La testigo
La semana en San Martín
Fernando Bravo rionegro@smandes.com.ar
¿Quién es la testigo misteriosa? Se trata de la mujer cuya comparecencia es pedida por la fiscalía y la querella en la causa por el asesinato del policía neuquino, José Aigo, perpetrado el pasado siete de marzo sobre la Ruta 23. Aquel criminal desenlace conmocionó a la provincia y sacudió a estas localidades vecinas de Junín y San Martín de los Andes. Si el lector espera conocer en esta columna el nombre de la ya famosa aunque a la vez ignorada testigo de la querella, perderá el tiempo. Sin embargo puede decirse que, triangulando información con diversas fuentes, la mujer habría sido durante un cierto lapso empleada en una misma repartición pública nacional en una y otra de estas ciudades cordilleranas. En esas oficinas habría conocido a Jorge Antonio Salazar Oporto, sindicado como el asesino del policía en aquella madrugada, cuando descerrajó los tiros fatales sobre la humanidad de Aigo durante un control rutinario de tránsito. La mujer tendría conocimiento de que el tal Salazar Oporto habría iniciado algún trámite en la dependencia oficial. El dato suena curioso, porque Salazar Oporto vivía con nombre falso en el rionegrino paraje de Mallín Ahogado, próximo a la casa de Marcos Fernández, el hijo del intendente de San Martín, propietario y conductor de la camioneta detenida por la brigada rural que integraban Aigo y el oficial Guerrero. Entonces, cabe preguntarse con qué supuesto nombre Salazar Oporto habría iniciado trámites en un organismo público y para qué. Para la querella y la fiscalía, esa mujer podría aportar información sobre eventuales contactos de Salazar Oporto en la zona. Recuérdese que, según surgió de las investigaciones, Salazar Oporto y su compañero de fuga, Alexis Cortés Torres, son miembros de organizaciones clandestinas chilenas, que reivindican la lucha política armada. Los impulsores del llamado a Tribunales de la enigmática mujer se preguntan si no habrá tenido Salazar Oporto algún allegado que lo convidara a realizar algún papeleo para regularizar su condición de extranjero u obtener beneficios sociales. Más allá de tales especulaciones, el juez Luchino interpreta que no hay motivación clara, al menos no suficientemente explicitada por la querella, como para llamar a la mujer a testimoniar. Entiende que conocer una eventual relación local o tramitación hecha por Salazar Oporto, no agregaría nada a la investigación del homicidio en sí, que sólo espera la procura de los prófugos para seguir adelante. Desde luego, ese no es el criterio de las otras partes involucradas. En otra causa desprendida del crimen de Aigo están procesados Marcos Fernández y Analía Godoy, su compañera. Al joven se lo acusa por falso testimonio, encubrimiento agravado y presunta participación a pedido de la querella, mientras que Godoy está imputada por falso testimonio. ¿Podrían personas con algún grado de conocimiento o cercanía con Marcos y/o su compañera, tener o haber tenido alguna relación también con Salazar Oporto? Aun cuando pueda sonar disparatado para algunos, resulta inevitable recordar que entre los familiares de Aigo y en pliegues del gobierno provincial, existe presunción de que los supuestos “guerrilleros” chilenos (figura utilizada por los deudos) tienen estructura de apoyo logístico en la región e incluso respaldo en comunidades rurales. El ministro Leandro Bertoya deslizó algo bastante parecido a esa idea en oportunidad de su reciente y desmesurado cruce mediático con el legislador Rodolfo Canini. El ministro Gabriel Gastaminza y otros jefes policiales también abonan la tesis del apoyo local. La Cámara de Apelaciones deberá resolver si se llama a declarar a la mujer. Pero sin perjuicio del aspecto criminal sometido a la justicia, cabe preguntarse qué otras cosas se están investigando realmente aquí, y cuáles deberían ser los límites jurisdiccionales de esas pesquisas.
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