La semana en San Antonio: Pobres contra pobres

Lo más cruel de la crisis aparece cuando se generan conflictos entre los más desprotegidos. Cuando en pos de mejoras en la calidad de vida, justas e imprescindibles para todos, unos y otros chocan por lograrlas, sacando a relucir sus necesidades y sus miserias.

Es injusta y dolorosa la pelea entre pobres. En especial cuando los involucrados no reclaman más que se les satisfaga uno de sus derechos básicos: poder contar con una vivienda digna donde criar a sus hijos. Pagándola, sin que nadie les regale nada.

La demanda habitacional en San Antonio desborda. Hay decenas de casas usurpadas, que en lugar turístico como éste deberían haberse conservado como museo o como monumentos históricos. Hay viejas casas ferroviarias, preparadas para una familia que han sido divididas, para alojar a tres o cuatro grupos hacinados.

Muchos sanantonienses alquilan, contando cada mes las monedas para no incumplir, aunque en eso se vayan algunos almuerzos, alguna prenda, útiles para la escuela y todo elemento «prescindible».

Aquellos buenos tiempos de plena ocupación, con pesca industrial y artesanal en marcha, con la fábrica de Alpat en construcción con más de 700 obreros, hoteles llenos de operarios calificados y comercios con actividad, dejaron al irse un tendal de desocupados, decenas de familias que habían llegado con esperanzas a la localidad, reclamando soluciones a sus inconvenientes y a los propios sanantonienses golpeando puertas para encontrar el nuevo camino.

Por eso el plan de las 66 viviendas fue una esperanza para muchos habitantes del lugar. Esperanza que debía ser manejada con cautela por los funcionarios. Porque es inconcebible que se tomen con liviandad las expectativas de cientos de personas que desean su techo propio y que saben que si no se da, tendrán que esperar años para que otro plan se concrete.

Se veía venir el actual debate, las innumerables impugnaciones y los dimes y diretes sobre «acomodos», arreglos y favores a punteros. Porque hubo 700 personas haciendo cola para averiguar sobre el plan, más de 200 de ellas se inscribieron, y solamente 66 resultaron preadjudicadas.

Por respeto al resto, era necesaria mayor claridad. La pelota de la responsabilidad va y viene desde el IPPV al Municipio y viceversa. «El próximo plan que lo maneje todo el IPPV, que para eso está», aseguran los funcionarios municipales. «Nosotros tenemos otros temas de qué ocuparnos», afirman.

La situación exigía más precaución, porque la ansiedad, claro estaba, era muy profunda. Y la desilusión fue proporcional.

La realidad indica que urgentemente hacen falta más planes de vivienda, ya no destinados a empleados de 500 pesos de sueldo para arriba, sino para, por ejemplo, los beneficiarios del plan Jefes de Hogar, para los changarines, para los jornaleros cuyos ingresos oscilan entre 150 y 300 pesos mensuales y a los que no se les puede exigir más de 50 pesos de cuota.

En estos tiempos de crisis, la única opción es que el Estado busque cómo aliviar estas necesidades. Y que además trate de encontrar los mecanismos para que no haya ni una duda en el proceso de adjudicación y se eviten las peleas de pobres contra pobres.

Pedro Caram

pcaram@canaldig.com.ar


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