La tentación de tomar la justicia por mano propia

“Como señalaba el maestro Gandhi, si practicamos el ojo por ojo corremos el riesgo de quedar pronto todos ciegos” advierte Aleardo F. Laría en su artículo de opinión que hoy publica “Río Negro”.



OPINIÓN

La película del director Damián Szifrón “Relatos salvajes” tiene un hilo conductor que enlaza seis episodios aparentemente desvinculados. En todos los casos se trata de individuos que han sido víctimas de alguna injusticia, real o aparente, y deciden hacer justicia por mano propia. El resultado no puede ser otro que la respuesta desproporcionada, dado que los seres humanos, cuando actúan dominados por celos, venganza o la simple ira, pierden toda ecuanimidad.

Hace pocos días, la crónica periodística reflejó el caso de una adolescente de 12 años, alumna de la Escuela Comercial Nº 13 de Villa Ballester, que introdujo una dosis de insecticida para cucarachas en la botella de agua de un profesor que salvó su vida milagrosamente. Después se supo que el docente había sido denunciado años atrás por acoso sexual contra otra alumna. En la película de Szifrón se registra un episodio de enorme similitud con el hecho de Villa Ballester, revelador de que las aparatosas desmesuras que registra la película no están tan alejadas de nuestra realidad política y cultural.

Justamente, para evitar que la respuesta a una injusticia dé lugar a una injusticia mayor, el Estado moderno ha monopolizado el uso de la violencia. La policía, en sus variados formatos (federal, local, gendarmería, etcétera), es el único órgano autorizado a portar armas. Cometido un hecho delictivo, un complejo aparato de Justicia se pone en marcha y ofrece la posibilidad de que los autores de los delitos sean juzgados de un modo imparcial y reciban -si son declarados culpables- una pena proporcional a la infracción cometida.

Las penas, en el sistema penal, cumplen una doble función. Por un lado, tienen un propósito disuasorio: conseguir que los potenciales infractores desistan de cometer delitos haciéndoles saber con el ejemplo que corren el riesgo de pasar varios años en una cárcel. Por otro, la pena cumple una función retributiva, con el objeto simbólico de reparar el daño causado y brindar a la víctima y a sus familiares la satisfacción psicológica de que se ha hecho justicia. Naturalmente, cuando se trata de un homicidio la reparación es más difícil, pero entran a jugar otros principios vinculados con la humanización del derecho penal y la prohibición de la pena de muerte que suponen un avance sobre la milenaria ley del talión que proclamaba el “ojo por ojo, diente por diente”.

Es sabido que el efecto disuasorio consigue alcanzar verdaderamente sus propósitos cuando existe la extendida opinión de que los infractores van a recibir su merecido castigo. Es decir que más importante que el monto de la pena es conseguir la mayor eficacia en la persecución de los delitos, de modo que los ciudadanos internalicen el convencimiento de que no habrá impunidad que los ponga a salvo del brazo de la ley. No se trata, como proclama el populismo penal, de incrementar el monto de las penas, sino de conseguir aprehender rápidamente a los verdaderos autores.

La eficacia en la persecución penal neutraliza también el deseo de tomar la justicia por mano propia. Es sabido que en la mayoría de los crímenes que se cometen para vengar la acción de un presunto delincuente opera la desconfianza en la actuación policial o en la efectividad final de la Justicia. Es por este motivo que las posiciones ingenuas del garantismo penal, creando artificios procesales que no toman en consideración el dolor de las víctimas, propician, de un modo no calculado, que los familiares acudan a tomar la justicia por mano propia.

Últimamente se han encendido todas las alarmas al comprobar que se vienen repitiendo palizas contra supuestos ladrones o motochorros, episodios que en alguna ocasión han terminado con la vida del presunto delincuente. Naturalmente, el remedio al problema de la inseguridad no puede provenir de conductas perpetradas al margen de la ley y fruto de la violencia de las multitudes. Pero para eso hace falta brindar la imagen de que la Justicia intervendrá de un modo eficaz y que, por ejemplo, los autores de graves delitos que han herido la sensibilidad de la sociedad no saldrán al día siguiente a deambular tranquilamente por las calles como si nada hubiera acontecido.

Dentro de esta categoría de la justicia por mano propia deben incluirse todos estos episodios que han adquirido habitualidad y que convierten en un infierno el tránsito por nuestras ciudades y rutas; corte de calles, ocupación de edificios públicos por reivindicaciones salariales, usurpación de viviendas, etcétera son consecuencia de una grave confusión: la creencia de que cualquier grupo social tiene derecho a utilizar cualquier forma de violencia extorsiva si lo hace para alcanzar objetivos que considera legítimos.

Cuando el Estado se ausenta, surge la tentación de tomar la justicia por mano propia. Pero un Estado de derecho no puede permitir que los ciudadanos se arroguen el derecho a responder a la violencia con otra de similar factura. Menos aún que se prodiguen brutales castigos físicos o un trato degradante a personas detenidas in fraganti delito. No ayuda a obtener este resultado el que sea el propio gobierno el que propicie luego “escraches” u otras formas veladas de violencia militante. Como señalaba el maestro Gandhi, si practicamos el ojo por ojo corremos el riesgo de quedar pronto todos ciegos.

Aleardo F. Laría


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