LA SEMANA EN BARILOCHE: Certeza se busca

Quienes están involucrados de cuerpo y alma en las campañas partidarias para la elección municipal -y que por hastío o desorientación son cada vez menos- no ganan para sorpresas.

Cuando el proceso electoral parecía encaminado con el nuevo llamado a las urnas para el 1 de julio, otra impugnación judicial lo devolvió al conocido terreno de la incertidumbre.

A diferencia de la presentación que terminó por voltear la convocatoria para el 27 de mayo, esta vez no es un afiliado peronista sino un grupo de abogados de la UCR (diferenciados del oficialismo) los que objetaron el llamado porque consideran desatendido su derecho a elegir y ser elegidos.

La falta de tiempo para presentar candidaturas (el plazo último vence el próximo miércoles 13) y la necesidad de respetar la ley que impone convocar elecciones con una antelación de entre 90 y 120 días son algunos de sus argumentos.

El planteo puso en marcha un mecanismo judicial que es sólo un desafío pero al mismo tiempo una garantía indispensable que todos -incluidos los más indignados- estarán alguna vez en situación de agradecer.

Deberá expedirse primero la Junta Electoral Municipal y luego con las seguras apelaciones el litigio obligará a opinar al Tribunal Electoral Provincial y por último al Superior Tribunal de Justicia, con eventual llegada a la Corte Suprema.

La irrupción de los radicales opositores cayó indigesta en el comité partidario. El candidato a intendente, Hugo Castañón, no quiere ni oir hablar de un nuevo llamado a internas, como pretenden los impugnadores. Y la propia conducción local de la UCR los acusó de destilar «rabia y rencor» y de ser funcionales a «los pensamientos de (Adolfo) Fourés, el principal operador de los intereses del intendente Icare».

Más allá del enojo provocado y de la intencionalidad que lo pueda inspirar, el escrito de impugnación que presentaron Juan Pablo Alvarez Guerrero, Daniel Balduini y compañía incluye varias referencias dignas de análisis.

Luego de citar un fallo del juez de la Corte Ricardo Lorenzetti, defienden el principio de que «el proceso electoral debe estar al servicio de la soberanía popular y no al revés». Y agregan: «el sistema debe tender hacia su fin último que es reflejar claramente la voluntad del ciudadano. Caso contrario pasa, como está sucediendo ahora, que el procedimiento se antepone al fin buscado y entonces, en aras de cumplir un ridículo cronograma electoral, no se permite la presentación de otros partidos políticos ni de nuevos candidatos, violando de este modo fundamentales derechos de raigambre constitucional».

Recuerdan también que el STJ, al anular la convocatoria a elecciones del 27 de mayo, dijo en su fallo que quería ser «absolutamente claro y terminante en no permitir improvisaciones ni manipulaciones en los procesos electorales». Los demandantes aseguran que está sucediendo «todo lo contrario».

También merece atención una de las causales de «falta de razonabilidad» que los impugnantes atribuyen al llamado electoral para el 1 de julio. Sostienen que es alta la probabilidad de que existan ese día «circunstancias climáticas complejas» que alteren el comicio.

Una sola vez hubo elecciones en fecha invernal y fue en las provinciales de 1999, cuando se votó el 27 de junio. Las crónicas de ese día señalan que «después de semanas de lluvia y nieve amaneció despejado, aunque muy frío. La mínima fue de 7,4 grados bajo cero y hasta el mediodía la temperatura se mantuvo debajo del punto de congelamiento».

Otro dato a tener en cuenta -si bien este año se presenta inusualmente seco- es que en Bariloche los meses de junio y julio son históricamente los más lluviosos, con promedios de precipitaciones de 186 milímetros y 154 milímetros respectivamente. Como lo sabe cualquier poblador, en otoño e invierno es frecuente encontrarse con semanas enteras en las que llueve todos los días. Basta con recordar lo ocurrido en 2004, cuando justamente para el 1 de julio la ciudad enfrentó una emergencia de impacto nacional debido a los derrumbes en la Barda del Ñireco provocados por la intensidad de las precipitaciones.

Sólo queda apostar a que la meteorología se apiade de la vocación cívica, pero aun así votar en esa fecha puede ser un fuerte desaliento a la participación.

A esta altura es difícil determinar si la convocatoria para el 1 de julio fue una imposición del STJ o una conveniencia del Ejecutivo municipal, pero lo cierto es que el proceso previo llega tan sucio y accidentado como nunca.

La disputa entablada y el calibre de las acusaciones que se cruzan las partes expone las peores miserias de la política y contribuye a ahondar la indiferencia social. Nadie, aun los actores más exasperados, deben ignorar que éste es el peor contexto para alumbrar las definiciones cruciales que la ciudad espera.

DANIEL MARZAL

dmarzal@rionegro.com.ar