La sindicalización policial, Por Martín Lozada y Silvia Contrafatto de Cartolano 17-11-03

Por Martín Lozada y Silvia Contrafatto de Cartolano



En la Universidad Nacional del Comahue se desarrolló el pasado 15 de octubre la Segunda Jornada sobre Violencia, Seguridad y Ciudadanía. El tema convocante fue la desaparición del joven universitario Sergio Avalos, aunque durante su transcurso se abordaron otros de inquietante actualidad.

La discusión, sin embargo, terminó centrándose en el modelo de policía capaz de satisfacer las necesidades sociales de seguridad y orden público. Objetivo a ser cumplido en un marco democrático y a cierta distancia de las pulsiones autoritarias que siempre acechan a los órganos punitivos del Estado: aparato policial, administración de justicia penal y sistema penitenciario.

Quedó así planteada una pregunta que a la postre habría de motivar estas líneas: ¿es posible y conveniente la sindicalización policial? Fue inicialmente el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Comahue, Dr. Juan Manuel Salgado, quien afrontó el desafío y dio respuesta positiva a la cuestión, explicando los motivos y su fundamento constitucional. Lo siguió luego un debate, protagonizado mayoritariamente por oficiales de la Policía de la provincia del Neuquén.

El punto analizado tiene sus antecedentes en el orden nacional: el 3 de diciembre del 2001 se realizó en la Legislatura bonaerense el Primer Encuentro sobre Discriminación de los Policías en el Ejercicio del Derecho Sindical. Participaron legisladores y representantes de asociaciones sindicales de las provincias de Buenos Aires, Chaco, Santa Fe, Entre Ríos, San Juan y Neuquén, quienes coincidieron en la necesidad de impulsar la creación de un sindicato que agrupe a los efectivos de esa fuerza de seguridad y denunciaron “la sordera caprichosa del poder político”.

Más tarde, el 17 de abril del 2002, los representantes de los sindicatos policiales de distintas provincias realizaron también en la Legislatura bonaerense el Primer Congreso Nacional en el que se impulsó la reglamentación de esas entidades.

En diciembre de ese año el tema quedó impuesto a nivel ministerial gracias a que Marcelo Saín, por aquellos días viceministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, presentó al gobernador Felipe Solá un proyecto de reforma integral y sindicalización de la fuerza. Dicha iniciativa quedó latente, y cuenta con el apoyo de algunos legisladores, de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) y la organización de desocupados Federación Tierra y Vivienda (FTV).

La experiencia acumulada en otros países constituye una referencia obligatoria. En nuestro ámbito latinoamericano se destaca el caso de varios de los Estados que constituyen la República Federativa del Brasil. En España, por su parte, se encuentra conformado el Sindicato Unificado de Policía (SUP), autoproclamado como una organización libre, democrática, unitaria y pluralista que se rige por la voluntad de sus afiliados.

En la Comunidad Europea casi todos los Estados parte cuentan con organizaciones sindicales del tipo, que a su vez integran desde octubre del 2002 la Federación Europea de Policía (Eurocop). Esta nueva organización, que reemplaza a la histórica Unión Internacional de Sindicatos de Policía creada en 1953, representa a más de 500.000 empleados europeos en relación con cuestiones que afectan a las condiciones de trabajo o los deberes de los funcionarios de Policía.

Quienes en nuestro país propician estas iniciativas se apoyan normativamente en los artículos 14 y 14 bis la Constitución Nacional, concordantes con otras leyes nacionales y/o convenios internacionales a los que la República Argentina ha adherido; entre ellos, respecto de la propia Organización Internacional del Trabajo (OIT). Este organismo, miembro de la familia de las Naciones Unidas, fomenta la organización sindical de las fuerzas de seguridad del Estado, aunque deja librado a cada uno de aquéllos la evaluación de su conveniencia, modo y oportunidad.

El Dr. Salgado, en ocasión de la referida jornada llevada a cabo en la ciudad de Neuquén, expresó con claridad que el derecho de agremiarse libremente y de participar en otras actividades lícitas tendientes a la defensa de los intereses profesionales, constituyen atribuciones esenciales de todos los trabajadores. En suma, derechos que la sociedad debe respetar y proteger, asegurando su libre ejercicio y repudiando todo acto que pueda dificultarlo o impedirlo.

La discutida sindicalización de los trabajadores policiales podría permitir una representación colectiva que defienda sus intereses laborales, sin por ello resentir los principios de disciplina y subordinación imperantes en las instituciones a que pertenecen. Punto, claro está, donde radican las preocupaciones de la mayoría de quienes ocupan las más altas jerarquías en las respectivas fuerzas.

He aquí el desafío planteado: reconocer y proteger los derechos de un golpeado colectivo laboral hasta ahora privado de ciertos derechos inherentes a todo trabajador y, simultáneamente, adoptar una reglamentación que impida que sus eventuales medidas de fuerza obstruyan el normal desenvolvimiento del servicio esencial de seguridad. Una ecuación difícil, es cierto, pero constitucionalmente posible.


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