La reforma política afectará las campañas y la financiación

BUENOS AIRES.- Los legisladores del oficialismo y la oposición acordaron poner en marcha grupos de trabajo que den cuerpo a la reforma política que, entre otras medidas, limitará el tiempo de las campañas electorales y de la búsqueda de financiación.

El punto de partida lo dieron las visitas al Congreso del subsecretario de Interior, César Martucci, quien recogió las diferentes posturas y dio a conocer los lineamientos del proyecto del gobierno.

La primera ronda de consultas exhibió cuatro coincidencias fundamentales:

• La intención de limitar el tiempo de las campañas, que posiblemente se reduzcan a 60 días antes del comicio para la legislativas y 90 para las presidenciales.

• La autorización de fondos mixtos para el financiamiento de las campañas, es decir, una parte prefijada por el Estado y otra proveniente de los privados.

• Una depuración general de los padrones electorales.

• La obligación de realizar internas abiertas, al menos, para la elección de los candidatos a presidente de cada partido.

En el interior de la Alianza las posturas se dividieron frente al financiamiento de las campañas, fundamentalmente porque el vicepresidente «Chacho» Alvarez se inclinaba por que los recursos llegaran exclusivamente del Estado mientras el ministerio del Interior quería que fueran mixtos.

Alvarez considera que abrir la puerta al dinero privado trae tarde o temprano problemas y compromisos con los grupos económicos.

Por otra parte, un financiamiento exclusivamente estatal eleva el gasto público y podría llegar a costar hasta cuatro pesos por voto.

La postura de Interior parece decididamente encaminada a imponerse.

Sin embargo, dentro de la posibilidad de admitir aportes privados también existen diferencias.

El proyecto de la diputada justicialista Cristina Fernández de Kirchner, por ejemplo, precisa que los mayores de mil pesos deben ser con cheques y propone un límite máximo de 20.000 para cada ejercicio anual.

En cambio, el Poder Ejecutivo fija para las personas físicas un techo de 40.000, que asciende a 200.000 para las empresas o fundaciones. (DyN)

La consulta popular sigue hibernando

A pesar de que la inmensa mayoría del foro político que integra el ámbito legislativo ensalza sus virtudes, el Congreso sigue en mora con el compromiso constitucional de reglamentar el mecanismo de la consulta popular.

Nadie ensaya una respuesta. Y dos dictámenes, uno de Diputados y otro en Senado, duermen el sueño de los justos en las respectivas comisiones de Asuntos Constitucionales.

Este gesto de ampliación del sistema de la democracia directa, fue instituido por el artículo 40 de la Carta Magna, de acuerdo con las enmiendas realizadas a ese texto en agosto de 1994.

Sin embargo, la desidia de los parlamentarios ha llevado al pueblo a que se vea impedido de pasar por las urnas para emitir opinión sobre decisiones del Poder Ejecutivo que interfieren en su vida ya sea positiva como negativamente.

Lo paradójico es que en por lo menos veinte provincias la consulta popular ya ha sido implementada. Los casos de Chaco, Catamarca, Chubut, San Luis y La Rioja engrosan una larga lista de estados provinciales con legislaturas que han comprendido que frente a la inmadurez de las instituciones, el pueblo es lo suficientemente maduro como para ejercer la práctica democrática de emitir su posición. (Infosic)