefe de la Policía, Juan Carlos Lezcano, que le explicara por qué no hizo nada para evitar los destrozos. Lezcano le contestó que existió un operativo de prevención, y que se evaluó que sería peor intervenir para impedir los piedrazos. Conforme con la respuesta, Cabral desistió de iniciarle una causa.

El fiscal tiene otra causa con cierta vinculación con las anteriores, y es la investigación de la muerte de la docente Silvia Roggetti, accidentada en la escuela 197. Antes del fin de semana resolverá si impulsa una investigación contra algún funcionario como presunto responsable del fallecimiento.

La noticia de la muerte de Roggetti se conoció el viernes 9 en plena marcha, y desató la furia de sus compañeros. A través del abogado de ATEN, Gustavo Olivera, el director de la escuela 197 presentó un escrito en la fiscalía de Cabral pidiendo que se investigara la muerte de Roggetti como un homicidio ocurrido por la decisión política de iniciar las clases en una escuela que no estaba preparada para ello.