LA SEMANA EN BARILOCHE: Frente y fondo

No sólo por la penosa trifulca del final, en la que un funcionario del EPRE intentó golpear a un consejero de la CEB, la audiencia pública por la tarifa eléctrica realizada el último jueves en esta ciudad estuvo plagada de singularidades.

También resultó curioso que no hubiera oradores opositores a la suba del 10% en la tarifa que reclama la Cooperativa para atender costos laborales. Una docena de personas pasaron por el micrófono a lo largo de la audiencia, pero el único que objetó el ajuste fue el Defensor del Usuario contratado por el EPRE.

Entre quienes argumentaron a favor estuvieron el síndico y algunos directivos de la CEB. Pero también unos cuantos vecinos y «asociados» defendieron la nueva tarifa, que apunta a mejorar la ecuación económica de la prestadora y que ahora espera la evaluación final del EPRE.

La motivación de esas posturas fue bastante más allá del crudo análisis económico de costos y precios. A través de algunas de las ponencias ganó la escena un litigio de mayor espesor, relacionado con el modelo de gestión de la CEB, el rol que juega la provincia a través del ente regulador, y en última instancia la campaña para que el municipio recupere el poder concedente eléctrico.

Sin dudas sonó extraño que el Defensor del Usuario haya atacado el incremento mientras los usuarios, renegaron de esa defensa y lo consideraron justificado. Pero lo más interesante fue cuando el debate derivó hacia cuestiones alejadas en cierto modo del objeto estricto de la convocatoria.

La vecina Ana Wieman, por caso, valoró que la distribución eléctrica «siga en manos de una cooperativa» mientras otros servicios públicos como el teléfono es explotado «por una multinacional española que no brinda atención personalizada y que demora meses en reponer las líneas caídas». Como ocurrió luego del temporal que sufrió Bariloche el último invierno.

Aun cuando el aumento de tarifas afecte su bolsillo, Wieman se manifestó en contra de «la política de reducir la cantidad de empleados y la calidad de servicios», a la que identificó con «las empresas privatizadas bajo el modelo de los años 90».

Otro de los oradores fue el ex candidato a intendente por el partido Comunista, Arístides Terrile, quien se mostró de acuerdo con la suba de la tarifa y defendió la «rentabilidad suficiente» que necesita una cooperativa en contraposición con el concepto de «máxima ganancia» que persigue la empresa tradicional.

«Para los políticos neoliberales, la cooperativas no son bien vistas porque les preocupa que la solidaridad pueda generar poder», sostuvo Terrile. Y nadie le advirtió que se apartaba del tema en tratamiento.

Claro que el EPRE y sus máximas cabezas (entre ellos, el moderador) tenían a esa altura la autoridad averiada. Otros expositores ya habían criticado que el organismo examine con máxima severidad un aumento del 10% en la tarifa final, pero no someta a ningún escrutinio público el incremento anual del canon que le cobra a las prestadoras, que en el último ejercicio llegó al 27%.

Además, los directivos de la CEB apuntan cada vez que pueden sobre los abultados presupuestos del EPRE y sobre la condición de «acomodados políticos sin ninguna experiencia en temas energéticos» que distingue a sus principales funcionarios. Antes de fin de año la CEB deberá afrontar otra revisión tarifaria. Pero el conflicto que mantiene con el EPRE augura un proceso accidentado.

El marco regulatorio provincial aplicado sobre la CEB (y también sobre Edersa) está hecho a imagen y semejanza del que rige a nivel nacional y responde fielmente a la cosmovisión privatista de la década pasada.

Son muchos en Bariloche los que suponen que la provincia y el EPRE ejercen un apremio premeditado sobre la CEB. Y que el propósito final es desplazarla en febrero de 2012, cuando venza su contrato, para dejar el servicio eléctrico local en manos de Edersa o una empresa de modelo similar.

Ese encono acumulado se asocia con los reclamos para que el municipio recupere el poder concedente eléctrico que perdió hace 12 años. Alguien recordó en la audiencia que la CEB es de los asociados, que pueden elegir o desplazar a sus autoridades, y se preguntó por qué no pueden ellos mismos vigilar la estructura de costos y aprobar las escalas tarifarias, sin tutela provincial.

Es evidente que el modelo regulador imperante está pensado para sociedades anónimas con fines de lucro y directorios distantes. Pero no para empresas de propiedad colectiva. No obstante, entre los debates por venir, el derivado del planteo localista será menos atractivo que la confrontación entre el modelo de gestión cooperativa y el de las empresas privadas.

Más allá de las simpatías que coseche, la CEB deberá esmerarse en demostrar que su dinámica de funcionamiento le permite prestar servicios más eficientes y a un costo menor que una compañía de pocos accionistas preocupada por maximizar sus utilidades.

DANIEL MARZAL

dmarzal@rionegro.com.ar