La Rosada busca aislar a los duros

por: HORACIO CARIDE

Cuando la vicepresidenta de la asociación ganadera CARBAP, Analía Quiroga, lanzó el exabrupto sobre la figura presidencial, parecieron derrumbarse los puentes de dialogo entre ambas partes.

Todavía se especula en el entorno presidencial que la hasta aquí ignota dirigente agraria fue la cara visible de una declaración de guerra de los sectores más duros del campo en cuanto a sus reclamos corporativos.

Sin embargo, horas después llegaron a despachos oficiales varias misivas secretas de la Sociedad Rural Argentina tomando distancia de los agravios contra la investidura presidencial.

Aparentemente, Quiroga tuvo un reacción puramente sanguínea o de repentino personalismo al hablar el jueves temprano en una radio porteña (Radio Mitre) a la que le manifestó que el presidente «no tenía materia gris» en sus consideraciones sobre la avaricia de estos sectores.

En el gobierno, el ala política cerró filas y reclamó un desagravio aunque puertas para adentro consideraron el episodio como altamente positivo en la imagen del primer mandatario ante la opinión publica.

«Cuanto más nos peleemos contra estos sectores 'oligárquicos', mejor nos va a ir con la gente», analizó un autentico dirigente «K».

Esto no quita que hayan sido bienvenidos los mensajeros de la Sociedad Rural, que ya piden pista para una nueva reunión en la Rosada una vez que se apaguen las últimas brazas de la ardiente polémica pública.

Ayer, al mercado de Liniers ingresó un volumen muy superior de ganado medio del que se había ofertado jornadas anteriores, por lo que para el kirchnerismo significó una señal a dos puntas: «Quieren negociar, y quedó demostrado que operan un mercado cartelizado».

En tanto, la ministra Felisa Miceli anunció un control de la exportación de ganado, mediante un registro ideado por el Secretario de ganadería, Miguel Campos.

Este funcionario que camina por arenas movedizas en una fuerte interna con parte del gabinete, parece haber encontrado su principal punto de equilibrio en los ataque que recibió de la Carbap, quienes pidieron su renuncia por considerarlo principal responsable de las falsas promesas de baja de retenciones.

«El presidente no le va a entrega una cabeza política al campo», aseguró un asesor cercano a la ministra de economía .

El lado político

¿Es un tema ideológico o meramente económico el que provoca la virtual divisoria de aguas?. Para el gobierno, lo primero salta a la vista y destacan que la dirigente de Carbap mencionó a Eduardo Duhalde como el verdadero «salvador» de la crisis por la cual el campo volvió a respirar tras la devaluación.

En cambio, fuentes de la Sociedad Rural prefieren acotarlo a un cierre de números, en el cual la baja de retenciones es una bandera innegociable. Apuntan también que en la cadena de valores del precio vacuno nadie habla de lo gravoso que es la intervención del Estado en diversos impuestos que evalúan como regresivos.

Según este sector, el 40% del precio de la carne lo genera la intervención del Estado a través de órgano de control, el Senasa .

Tasas, aranceles y servicios requeridos, comprenden el rol de este monstruoso organismo que en el 2005 recaudó 45 millones de pesos, al margen de la tercerización del plan de vacunación antiaftosa que acumuló otros tantos cientos de millones.

Pese a la radicalización de las posiciones, el acuerdo con el campo es una necesidad urgente para el Ejecutivo si es que quiere ser efectivo en la lucha contra la inflación que en el mes de marzo asoma como ingobernable.

Se presume que una vez apagadas las últimas brazas del enfrentamiento, el gobierno buscará abrir de nuevo el diálogo, cediendo a mediano plazo una disminución en la retención por exportaciones.

Al mismo tiempo, la ministro Felisa Miceli ha prometido una línea de créditos de 300 millones de pesos. Mientras tanto se montó una estrategia de aislamiento a los sectores más duros .

A cambio, el gobierno aspira a poder terminar con los altos índices de evasión que se traducen por ejemplo en la falta de un relevamiento de la cantidad de cabezas con las que actualmente cuenta el campo. Estimaciones extraoficiales hablan de 48 a 60 millones de vacas de las cuales un altísimo porcentaje se destina a la exportación.

Una nueva ley de carnes podría terminar de articular reglas de juego más claras en una relación plagada de recelos, intereses cruzados y hasta cuestiones de piel que no ayudan al llamado consenso.

Igualmente la guerra entre el gobierno y el campo no parece convenirle a nadie. La inflación y las reservas primero hablan con el bolsillo y después atacan al corazón de la economía.

Notas asociadas: Los ganaderos deberán pedir permiso al gobierno para exportar  

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