La ‘pos convertibilidad’ puesta en perspectiva

Por Adriana Giuliani *
Es muy valioso analizar el período que muchos denominan “Posconvertibilidad”. El mismo se extiende desde 2003 hasta la actualidad, aunque se inicia con la devaluación del año 2002, durante el gobierno provisional de Eduardo Duhalde. La corrección del tipo de cambio puso fin a más de diez años de vigencia del ancla cambiaria (1 peso = 1 dólar), instrumentada en 1991 por la gestión Menem – Cavallo.
La devaluación del peso constituyó un verdadero punto de inflexión en la trayectoria económica. En pocos meses detuvo la prolongada recesión, provocada principalmente por el atraso cambiario, que había derivado en una gravísima situación en materia social, con una tasa de desempleo en torno al 22 %. Luego de la depreciación monetaria se verificó no solamente una mejora en la competitividad de la producción local, sino también un aumento en la rentabilidad empresarial, ante la declinación del salario medio de la industria, medido en dólares.
Estos factores y el encarecimiento de los bienes importados fueron los desencadenantes de un nuevo ciclo de sustitución de importaciones que reactivó la actividad económica, y pronto impactó en la ocupación y en la distribución del ingreso.
El aumento de los precios internacionales de las materias primas consolidó la corrección del desequilibrio externo que la devaluación propició. La situación de las cuentas fiscales también mejoró, con el significativo aporte de las retenciones a las exportaciones instrumentadas durante la salida de la convertibilidad (se logró la coexistencia de “superávits gemelos”, que incluye a la Balanza de Pagos y al Presupuesto Nacional).

Relativizando la tesis del “viento de cola”, que atribuye el crecimiento de estos años únicamente a los favorables términos de intercambio, no se puede soslayar el esfuerzo oficial por alentar la demanda agregada y el mantenimiento del tipo de cambio real elevado, que operó como pilar, con un dólar competitivo que orientó en gran medida la política económica.
No obstante, al referir a la Posconvertibilidad, se visualizan nítidamente tres períodos.

Recuperación post crisis
El lapso comprendido entre 2003 y 2010, es una fase expansiva, con un crecimiento promedio anual en el lustro 2003-2007 del 8,7% y una política en materia cambiaria opuesta a la llevada a cabo en la década anterior. Mientras que para fijar el dólar en $1 durante los ´90 se recurrió a un excesivo endeudamiento externo, la gran afluencia de divisas por exportaciones en la nueva coyuntura obligó al gobierno a intervenir permanentemente como demandante para evitar recaer en la apreciación y sus inconvenientes efectos en términos de competitividad.
El Banco Central a menudo recurrió a esterilizar parte del dinero que se inyectaba en el mercado mediante la colocación de letras de corto plazo, tal es el caso de las Lebacs o las Nobacs.
La provisión de divisas quedó entonces a cargo del sector exportador, básicamente de los rubros primarios. La industria no logró convertirse en oferente neto de moneda extranjera, sino que, por el contrario, continuó con su característico perfil importador. Inclusive el sector automotriz, que tuvo actividad de exportación principalmente hacia Brasil, intensificó a la vez las importaciones de insumos intermedios y tecnología. El abultado superávit comercial logró engrosar las reservas internacionales, circunstancia que permitió sortear turbulencias y corridas, principalmente la que sobrevino luego de la crisis de las economías centrales en 2007-2008. También permitió concretar pagos a los organismos multilaterales, incluido el FMI, aunque al mismo tiempo se verificó un persistente drenaje de divisas hacia el exterior, vía crecientes compras de energía, remisión de utilidades, y fuga de capitales.

Restricción externa
Entre 2011 y 2015, la situación se invierte. Las reservas comienzan a decrecer y reaparece la restricción externa, como resultado de la erosión de los ejes del crecimiento económico de los años previos. Por un lado, producto de la crisis internacional, desde fines de 2008 los precios de las commodities comenzaron a perder dinamismo y por el otro, el proceso inflacionario que se fue paulatinamente desencadenando impidió mantener el tipo de cambio real a niveles competitivos. Ambas situaciones minaron la rentabilidad empresarial, deterioraron los ingresos del sector público -en especial al afectar las retenciones- y revirtieron la bonanza de las cuentas externas. Se intentó frenar la salida de moneda extranjera a través de regulaciones a la remisión de utilidades, controles a las importaciones y a la compra para diversos fines como turismo o atesoramiento, disposiciones que potenciaron el mercado paralelo del “dólar blue”. Por otra parte, se recurrió a la suba de la tasa de interés para alentar el ahorro en pesos, medida que, al encarecer el crédito, resintió la inversión, el consumo y la actividad económica en general.

