LA SEMANA BARILOCHE: Un riesgo desatendido

A diferencia de otras audiencias públicas, la convocada hace nueve días por el Ejecutivo municipal para consultar sobre el futuro del transporte urbano aportó muy poco al análisis de un tema que ni siquiera está instalado a pleno.

Apenas insinuó un debate preñado todavía de muchas ambigüedades y donde estuvieron ausentes hasta aquí las cuestiones que realmente interesan al usuario: las frecuencias y recorridos de los ómnibus, la construcción de refugios, el sistema de expendio de boletos, el ajuste de los controles sobre las prestadoras y especialmente la tarifa del servicio.

La singularidad de la audiencia estuvo dada no sólo por la fecha (un 1 de febrero y con escasa difusión previa), sino también por las evaluaciones posteriores. Durante el cónclave, la gran mayoría de los expositores defendieron la contratación directa de las actuales prestadoras por otros 10 años, sin licitación ni compulsa alguna.

A la hora de medir el resultado, los representantes del oficialismo y de las propias empresas destacaron esa casi unanimidad. Pero ninguno lamentó que entre los oradores faltaran los simples usuarios del servicio.

Sí dijeron los suyo con profusión de argumentos los propios empresarios, algunos empleados y otros vecinos con notorio interés en la continuidad de Codao y Tres de Mayo.

El Ejecutivo municipal exhibió un súbito interés en cerrar contra reloj un tema pendiente desde hace cuatro años, pero hasta aquí se abstuvo de poner por escrito el contrato que pretende firmar con las empresas. Incluso uno de los oyentes de la audiencia consultó en la dirección de Tránsito y Transporte sobre el expediente de la convocatoria y le dijeron que no existía.

Esa omisión, que incumple el reglamento de audiencias públicas, fue señalada esta semana por varios concejales de oposición, quienes ratificaron que no hay todavía un proyecto de ordenanza para la «reconducción» automática de las concesiones.

Si el objetivo de la audiencia pública era escuchar a todos los interesados, estuvo incumplido. Es evidente que ninguna decisión seria podrá tomar el Concejo Deliberante sobre una convocatoria tan amañada. Varios de los ediles ya anticiparon que convocarán una nueva audiencia cuando tengan el proyecto, porque así lo determina la Carta Orgánica.

También acusaron al intendente Darío Barriga y a sus colaboradores de forzar una continuidad «agarrada de los pelos y sin debate técnico».

Todo el episodio impone también el peligro adicional -atisbado hasta ahora por muy pocos- de que las audiencias públicas degraden finalmente en un mero instrumento de conveniencia.

Como mecanismo de consulta a la comunidad, las audiencias tienen en Bariloche una historia breve y significativa. Hace unos pocos años el Concejo lo empleó para definir una nueva ordenanza regulatoria del consumo de alcohol.

En 2005, otra audiencia de amplia participación sirvió para clausurar definitivamente el proyecto de fraccionamiento de tierras en Las Victorias, que había promovido el ex intendente Icare con el alegado propósito de llevar allí a las familias en riesgo de la Barda del Ñireco.

En fecha más reciente, otra audiencia pública de masiva y variada convocatoria relevó opiniones sobre la regulación de los casinos y desembocó en la aprobación de la ordenanza puesta a debate.

El mes pasado otro cónclave similar desmenuzó el presupuesto municipal 2008 y el aumento de tasas. Aunque la mayoría de las voces fueron en contra, ambos proyectos terminaron aprobados con ajustes menores.

La audiencia del transporte no sólo perdió efectividad por la fecha de convocatoria y por estar encimada con la anterior. También es la primera vez que muchos sectores sociales involucrados en tema a tratar faltaron a la cita. Aun así, los organizadores se felicitaron por el resultado.

Las audiencias públicas no son un oráculo infalible y de hecho sus conclusiones no son vinculantes. Sus módicos objetivos son los de fortalecer la representatividad y atenuar los vicios de una democracia demasiado intermediada. Con ese propósito la nueva Carta Orgánica la impone como obligatoria para el análisis anual del presupuesto, la concesión de servicios públicos, la adopción de regímenes tarifarios y otro amplio número de casos.

Está claro que su legitimidad es mayor cuando la participación es masiva y cuando registran la voz de todos los subgrupos sociales afectados. Aun con sus defectos, han servido para abortar o reorientar decisiones que ya estaban casi tomadas.

La clase política local debería tener clara conciencia de esos detalles y evitar nuevos abusos.

DANIEL MARZAL

dmarzal@rionegro.com.ar