La reforma judicial prevé más juzgados, pero sin generar más gastos

VIEDMA (AV).- La reforma del Poder Judicial de Río Negro prevé la designación de más jueces y la apertura de nuevos juzgados, pero también contempla la exclusión de equipos técnicos sociales, médicos y guarderías.

Ese espíritu está contenido en el trabajo del presidente del Superior Tribunal de Justicia, Luis Lutz, quien explicó que podrá sufrir modificaciones, mientras recordó que el mismo contiene aportes de diferentes sectores en un análisis que se inició hace más de un año.

Lutz planteó su pretensión de que la iniciativa se remita «antes de fin de año» a la Legislatura y además insistió en que «la premisa es previlegiar el poder de los jueces». Pese a la inclusión de nuevas estructuras, el magistrado aseguró que no habrá aumento del gasto del Poder sino que habrá reordenamiento del recurso humano. Comentó que están evaluando y definiendo las tareas para establecer los criterios mínimos de eficiencia y productividad pero aclaró que los incentivos del personal respon- derán a «la capacitación y calificación».

El presidente del STJ reconoció que a partir del «colapso en los juzgados civiles» por el volumen de causas, se planteó desdoblar los mismos y crear «fueros de Familias y Sucesiones» en Viedma, Roca, Cipolletti y Bariloche. Además, consideró constituir nuevos juzgados civiles en Roca, Cipolletti y Bariloche. Entendió que la Justicia de Río Negro «necesita más jueces». En varias oportunidades, Lutz insistió en que las reformas no representarían mayores gastos. Explicó que habrá desagregación de secretarías para dejar una sola por juzgado (actualmente existen dos).

Durante el contacto con los medios, Lutz consolidó ese criterio presupuestario porque existirá «un reordenamiento y racionalización de recursos». Así, en esa línea, el magistrado reconoció que se evalúa «la revisión y racionalización de las funciones impropias o no específicamente jurisdiccionales», aludiendo a las guarderías, los departamentos sociales y equipos de médicos forenses.

Cambios en análisis

En todo momento, Lutz manifestó que esas reestructuraciones todavía están en análisis, pero también reconoció que el proyecto prevé el traspaso de las guarderías a Educación mientras las otras dos áreas se destinarían a Salud Pública. Esos servicios constituyen un costo de 3,5 millones en un presupuesto de 47 millones que se ejecutaría en el 2000. En cambio, definió como «inviable» privatizar el servicio de maestranza, cafetería o limpieza porque «esas tareas deben estar a cargo de personal propio y de confianza».

Por otra parte, el juez Lutz manifestó la necesidad de incorporarse a criterios de racionalización de la Función Pública para un reordenamiento interno del recurso humano. «Se necesitan herramientas porque la estructura está congelada y debe adecuarse a la transformación» del Estado. Entendió la necesidad de la rotación del personal, pero relativizó la mención de prescindibilidad de agentes porque «sólo está planteado como elemento excepcional».

Por el contrario, Lutz insistió que se priorizará la capacitación del personal y que la actualización permanente será «un objetivo inmediato y prioritario». Destacó convenios que el Poder está alentando con «universidades provinciales porque la carrera judicial ya no puede ser por antigüedad sino por capacidad».

Las guarderías, a Educación

Las guarderías, asistentes sociales y médicos forenses tienen destinos fijados en el proyecto de Lutz. Ayer el magistrado fue cauto pero las guarderías -según reconoció plantea su proyecto- podrán destinarse al ministerio de Educación. En cambio, los equipos de sociales y médicos tienen asignada su cesión a Salud Pública, aunque Lutz no pareció tan concluyente en que esta cuestión está definida. «Al Poder le interesaría mantener estos órganos auxiliares, pero depende del costo presupuestario y no puede ser que un médico o un asistente ganen más que los jueces», concluyó en su mensaje. Destacó que «será una reconversión serena, meditada y racional».

También reconoció la pretensión de excluir de la Justicia a los Registros de Comercio y de Adopción. El argumento de Lutz se centró en que «la actividad registral no es actividad jurisdiccional sino del Poder Ejecutivo». Compartió la preocupación que los registros de adopciones siempre aportan mayores garantías si están en la órbita del poder judicial pero aclaró que «no se le puede asignar funciones porque sea más eficiente», comentó. (AV)

Habrá que capacitarse

Capacitación, calificación, eficiencia y productividad fueron las menciones reiteradas de Lutz para explicar la reorganización del recursos humanos de la Justicia.

Aceptó que la adhesión a la ley de Función Pública está destinada a contar con herramientas para la reestructuración del personal (por ejemplo, la rotación de los empleados) mientras aseguró que la cesantía contemplada en aquella legislación sería una excepción.

El magistrado destacó que el STJ avanza en la capacitación del personal porque «la carrera judicial ya no será por antigüedad sino por capacidad» y anticipó que en el ingreso a la Justicia (en el escalafón administrativo) se exigirá el título de abogado o ser estudiantes avanzado (cursado dos últimos años de Derecho).

Por otra parte, anticipó que se crearon varias comisiones de reformas del Poder. Entre ellas, se destacan la informatización judicial y aquella que evalúa los «stándard y el desempeño del personal para establecer cómo se está trabajando». En esa revisión se pretende dimensionar la funcionalidad, la duración temporal de las causas, la afectación de recursos humanos y la productividad funcional.

Ese análisis proyectará los cumplimientos del personal pero Lutz aclaró que los incentivos salariales que puedan aparecer se relacionarán con «la calificación y la capacitación porque capacitarse será una obligación».

También, el magistrado mencionó que una comisión llamada de «compromiso con los judiciables y profesionales» está organizando las oficinas del Poder y además establecer cuál es la atención. (AV)