Las sucesivas devaluaciones practicadas retroalimentaron la inflación al trasladarse a los precios, deteriorando el poder adquisitivo. Finalmente, con más énfasis desde 2014, el gobierno apeló a reinsertarse en el mercado internacional de crédito, por lo que el capital financiero fue el que pasó a abastecer las divisas, reemplazando al complejo exportador.
Las decisiones adoptadas para paliar los efectos -y no las causas- de la restricción externa terminaron por reflotar el stop & go (Crecimiento – Aumento de las importaciones – Desequilibrio externo – Devaluación – Inflación -Recesión).

El ensayo neoliberal
En diciembre de 2015, apenas iniciado el gobierno de la Alianza Cambiemos, encabezado por Mauricio Macri, se implementaron medidas que, desde la óptica ortodoxa de sus principales referentes, corregirían los desequilibrios macroeconómicos y permitirían retornar a la senda de la estabilidad y el crecimiento. De esta manera, se procedió a eliminar toda restricción a la demanda de divisas (o el denominado “cepo cambiario”), lo que derivó en una abrupta devaluación del peso, se redujeron las retenciones a las exportaciones de algunos productos y se eliminaron las de otros, se incrementaron las tasas de interés, se liberalizó el movimiento de capitales, se dispuso la apertura económica y la desregulación de los mercados. Seguidamente se materializaron los aumentos de tarifas de los servicios públicos y combustibles, los despidos de empleados estatales y los límites a las paritarias, en el marco del déficit cero y las metas de inflación.

La importante traslación de ingresos hacia el sector agroexportador, originada en la devaluación y la reducción o eliminación de las retenciones, no tuvo el correlato anunciado por el gobierno, que aseguraba que la masa de dólares que ingresaría al país por esta vía no solamente recompondría las reservas del Banco Central, sino que llegaría al extremo de apreciar la moneda. Las cerealeras se habrían comprometido a liquidar el stock de granos retenidos durante los meses previos a la asunción de Mauricio Macri, a la espera de la prometida reducción de los derechos de exportación y de la anunciada liberación de los controles cambiarios. Sin embargo, a pesar de la concreción de estos compromisos, la oferta de dólares fue menor a la prevista y se convirtió en una tendencia que se fue acentuando, al ritmo de la flexibilización de las obligaciones para el retorno de las divisas.
Tampoco los capitales que ingresaron invirtieron productivamente, sino que la facilidad para entrar y salir, sumada a las altas tasas de interés sostenidas en teoría para contener la inflación, habilitaron el carry trade, o una nueva versión de la conocida “bicicleta financiera”, a partir de las LEBAC y las LELIQ. Mientras tanto, el endeudamiento y el regreso al Fondo Monetario Internacional tuvieron como resultado el éxodo por una magnitud equivalente: entre el primer semestre de 2016 y el primer semestre de 2019, la deuda pública en moneda extranjera creció en 107.525 millones de dólares. Durante el mismo período, el pago de intereses más la fuga de capitales totalizó 106.779 millones de dólares, es decir, el 99,3% de la deuda que el país asumió (Informe CIFRA, agosto de 2019).
La inflación, lejos de ceder, se aceleró y llegó a un 48,3% acumulado a noviembre de 2019 y al 52,1% interanual. Y las políticas de ajuste desembocaron en una profunda recesión: contracción del PBI, cierre de empresas, destrucción de puestos de trabajo y dramáticos índices de pobreza e indigencia (40,8% y 8,9%, respectivamente, según el último informe de la UCA).

Hacia adelante
El desafío del nuevo gobierno consiste por lo tanto, en revertir el profundo daño que las políticas neoliberales ocasionaron especialmente a los sectores más desprotegidos, así como reactivar la economía, generar crecimiento y fuentes de trabajo genuinas.
Pero, además, teniendo en cuenta previas experiencias, es claramente necesaria la instrumentación de un amplio programa que tienda a evitar que la economía argentina experimente un nuevo capítulo del “stop and go”.

*Profesora e Investigadora de la Facultad de CienciasEconómicas de la UNCo.