La responsabilidad de los funcionarios públicos

GUSTAVO CHOPITEA (*)

Nuestros funcionarios públicos parecen no ser responsables de sus errores. Hagan lo que hicieren. Siguen aferrados a sus cargos, como inamovibles. Si, por ejemplo, como consecuencia de una política energética desde hace rato equivocada la industria argentina de pronto no tiene gas, no importa. En todo caso, ante la emergencia los inocentes perjudicados deben resignarse a parar, al menos hasta que vuelva el gas. Y nadie compensa el costo ni pone el grito en el cielo, aunque los errores sean groseramente inocultables. En otras latitudes las cosas son distintas. A veces demasiado. Particularmente en Corea del Norte, el extraño país calificado de Estado ermitaño por su aislamiento. Allí hay un dueño evidente de la nación: Kim Jong-il, el querido líder, que ostenta el campeonato del culto a la personalidad en el mundo. Aunque tiene ciertamente un lote de competidores en otros puntos del planeta, incluyendo nuestra región, en donde personajes como Hugo Chávez o Evo Morales son discípulos sobresalientes. Estos providenciales tienen siempre un entorno de colaboradores sumisos, que responden a ellos. A veces, hasta con sus vidas. En efecto, Kim Jong-il acaba de hacer ejecutar a su ministro de Ferrocarriles por su responsabilidad en haber desatendido el mantenimiento de los vagones de los trenes a los que se reserva para un eventual uso militar. Ocurre que se supo que manos anónimas habían vandalizado esos vagones despojándolos de trozos metálicos que fueron luego fundidos y comercializados en el mercado negro (aparentemente, también allí hay algún tipo de desarmaderos). Sin siquiera pedirle la renuncia, lo hizo así responsable con su vida del desacierto en su gestión. La misma suerte, la de la pena capital, había corrido previamente el director de Finanzas de Corea del Norte, Park Nam-gi, por haber –en este caso– dispuesto una fuerte devaluación de la moneda local con propósitos antiinflacionarios, medida que –no obstante– terminó con el efecto inverso. El error se pagó nuevamente con la vida del responsable. Queda visto que, en algunas partes del globo, quienes se equivocan en la gestión de gobierno deben irse. Pero no sólo de la administración en la que fueron ineficaces. Del mundo, a veces. Parece exagerado y es inhumano. Pero, de allí a la impunidad total hay distancia. Entre nosotros la regla es distinta. Nadie es responsable y todos pagamos silenciosamente por los errores cometidos desde el gobierno. La amenaza no es la muerte. Es el uso, o más bien el abuso, del poder de policía administrativo. A la vista de todos, con jueces que no castigan los abusos sino que se limitan a retar indulgentemente a los abusadores, conscientes quizás de que, al menos por el momento, de ellos depende su propia carrera judicial y su futuro. (*) Analista Internacional del grupo Agenda Internacional