La publicidad oficial como censura

ROCA (AR).- «En todas las provincias estudiadas, los funcionarios han usado y abusado de la publicidad oficial y otras herramientas financieras. Lo han usado como premio a los medios favorables y como castigo a los medios más independientes y críticos». Esta es una de las conclusiones a que arribó la investigación que integra el libro «Una Censura Sutil», que refiere a los abusos en la publicidad oficial y otras interferencias en la libertad de expresión en la Argentina.

El trabajo fue presentado ayer para la provincia de Río Negro, en General Roca, por Roberto Saba y Martha Farmelo, de la Asociación por los Derechos Civiles –ADC–, organización no gubernamental que lo condujo en coordinación con la Iniciativa para la Sociedad Abierta –Open Society Justice Initiative–.

Ambas organizaciones impulsaron de esta manera la promoción y defensa del derecho a la libertad de expresión, frente a representantes de medios, periodistas, estudiantes de comunicación social y demás asistentes, presentes en la primera de las actividades realizadas ayer en el auditorio del diario «Río Negro».

En la ocasión, Farmelo destacó que la censura –que tradicionalmente consistía en mecanismos más evidentes– ha tomado formas más sutiles, vinculadas con condicionamientos financieros o de otro tipo. «Hoy no tenemos libros ni personas prohibidas, pero sí el Estado ha ido sofisticando el mecanismo de censura, y a medida que esto ocurre, tenemos que hacer más sofisticadas nuestras formas de prevención y defensa de esa censura», comentó por su parte Saba, y agregó que «fue a partir de una situación que involucró a este diario –por «Río Negro»–, que tomamos conciencia de una situación ge

neralizada en Argentina, sobre todo a nivel provincial».

Saba y Farmelo añadieron que «intuimos en aquel momento que esto podía formar parte de una práctica generalizada en aquellos contextos en los cuales había grandes sumas de dinero involucradas en materia de publicidad oficial y una enorme discrecionalidad en la distribución de ese dinero. Sospechamos entonces que la asignación de publicidad oficial podría estar vinculada a la aplicación de sanciones a aquellos que tuvieran voces críticas».

Tal cual aseguraron los disertantes, su intención no fue difundir la idea de que los medios tengan un «derecho» a la publicidad oficial, sino difundir casos en los que el retiro de esta publicidad viene de la mano del «contenido de una expresión» crítica para con el gobierno. «Desde el punto de vista de la Convención de la OEA, al que Argentina suscribe, y que integra la Constitución desde el '94, el retiro de publicidad oficial puede constituir una forma indirecta de censura», aseguró Saba.

«Creemos que este retiro de publicidad no sólo afecta a aquel que le retiran la publicidad, sino también a todos aquellos que a partir de esto estarán temerosos de expresar sus ideas por miedo a las consecuencias, y también afecta el derecho de todos nosotros a estar informados y a acceder a la mayor multiplicidad y diversidad de voces», expresó Saba.

Concluyeron que «con su enorme presupuesto en publicidad, prácticas discriminatorias y uso de organismos privados para controlar el contenido editorial, el gobierno provincial de Neuquén exhibe el uso más articulado y extremo de publicidad con fines políticos, especialmente luego del anuncio del gobernador en marzo de 2004 de su candidatura para las elecciones presidenciales nacionales de 2007».