La secesión de Kosovo

La provincia serbia de Kosovo acaba de declarar su «independencia». Desde el final de la guerra de Yugoslavia de 1999, los Estados Unidos han apoyado abiertamente la independencia de Kosovo. Los estados más grandes de la Unión Europea -Reino Unido, Alemania y Francia- han sumado su apoyo a esa iniciativa. Sin embargo, la decisión unilateral, vista desde una perspectiva jurídica, constituye una clara violación del derecho internacional.

La provincia de Kosovo abarca una superficie de 10.000 km2, es decir que equivale a la vigésima parte de la provincia de Río Negro (que tiene 200.000 km2). En ese reducido trozo de territorio viven dos millones de habitantes que en un 90% son albanokosovares, de religión musulmana. En el norte de Kosovo, en la región de Mitrovica, viven unos 140.000 serbios, cristiano-ortodoxos, opuestos a la independencia.

Kosovo es inviable desde la perspectiva económica y no puede subsistir sin la ayuda internacional. Carece de recursos naturales, salvo algunos minerales en el subsuelo, y la principal actividad económica consiste en una agricultura rudimentaria. El desempleo alcanza al 63% de los albanokosovares y al 93% de los serbios. Por su territorio pasa el 80% del tráfico de heroína de Europa y es el lugar de instalación de importantes clanes mafiosos que extienden sus redes por varios países europeos.

La Resolución 1.244 (de 1999) del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas -que puso fin al conflicto que motivó la intervención armada de la OTAN en Yugoslavia- fijaba una administración provisional para «crear las condiciones de un proceso político encaminado al establecimiento de un gobierno autónomo sustancial para Kosovo, respetando los principios de soberanía e integridad territorial de la república de Yugoslavia y demás países de la región». Por consiguiente, la decisión de declarar unilateralmente la independencia vulnera claramente esa resolución.

También se violan la letra y el espíritu del Acta de Helsinki, firmada por todos los países europeos y los Estados Unidos en 1975. En virtud de este acuerdo, todos los integrantes declaran su determinación de respetar y poner en práctica en sus relaciones con los demás Estados, independientemente de sus sistemas políticos, los principios, entre otros, de «inviolabilidad de las fronteras» e «integridad territorial de los Estados».

La aceptación y el beneplácito con que Estados Unidos y los países europeos más grandes han recibido la decisión unilateral de secesión de Kosovo constituyen, desde la perspectiva política, un peligroso precedente. Con el mismo derecho, las minorías serbias del norte de Kosovo podrían ahora reclamar la adhesión a Serbia; o similar reclamo podría provenir de los serbios de la República Srpska de Bosnia-Herzegovina que desean desde hace tiempo unirse a Serbia.

Existe una natural predisposición a pensar que si las poblaciones no quieren vivir juntas, la mejor fórmula es que se separen. De esta manera las fronteras políticas se trazarían de modo que pudieran coincidir con la distribución étnica de las poblaciones. Esta fórmula aparentemente sencilla, aplicada a Europa central, podría dar lugar a un sinfín de conflictos y operaciones de «limpieza étnica», puesto que existen minorías étnicas en casi todos los países: griegos en el sur de Albania; minorías eslovenas en la actual Carintia austríaca; musulmanes turcos en la Tracia griega; albaneses en Macedonia; magiares en la Voivodina serbia; entre tres y cuatro millones de gitanos que viven en los Balcanes y carecen de Estado, etc.

En el resto de Europa, varios países afrontan demandas regionales de mayor autonomía que podrían desembocar en eventuales conflictos dirigidos a provocar la secesión. En España, el caso de vascos y catalanes y, en Bélgica, las crecientes diferencias entre flamencos y valones. En el perímetro de lo que fue la Unión Soviética existen territorios no reconocidos que se declararon independientes a principios de los noventa, como Osetia del Sur y Abjazia en Georgia; el Transdniéster en Moldavia y el Alto Karabaj en Azerbaiyán.

Como señala el analista Jean Arnault Derens, «la idea de que la modificación de las fronteras podría resolver todas las cuestiones nacionales se basa en una ilusión fundamental, la de que existirían fronteras «justas» por ser étnicas. En realidad todas las fronteras, y no sólo en los Balcanes, son creaciones históricas, el resultado de relaciones de fuerza políticas y militares. No existen fronteras «justas» como tampoco «naturales».

La «independencia» de Kosovo responde más al juego de poder entre las grandes potencias, que al deseo de respetar la voluntad de los pueblos. Frente a esas jugadas interesadas que socavan el derecho internacional hay que oponer estrategias que permitan resolver los conflictos étnicos y fronterizos por medios pacíficos, estableciendo fórmulas novedosas de soberanía compartida. La imposición violenta de una fórmula unilateral equivale a sembrar la semilla de un nuevo conflicto que germinará en el futuro.

ALEARDO F. LARÍA (*)

Especial para «Río Negro»

(*) Abogado y periodista. Madrid