La Policía apartó de su cargo al asesor legal

La Jefatura de la Policía rionegrina determinó la exclusión del cargo de asesor legal, Francisco «Niky» Sánchez, a quien se lo investiga por su presunta participación en demandas contra el Estado provincial.

Sanchez -con rango de subcomisario- era asesor legal de la Jefatura y se lo investiga en la Justicia y la Fiscalía de Investigaciones porque habría gestionado poderes legales entre los policías en favor de un estudio jurídico privado (que reunió casi 1.200 autorizaciones de demandas). Los juicios se originaron en la aplicación de la ley 2990, que estableció los aportes extraordinarios de los estatales a la ex Caja de Previsión.

Sanchez habría gestionado poderes y, además, habría utilizado la estructura de la Jefatura con ese objetivo. Esas demandas concluyeron el año pasado con acuerdos extrajudiciales.

En los últimos meses, la policía abrió una investigación ya que Sanchez habría mantenido reuniones con uniformados con el objetivo de formulizar acciones en la Justicia por el congelamiento de la antigüedad. Esa observación derivó en el análisis de las actitudes del subcomisario. Para entonces, el asesor legal había sido trasladado a la Unidad Regional de Viedma.

Según confirmó en su momento el jefe policial, Jorge Peloso, el sumario estaba bajo la conducción del subjefe, Carlos Díaz Campano.

Ayer, se conoció que la Jefatura dispuso el «pase a disponibilidad» de Sanchez, que significa su inicial apartamiento del cargo a la espera de la resolución de las investigaciones en marcha. Incluso, se supo que la abogada Marcela Morales ocuparía su vacante de asesor legal en la Unidad Regional.

El expediente judicial lo instruye el fiscal Ricardo Falca, quien ya escuchó a varios testigos de la propia fuerza. Los mismos habrían admitido que Sanchez gestionó los poderes en favor del estudio jurídico privado y, además, habrían reconocido la utilización de estructura estatal con ese propósito.

Es evidente que este pase a disponibilidad se aceleró con el desplazamiento de la Fiscalia de Estado de la abogada Sandra Bombardieri, esposa de Sanchez y a quien también la Junta de Disciplina evalúa su accionar en los expedientes y liquidaciones.(AV)