La parte que no entienden

la semana en bariloche

Cuando un grupo humano establece reglas de cualquier tipo (incluido el funcionamiento de las instituciones) es común que junto a la letra expresa acumule una buena cantidad de deseos oblicuos y palabras no escritas. Un mecanismo de ese tipo fue seguramente el que entró en juego cuando la última Convención Constituyente Municipal resolvió jerarquizar las funciones del Tribunal de Contralor y luego cuando el Concejo aprobó la ordenanza que reglamenta su actividad. Lo que hasta entonces había sido un cuerpo con escaso radio de acción y funciones acotadas se convertía en los papeles en un poder autónomo, con mayor poder de investigación, facultades sancionatorias y mejores remuneraciones. Luego de extensa discusión, los convencionales acordaron que los miembros del Tribunal serían elegidos por el voto popular y no por un concurso de oposición y antecedentes. Es decir, la Carta Orgánica le concede de hecho un cierto perfil político y no puramente técnico. Llegó la siguiente elección y cada fuerza política candidateó sus postulantes. Los partidos con aspiración de ganar lo hicieron con la secreta expectativa de que sus referentes en el Tribunal fueran “responsables” y no se metieran con ninguna investigación molesta. Que tuvieran toda la cautela, la prudencia y la comprensión sobre el margen de discrecionalidad necesario para ejercer responsabilidades de gobierno. Parece evidente que los actuales vocales del Tribunal de Cuentas esa parte no la entendieron. El Tribunal está compuesto hoy por tres representantes de distintos partidos: SUR, el PJ y la Concertación encabezada por la UCR. Pero no se muestran muy afectos a los códigos de la fidelidad partidaria. Completaron ya varios juicios de responsabilidad y tienen otra docena en marcha. Impusieron multas y sanciones a varios funcionarios de la actual gestión y de la anterior, incluida una empleada de planta. Hasta el intendente debió pagar 1.000 pesos por ignorar en forma reiterada un pedido de informes. La última sanción (por un monto de 4.100 pesos) recayó sobre la directora de Control de Gestión, Luisa Hoffmann, quien condujo un concurso de precios para la compra de una máquina vial con llamativo desprecio por la normativa que regula esos llamados. No dio parte al Tribunal en el proceso, no pidió libre deuda a los cotizantes y aceptó ofertas por correo electrónico, cuando sólo es posible presentarlas en sobre cerrado. Ante tantas fallas el propio Ejecutivo repitió el proceso unos meses después y la empresa ganadora resultó ser la misma, pero con una oferta 41.000 pesos más barata. En el interín, el municipio debió alquilar máquinas, cuando ya podía tener la propia si el primer concurso no hubiera sido un mamarracho. Conocida la pena impuesta a su colaboradora, Cascón perdió la compostura y acusó al Contralor de desplegar “acciones intimidatorias”, con objetivos “más políticos que técnicos”, que implicaban una amenaza a “la gobernabilidad” del municipio. También se quejó por las demoras en la aprobación del balance 2008, aunque luego tuvo que admitir que todavía no lo presentó, cuando debió haberlo hecho hace un año y medio. Es posible que la escasa costumbre en materia de fiscalización interna haya detonado el conflicto. El cruce de Cascón con el Tribunal puede condicionar las investigaciones todavía en curso, que apuntan a temas tan diversos como el rescindido contrato de publicidad callejera, el manejo del Instituto de la Vivienda, la tercerización de servicios en el basural y los pilares eléctricos de la feria artesanal. Los miembros del Tribunal de Cuentas aseguran no tener una animosidad particular contra el intendente y sus funcionarios, sino que pretenden simplemente “que cumplan las normas, porque para eso están”. También dicen haber exhibido su amplitud de criterio al autorizar numerosas compras directas –sin licitación, ni concurso de precios– cuando existían razones atendibles. Cascón debería registrar que su exaltada réplica no tiene buena lectura en la sociedad y parece insinuar que sin una cuota de impunidad es imposible “ejecutar” lo que el vecino pide y espera. El intendente invirtió varios minutos en su alegato político contra del Tribunal, pero no dedicó ni 15 segundos a dar una explicación atendible de la conducta de Hoffman que le valió la sanción. La invocación a los riesgos para la “gobernabilidad” nació alguna vez con los amagues de golpe militar, pero perdió espesor desde que es invocada por presidentes, gobernadores e intendentes ante cada planteo opositor, sea una huelga de empleados públicos, una movilización o la actuación de los organismos de control. El Tribunal trabaja en la función que le fue encomendada y sus señalamientos resultaron razonables. Al menos hasta ahora no fueron revertidos por la justicia ordinaria, a pesar de que los funcionarios apelaron por esa vía. La vigilancia ejercida inaugura una situación nueva y auspiciosa, que fijará un piso de exigencia para los futuros integrantes del cuerpo y obligará a seguir con interés las decisiones de los partidos políticos al definir las candidaturas para esa función.

daniel marzal dmarzal@rionegro.com.ar