La reforma





El gobierno vive e invierte en política.

Bariloche fue su última y reciente meta y, como tal, estableció prioridades. Recién concluida esa elección, Mario De Rege se fue del bloque oficialista y Nadia Ruiz hizo lo propio de Seguridad. Dos decisiones asumidas hace semanas pero que quedaron atadas a los tiempos del escenario andino.

Cada paso institucional está subordinado a la política. Nada indica que esa preferencia se modifique.

Claro que la visión oficial no tiene una única mirada. De la misma Concertación K brotan -por lo menos- dos vertientes: la liderada por el gobernador Saiz, que profundiza su lineamiento al kirchnerismo, y otra perspectiva -que alista al vicegobernador Mendioroz- que convalida su distanciamiento. Ambas, desde un enfoque voluntarista, coinciden en la recuperación partidaria.

Saiz zamarrea en la tribuna de Allen al interventor Francisco Correa y, cinco días después, su ministro José Luis Rodríguez lo recibe en su despacho. Correa impostó promesas, cuya efectividad se descompone frente a la conducción de la UCR nacional.

El futuro partidario depende de lo que haga el radicalismo rionegrino. No será sencillo, si sigue fiel al encuadramiento kirchnerista.

Esa dualidad ya la reconoce el oficialismo y, por eso, se acudirá a la Justicia Federal para reclamar internas y normalizar la UCR provincial.

La política marca el sendero de la gestión. ¿Qué conclusiones gubernamentales arrojó el encuentro «partido-gobierno» de Allen? No están, no existieron.

Rodríguez repitió esta semana tres pilares suyos y quiere imponerlos desde el gobierno: «reafirmar la Concertación», «priorizar la gestión provincial» y «avanzar en la reforma constitucional». Esto último abre recelos.

Tal idea embrionaria se engendra a dos décadas de la Constitución de 1988. Habrá razones, pero la revisión se genera desde la necesidad de los políticos.

Rodríguez llegó en diciembre, pero en el 2005 la administración de Saiz diseñó y acordó los «lineamientos» de la reforma política, que proyectaba cambios constitucionales. Ese «consenso» fue elevado a la Legislatura hace casi tres años. En este tiempo, poco -como el voto electrónico- se avanzó y las restantes ideas siguen esperando.

Ese acuerdo comprendía el mecanismo de elección y la eliminación del requisito de residencia en los jueces . También figuraban otra selección para los órganos de control y modificaciones electorales.

Rodríguez asegura que ese paquete postergado será el eje de la reforma. Jura que nada tiene que ver con quitar el impedimento constitucional para la reelección de Saiz. «El gobernador no quiere», advierte.

Sus allegados no parecen tan contundentes. En los últimos sondeos realizados por Gustavo Waldmann -que reporta al secretario general, Francisco González, el despacho más directo al del gobernador- figura una consulta curiosa: «¿Aceptaría una reforma para habilitar la reelección de Saiz?». Una mitad la convalidó. El resultado entusiasmó más al entorno del mandatario.

¿Qué otro sentido tiene esa averiguación si es que tal propósito está desechado totalmente?

El pensamiento reformista todavía carece de sostén legislativo. Por ahora, la pretensión -que orienta Rodríguez- instala un plan más cercano: ensayar otro escenario frente a los ya desplegados y adelantados proyectos para el 2011; Mendioroz con el suyo y el «diseño generacional» del que habla Daniel Sartor, que suma al cipoleño Alberto Weretilneck. Mucho falta para esas definiciones, pero la ansiedad ubica al oficialismo en una peligrosa senda institucional. ¿Qué hace Saiz? Sólo observa, aunque sí detectó el riesgo de un desmadre gubernamental.

Los jueces también tienen sus primacías.

Río Negro firmó el 15 de junio de 2007 el convenio con la Anses que garantiza a los magistrados el 82% móvil para sus jubilaciones. Un año después, el mecanismo no se instrumentó porque el STJ -que hoy preside Alberto Balladini- sigue negociando condiciones especiales con la AFIP para pagar los aportes previsionales no realizados. Nación requiere que se cumpla con las retenciones por el total de los salarios anteriores (hasta ahora tienen topes y un menor porcentaje).

El promedio a pagar ronda los 28.000 pesos por juez. La AFIP ofreció dos años y el STJ pidió hasta diez. Aquel organismo no modificó su propuesta, a pesar de múltiples gestiones.

Miembros del tribunal insinuaron que el Estado afronte esos aportes pero, rápidamente, revisaron la posibilidad frente a tal despropósito. Igual intentaron que en Río Negro se repitiera el esquema de Mendoza: la provincia pagó a la AFIP y otorgó un préstamo a los magistrados. Tampoco Saiz lo aceptó. La última opción del STJ recayó en el Banco Patagonia. La entidad habría ofertado un crédito para que las sumas descontadas para la AFIP se paguen a la entidad en tres o cuatro años.

Aceptado por el STJ, el Ejecutivo propondrá a la Legislatura la ratificación del convenio y con su aprobación recién se iniciarán los 90 días de adhesión al nuevo sistema jubilatorio.

En la Justicia se profesa que este esquema -que permitiría la renuncia de una veintena de jueces ya en condiciones de jubilarse- favorecería la renovación del Poder. Frente a esa meta, el STJ alerta sobre que una perjudicial ecuación económica derivaría en desinterés en la adhesión y los jueces seguirían.

Todos cuadros brumosos donde conviven lo aparente de lo real y lo accesorio de lo principal.

 

ADRIÁN PECOLLO

pecollowa@yahoo.com.ar


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