La población carcelaria de Neuquén está en riesgo sanitario



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La Justicia ordenó al gobierno que brinde una solución.

NEUQUÉN (AN)- La población carcelaria de esta capital se encuentra en riesgo sanitario porque hay una sola médica para atender a los 280 detenidos en distintas unidades. Por eso la Cámara Criminal Segunda emplazó al Estado neuquino a que dentro de los próximos 30 días disponga todo lo necesario para brindarles a los presos "lo mínimo indispensable en servicios de medicina preventiva, atención primaria o de casos de urgencia". El objetivo es que cuenten con una atención similar a la que goza el resto de la población.

Esto incluye "la cobertura del mínimo de vacantes de personal médico, enfermeros y demás auxiliares, provisión de insumos y en general todo lo necesario" para dar la atención "dentro de las mismas unidades o dependencias en que se encuentren alojados".

La resolución de la Cámara es de la semana pasada pero se la mantuvo en reserva y recién ayer "Río Negro" pudo obtener una copia.

Surgió a raíz de una presentación de un grupo de defensores oficiales que alertaron sobre las graves deficiencias en el sistema de salud destinado a los detenidos. Muchos aún están sin condena y gozan de la presunción de inocencia; otros con sentencia firme pero "con derecho a recibir atención, en tanto ser humano".

Los defensores se hicieron eco de "un informe lapidario" de la única médica en funciones para atender la población carcelaria, reforzado por un relevamiento "igualmente alarmante" de la Jefatura de Policía.

Según consta en el escrito judicial, estas carencias no pueden suplirse llevando a los detenidos a otros centros de atención porque hay un solo vehículo apto para traslados en el área capital, y se pierden los turnos que se consiguen.

Ante este panorama, los camaristas Emilio Castro, José Andrada y Héctor Dedominichi señalaron que "no se le pude imponer al Poder Ejecutivo que le dé preferencia a esta situación en desmedro de otras (...) con recursos generalmente insuficientes y cuya administración le compete también con exclusividad. Pero tampoco puede dejarse indefinidamente incierta la solución de una situación que, aun desde nuestro parcial y limitado punto de vista, se intuye y aprecia como inaceptable".

La parte resolutiva emplaza al Estado a cumplir en 30 días con lo necesario para dar atención médica a la población carcelaria. Y ordena que, mientras tanto, "brinde a las personas privadas de libertad en unidades o dependencias provinciales, en cualquier condición, a través de los servicios de salud pública, la misma atención que recibe el resto de la población".


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