La “rebelde” senadora Fernández

REFORMA JUDICIAL

En 1997 se sancionó la ley 24.937 que reguló la primera conformación del Consejo de la Magistratura, órgano encargado del nombramiento y remoción de los jueces de la Nación. La entonces senadora por Santa Cruz, Cristina Fernández de Kirchner fue separada del bloque del PJ por haber votado en contra del proyecto oficialista de conformación del Consejo de la Magistratura. La senadora votó la iniciativa aprobada en Diputados, que había surgido de un acuerdo entre el PJ y la UCR y había sido aprobada por una mayoría de dos tercios. De este modo, la decisión de la senadora Fernández impidió que el menemismo alcanzara la mayoría de dos tercios necesaria para que el Senado impusiera su proyecto original. El conflicto –que se prolongó a lo lago de varios meses– estalló cuando los senadores del PJ rechazaron los cambios hechos por los diputados e intentaron aprobar su propio despacho y fracasaron varias veces en lograr la mayoría especial requerida. Los puntos centrales de desacuerdo eran la cantidad de miembros que debían integrar el Consejo y el quórum necesario para funcionar. Diputados fijó en 19 los miembros (los senadores querían 23) y estableció que serían necesarias las dos terceras partes de sus miembros para que el organismo pudiera deliberar. El requisito de los dos tercios para sesionar obligaba a que el Consejo de la Magistratura funcionara en base a un consenso entre el oficialismo y la oposición. El bloque justicialista en el Senado quería que bastara una simple mayoría para así ejercer el control sobre el organismo. Pero los dos senadores por Santa Cruz, Cristina Fernández y Felipe Ludueña, anunciaron su oposición a la propuesta oficial. Con esta actitud, impidieron que los senadores justicialistas alcanzaran la mayoría de dos tercios necesarias para rechazar las modificaciones impuestas por la Cámara de Diputados. Habiendo quedado trabado durante casi un año el texto en el Senado, finalmente se encontró una salida –fruto de un acuerdo entre radicales y justicialistas– consistente en que se aprobaba la ley tal como venía de Diputados –la que luego sería la ley 24.937– pero a continuación se sancionaba una “ley correctiva” –la que sería ley 24.939– en virtud de la cual se estableció que para sesionar se requería un quórum especial de doce miembros (en lugar de los dos tercios que pedían los diputados) y se fijaba el número de consejeros en 20 (8 legisladores, 4 jueces, 4 abogados, 2 catedráticos, un representante del PE y uno de la Corte Suprema de Justicia). La expulsión posterior del bloque del PJ en el Senado de Cristina Fernández se produjo luego que la senadora “rebelde” –como era entonces conocida– le hubiera enrostrado a Augusto Alasino, presidente del bloque, que “el bloque del PJ no es un regimiento ni Alasino un general ni yo la recluta Fernández” para cumplir a rajatabla con las órdenes de la bancada. La senadora Kirchner comunicó que no se iría del Partido Justicialista y que en el Senado formaría con Ludueña una bancada propia, el “bloque PJ Santa Cruz”. Meses después de que su bloque la apartara por indisciplina partidaria, Cristina abandonó su banca para pasar a Diputados. En su despedida declaró: “Es como oxigenarme, el Senado está desconectado de la realidad”. Y en una entrevista con La Nación fue más allá: “Sin Graciela (Fernández Meijide) ni yo, la Cámara se va a convertir en un trabajo administrativo de levantar manos”. Casi 9 años después, en el 2006, y por iniciativa del ejecutivo, la senadora Cristina Fernández de Kirchner defendió el proyecto de primera reforma del Consejo de la Magistratura. Tras su intervención se sancionó la ley 26.080 por la que se modificó la composición del Consejo de la Magistratura reduciéndolo de 20 a 13 miembros. La reforma favorecía sustancialmente la representación del oficialismo en desmedro de la representación de las minorías. En la ocasión, el argumento utilizado por la senadora fue que “con esta reducción no solamente va a tornar menos burocrático este organismo (sino que) implicará menores erogaciones para el Estado”. En esta ocasión la senadora Fernández también defendió la existencia de una mayoría cualificada de dos tercios “con el objeto de evitar la conformación de mayorías fáciles en procedimientos tan importantes como la selección de magistrados”. Añadió que la propuesta de una mayoría agravada para la selección y destitución de los jueces permitía “dar una mayor garantía de transparencia en lo que respecta a la conformación del sistema de decisión y al consenso que debe existir en cuestiones tan importantes como la designación y destitución de los jueces”. Siete años más tarde, ahora actuando como presidenta de la Nación –instalada en el rol de “generala” y no de “recluta”– , la exsenadora acaba de impulsar un nuevo proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura, elevando la composición de 13 a 19 miembros y variando la mayoría necesaria para la remoción de los jueces que de dos tercios pasa a ser una mayoría simple. La costumbre presidencial de no ofrecer conferencias de prensa impide al periodismo independiente demandar una explicación sobre los cambios tan notables de pareceres. Sólo queda para el entretenimiento de los futuros historiadores el fuerte contraste entre la rebeldía de aquella senadora y la sumisión que ahora demanda a los “reclutas” que el Frente para la Victoria tiene en ese poblado “regimiento” de senadores y diputados “levanta manos”.

Aleardo F. Laría aleardolaria@rionegro.com.ar