La telefonía móvil habría facturado más de $ 45.000 millones en el 2012

Mercado nacional

El 95,4% de los hogares urbanos de todo el país accedían a algún tipo de teléfono, de acuerdo con la “Encuesta nacional sobre acceso y uso de tecnologías de la información y la comunicación” (Entic) del tercer trimestre de 2011, difundida recién el 11 de diciembre pasado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Casi el 85,6% de esos ámbitos contaban al menos con una línea móvil en funcionamiento y el 61,9% con una fija.

Los celulares se usaban más en Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (92,2%), Santa Cruz (84%), Chubut (81,9%) y la ciudad autónoma de Buenos Aires (81%). En menor medida que en el resto del país, en Salta, Jujuy. Formosa, La Rioja y Río Negro.

La población urbana de 10 años o más los empleaba con mayor frecuencia: a nivel nacional, el 95,6% todas las semanas, y el 61,8% todos o casi todos los días. El grupo etario de 30 a 39 años más que los demás, aunque también reflejaban una utilización extendida los de 20 a 29 y de 40 a 49.

El 67,1% de quienes asistían a un establecimiento educativo tenía celulares y otro tanto las tres cuartas partes de los que no concurrían, pero en algún momento lo hicieron.

Para este 2013 se estima que los celulares continuarán ampliando diferencias sobre los tradicionales, ya que el nivel de ventas se mantendría e incluso se incrementaría levemente. En el país, últimamente se vendieron aproximadamente un millón de los aparatos en cuestión por mes.

Sin embargo, aquí la telefonía móvil aún no es considerada un servicio público. Está desregulada y por eso las tarifas y las condiciones de las prestaciones se ajustan más a las ganancias de las pocas empresas que participan del mercado (ver cuadro), que a las necesidades y los intereses de los usuarios.

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner (CFK) anunció en setiembre último que el gobierno nacional gestionaría parte del espectro de las comunicaciones de telefonía móvil, por intermedio de ArSat (Argentina Satelital), una sociedad anónima, con el 100% de sus acciones en manos del gobierno, creada en el 2006 para explotar una posición orbital geoestacionaria. ArSat administra el espectro que devolvió Telefónica -en el 2008-, tras la fusión de Movicom y Unifón (de la que surgió Movistar), porque superaba los 50 Mhz de ancho de banda permitidos para cada operador y abarcaba el 22% del total del mercado. El resto se repartía entre: Telefónica (29%); Personal-Telecom (27%), y Claro (Telmex, 23%). En la competencia estaban Claro, Multitrunk (del grupo Roggio), Nextel, Personal, Viettel y Superphone (del grupo Vila-Manzano). El gobierno se comprometió a licitarlo, infructuosamente en varias oportunidades. En una compulsa, Claro (del mexicano Carlos Slim) quedó en condiciones de ganar pero el gobierno la anuló, en setiembre último, porque adjudicarla a Claro haría que pasara a tener una posición dominante y lo decidió a tomar a su cargo ese servicio. ArSat asume la reventa de parte de esa capacidad y utiliza otra para la televisión digital estatal (TDA). ArSat junto a Invap (sociedad que surgió por convenio entre la provincia de Río Negro y la Comisión Nacional de Energía Atómica, CNEA) fabrica, asimismo, satélites de comunicaciones.

En las empresas creen que la intervención estatal regulará el mercado, cuyo funcionamiento se basó en el principio de que las tarifas las fijara la libre competencia. La Argentina tiene una de las más caras, superiores a las de los Estados Unidos, Canadá y ciertas naciones europeas. Por el mismo servicio, quienes utilizan el sistema de carga por tarjeta -el 70% de los usuarios- terminan pagando más que los demás. El plan prepago con tarjetas, a pesar de las promociones, llega a ser 6 veces más caro que el abono fijo; las mismas, además, una vez adquiridas vencen en plazos de entre 5 y 30 días. La Auditoría General de la Nación (AGN) consideró que valores tan elevados son injustificados y discriminatorios, aparte de desvirtuar la finalidad del prepago, que es dar acceso a los más pobres a la telefonía celular.

Existen otros planes, como “Control plus”, con radio ilimitado y recargas de tiempo aire; “Con todo”, cuyos beneficios son para números frecuentes, y se ofrece valor agregado, como “iAlarm”, para pedir ayuda, en caso de necesidad y sin decir una palabra, y “Conexión PC”, que convierte cualquier computadora con conexión a Internet en un radio de Nextel con cobertura mundial.

