La «traición» de Cobos

El voto de Julio Cobos en el Senado ha sido considerado por una inmensa mayoría de ciudadanos como un servicio al país. Según las encuestas, una gran parte opina que, además, Cobos le ha hecho un favor al gobierno al ayudarlo a salir de un enojoso embrollo. Sin embargo, para el ultraverticalismo kirchnerista y para algunos analistas de izquierda, ese voto es percibido como un acto de deslealtad, inclusive de traición, que debería dar lugar a la renuncia del vicepresidente. Vale la pena analizar esos argumentos.

Se ha querido comparar la decisión de Cobos con la que hipotéticamente habría adoptado la vicepresidenta del gobierno español, Teresa de la Vega, quien -se asegura- nunca habría votado en contra de una ley del Ejecutivo español. Sin embargo, las diferencias entre un caso y otro hacen que la comparación no sea procedente. Teresa de la Vega forma parte del gabinete del presidente del Gobierno, además de pertenecer al mismo partido. Por consiguiente tiene la posibilidad de debatir en distintos ámbitos -partidarios y en las reuniones de gabinete que se celebran religiosamente todos los viernes- las decisiones políticas que se adoptan.

En la Argentina no se realizan reuniones de gabinete ni de ellas forma parte el vicepresidente. Por otro lado, los partidos que conforman la Concertación Plural carecen de un ámbito para discutir las políticas de la coalición y ni siquiera existe un programa de gobierno público y conocido. Cobos se enfrentaba a una ley con graves tachas de inconstitucionalidad, nacida de un oscuro despacho ministerial en el que el presunto autor de la obra había sido despedido y que había sido sometida después a numerosas operaciones de cirugía estética; por consiguiente, no parece que con su voto haya vulnerado algún programa o acuerdo multipartidario previo que regulara específicamente esta cuestión.

El otro argumento que se esgrime hace referencia, más que a los principios, al simple agradecimiento. Según escribe Osvaldo Bayer en «Página/12», «lo ético, si se forma parte de un gobierno y no se está de acuerdo con una resolución de ese gobierno, es renunciar y no votar en contra de los que justamente lo pusieron segundo en la lista». Esta idea de que los candidatos son «puestos» y no «elegidos» en congresos partidarios -o en acuerdos multipartidarios- tiene que ver con la inexistencia de vida partidaria en la Argentina y la resignada aceptación de que los candidatos integran las listas por simple voluntad o deseo del jefe o caudillo, lo cual, si bien lamentablemente no deja de ser cierto, no debe conducir al extremo que lo lleva Bayer, para quien la única opción del diputado o senador «puesto» es obedecer disciplinadamente o marcharse.

De opinión similar es J. M. Pasquini Durán (también en «Página/12»), para quien «tal vez el calificativo de traición suene demasiado drástico para evaluar el voto de desempate del vicepresidente Julio Cobos en la noche del Senado, aunque tampoco es apropiado aplaudir deberes de conciencia. El atributo otorgado al presidente del Senado no es patrimonio personal sino de representación, o sea que lo debe ejercer en nombre del Poder Ejecutivo, nunca en contra. Si violenta sus convicciones tiene la posibilidad de renunciar a la tarea, antes o después de cumplirla, pues de lo contrario convierte el acto en irresponsabilidad institucional».

La Concertación Plural fue la agrupación que formaron los radicales K junto con el kirchnerista Frente para la Victoria en las elecciones de octubre. Como fruto de esos acuerdos interpartidarios se designó la fórmula CFK-JC. La incorporación de Cobos obedecía al deseo de ofrecer al electorado una imagen atractiva que llegara a las clases medias no peronistas. Es decir que la candidatura CFK-JC recibió numerosos votos de esa procedencia -no podemos saber cuántos, pero tal vez los suficientes para que no hubiera segunda vuelta o el resultado fuera diferente-. Por lo tanto, la legitimidad de origen de Cobos es exactamente la misma que la de CFK y ambos han resultado elegidos por el mismo número de votos.

El vicepresidente no es, constitucionalmente, un «representante» del Ejecutivo sino que, elegido en elecciones populares, representa a sus votantes. Ha sido «puesto» por los votantes y no le debe nada a nadie. Sólo desde una visión paternalista, clientelar, semifeudal y reaccionaria se puede reivindicar la existencia de una «obligación de agradecimiento» que lleve a los electos a perder su autonomía y libertad a favor de las personas que contribuyeron a su designación. Imaginemos qué sería el mundo si trasladásemos esa visión medieval «de izquierdas» al plano de las relaciones laborales.

Finalmente, cabe analizar la cuestión desde un plano estrictamente ético. Una visión antigua, elitista, de la ética profesional, conducía al encubrimiento de los errores con el fin de proteger la autoridad. En cambio una visión moderna, democrática, de la ética, basada en las enseñanzas de Popper, parte de la idea sencilla de que para evitar las inevitables equivocaciones humanas debemos aprender de nuestros errores. Por ese motivo debemos aprender a aceptar -y aceptar con gratitud- cuando otras personas nos llaman la atención y señalan, con respeto, nuestros errores. Necesitamos a los demás para descubrir y corregir nuestros errores. De allí que mantener una actitud crítica y de integridad personal frente a los errores de amigos y correligionarios sea algo más que un derecho: constituye una auténtica obligación moral.

ALEARDO F. LARÍA (*)

Especial para «Río Negro»

(*) Abogado y periodista. Madrid