La revalorización de lo público

En la medida en que el Estado deje de ser productor de bienes y servicios, tiene que aumentar sus funciones como regulador de los mercados». La frase no está tomada del discurso de cualquier moderno político socialdemócrata, sino que proviene del «Financial Times», el diario inglés, de reconocido sesgo liberal. Hasta hace poco tiempo, el discurso pasaba por exigir el desmantelamiento de los aparatos asistenciales y de regulación de lo público. Pero una serie de circunstancias producidas en el Reino Unido ha llevado a revalorizar la necesaria intervención del Estado. La extensión súbita de la fiebre aftosa ha dado lugar a pensar a los expertos en un inexplicable retraso en la detección de los primeros casos. No hay una acusación directa a las autoridades británicas de haber ocultado la información, sino que se piensa que el desmantelamiento de los servicios públicos de control veterinario dispuestos en la época de Margaret Thatcher han impedido confirmar a tiempo los casos de fiebre aftosa. Por otra parte, una serie de accidentes ferroviarios, que han segado decenas de vidas, parecen estar directamente relacionados con la privatización de esos servicios y la falta de recomposición de las infraestructuras por el excesivo afán de lucro de las compañías privadas concesionarias.

Estos datos ponen nuevamente sobre la mesa la cuestión vinculada con los límites del mercado. Los mercados, en la medida en que no estén concentrados y dominados por algunas grandes empresas, son útiles como sistemas de señales para indicar las preferencias de los consumidores. Las complejidades de las sociedades modernas no permiten pensar en otro sistema de encuentro entre productores y consumidores. Pero no hay que exagerar y endosar a los mercados virtudes que no tienen. Los mercados tienen que ser preservados de la avidez desmesurada de beneficios (leyes para defender la competencia y para proteger la calidad y el medio ambiente), tienen que ser complementados (mediante la provisión de las infraestructuras de transportes y comunicaciones) y corregidos (impuestos y subsidios) mediante una instancia que actúe en nombre del conjunto de la sociedad. Esta función ha sido tradicionalmente desarrollada por la administración pública, aunque nada impide pensar en que existan también otras instancias reguladoras más descentralizadas (colegios profesionales, cooperativas de productores u otros grupos de la sociedad civil). Del mismo modo, aceptando que lo importante es la actividad reguladora, se puede aceptar, y hasta podría entenderse en algunas circunstancias como más conveniente, que la prestación de determinados servicios públicos se hiciera por medio de empresas privadas. Naturalmente, esto requeriría una mayor intervención reguladora para garantizar la calidad de esos servicios, y la no discriminación entre los beneficiarios. De esta manera el acento se pone más que en el régimen de propiedad, en la regulación de ese derecho en función de las necesidades mayoritarias de la población.

De igual modo, el notorio crecimiento de las desigualdades en las modernas sociedades capitalistas se estima que está directamente relacionado con el desmantelamiento de los mecanismos del «Estado de bienestar». Los gobiernos europeos más conservadores y privatizadores han tomado ya muy buena nota de ello. Se impone la idea de una economía mixta, es decir de colaboración y coordinación entre los agentes privados y las autoridades públicas. Hoy está claro que es posible redistribuir y producir mayor justicia social sin dañar la capacidad productiva. Y de este modo la política social no es sólo un modo de paliar desigualdades, sino un elemento crucial para el correcto funcionamiento de la democracia.

Se aduce a veces que el Estado regula mal el mercado, o que el exceso de regulaciones fomenta el fenómeno de la corrupción. Sin embargo, el argumento no puede utilizarse para deslegitimar la función reguladora del Estado, sino en todo caso para mejorar y simplificar los mecanismos de regulación. Como señala Luis de Sebastián («Cuatro verdades sobre el mercado», Editorial Trotta), «los equilibrios, soluciones y resultados de la actividad económica más aceptables desde la perspectiva del bien común tienen que conseguirse en una interacción inteligente, creativa y equilibrada de los mercados particulares con las autoridades y las entidades por las que se expresa y actúa la sociedad civil».