Julio De Vido, ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, anunció que el Estado tenía tres alternativas para explotar el citado espectro: en forma directa, a través de acuerdos con otros grandes prestadores o mediante convenios o asociaciones con cooperativas, sindicatos o pequeñas y medianas empresas (pymes) del interior, vinculados al sector. Esto pensó que fuera acompañado con la construcción -en desarrollo- de 58.000 kilómetros de conexiones por fibra óptica. De esta manera sería factible el servicio de tercera generación 3G e integrar la conexión a Internet, televisión y el uso de archivos desde los celulares, inversión estimada en 10.000 millones de pesos y que demandaría más de un año para funcionar plenamente.

En una posterior gira por China, De Vido se reunió con directivos de Datang Mobile, quienes manifestaron interés por ingresar al mercado local de la telefonía móvil para proveer la infraestructura para el armado de redes de cuarta generación (conocida como LTE), que multiplicaría más de 10 veces el ancho de banda para operar con banda ancha 4G. El mayor interrogante planteado para las operadoras (Movistar, Claro, Personal y Nextel) es si accederán al rango de frecuencias para pasar a la tecnología 4G.

CFK argumentó, recién el 13 de diciembre pasado, que ArSat será un operador mayorista celular con la marca Libre-ar y que el gobierno nacional gestionaba el 25% del espectro para darle conectividad 3G a las cooperativas y pymes de telecomunicaciones de todo el país, las cuales luego comercializarían el servicio minorista.

La telefonía móvil encabeza el ranking de reclamos de los usuarios en la Subsecretaría de Defensa del Consumidor de la Nación, los cuales están relacionados con la calidad de lo ofrecido (deficiencia o falta de cobertura); incumplimientos de promesas contractuales, promocionales y publicitarias; cargos no solicitados y pedidos de bajas no realizadas, y sobrefacturaciones.

Rubén Giustiniani, senador del partido Socialista por Santa Fe, presentó un proyecto de ley por el cual considera a la telefonía móvil como un servicio público y que hay que proteger a los usuarios y garantizarles los accesos a prestaciones eficientes, con tarifas justas y razonables. Propuso, asimismo, la creación de un ente regulador autárquico -integrado incluso por usuarios y representantes de las provincias- que vele por la aplicación y el cumplimiento de la ley en materia de regulación de tarifas; prestaciones; denuncias de incumplimientos, y sanciones. Entre otros objetivos, aparte de la defensa de los derechos de los usuarios, mencionó las garantías de continuidad, regularidad y uniformidad de los servicios; la perspectiva de rescisión de contratos sin penalidad alguna, y la prohibición de modificaciones unilaterales en los acuerdos que impliquen costos adicionales para los usuarios. No faltaron críticas por las cuestiones que no habrían sido contempladas en el proyecto, tales como la apertura del mercado a operadores pymes, que podría disminuir los costos y mejorar los servicios. Respecto de las tarifas, aparte de prohibir los abusos, surgieron sugerencias de establecer las “sociales” para los habitantes económicamente más postergados. Como las tarifas de los fijos se mantienen sin aumentos y -como señaló Giustiniani- los aparatos fijos se “congelaron” en 8 millones en todo el país, la “gallina de los huevos de oro” es el negocio de los móviles.

En la Argentina existían 58,6 millones de teléfonos móviles hasta julio de 2012, inclusive (ver cuadro) para 40 millones de habitantes, o sea que muchas personas poseen más de uno, y el sector habría cerrado el año pasado con una facturación de más de 45.000 millones pesos, reemplazando en muchos casos a los fijos. Son usados por personas de todas las edades y franjas sociales y los avances permitieron que dejaran atrás la comunicación bidireccional para convertirse en terminales convergentes de otras tecnologías, que incluyen la búsqueda, recepción y transmisión de datos.

Las empresas siguen invirtiendo. Para este 2013, Telefónica destinaría 5.000 millones de pesos; Personal – Telecom, 5.100 millones, y Claro, 2.400 millones.

La fabricación y/o el armado con componentes importados de celulares en el país, tenían una participación en las ventas del 96,9% del total del mercado en los primeros siete meses de 2012, mientras que el restante 4,1% eran aparatos traídos del exterior, según IES Consultores.

Miguel Ángel Fuks / miguelangelfuks@yahoo.com.ar