La trazabilidad de los medicamentos

Asegura la calidad y el origen de los que cada persona consume o utiliza

Miguel Ángel Fuks

miguelangelfuks@yahoo.com.ar

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció el 16 del corriente un programa de trazabilidad de medicamentos acordado entre los ministerios de Salud y de Desarrollo Social y el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, PAMI (y, además, la promulgación de la ley que regula las actividades de las empresas de medicina prepaga). En una primera etapa se aplicará “para los oncológicos, los hemofílicos y los de HIV-sida –prometió–, que son los tres más caros, falsificados, adulterados y robados”.

Previamente, Juan Manzur, titular de Salud, explicó que “permitirá rastrear el medicamento desde su producción hasta su consumo por el paciente” mediante “un sistema que no incrementará los costos y beneficiará a todos”, ya que “registrará cada elemento de la cadena y transmitirá la información a una base de datos de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat)”. Manzur comentó, además, que a partir del 15 de junio dicha información podrá ser chequeada por “fiscalizadores de la Anmat, otras autoridades, droguerías, farmacias y pacientes”.

Sorprendió una vez más que el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) anunciara algo bastante conocido.

En realidad, el gobierno nacional resolvió con la conducción residual de la Administración de Programas Especiales (APE), a principios del mes pasado, involucrar a los laboratorios en los controles de los troqueles de los remedios, que es uno de los ejes de la investigación sobre la denominada “mafia de los medicamentos”.

Manzur pactó con directivos de la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (Cilfa), la Cámara Empresaria de Laboratorios Farmacéuticos (Cooperala) y la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (Caeme) que sus asociados certificarán la trazabilidad de los productos vendidos a las obras sociales. Esto incrementaría las revisiones de expedientes por técnicos del Instituto Nacional de Medicamentos (Iname) y permitiría reanudar los pagos atrasados de la APE.

Ningún funcionario comentó que la Anmat es un organismo descentralizado estatal creado por el decreto 1490/92 que colabora en la protección de la salud humana asegurando la calidad de los medicamentos, alimentos, productos médicos, reactivos de diagnóstico, cosméticos, suplementos dietarios y productos de uso doméstico. Su personal trabaja para cumplir, desde agosto de 1992, con los procesos de autorización, registro, normatización, vigilancia y fiscalización de tales productos. Por otra parte, mediante su disposición 2819/04 puso en vigencia las recomendaciones de la OMS en materia de “buenas prácticas de fabricación y control”.

La Anmat desarrolló una “trazabilidad electrónica informática” que transparenta el circuito de medicamentos al permitir a los usuarios averiguar si los que compraron son legítimos y se vendieron en las farmacias correspondientes, explicó su subdirector, Daniel Goyán. El sistema permitiría controlar la distribución y la comercialización mediante soportes, en vez de troqueles, que los importadores o los fabricantes incorporarían a un costo de 3 centavos de dólar la unidad y proporcionarían “seguridad, calidad y ahorro de seguro por robo”. Así se ordenaría toda la cadena y se conocería quiénes manejaron caja por caja.

Asimismo, Goyán solicitó por intermedio del defensor del Pueblo de la Nación que tomara estado parlamentario el señalado proyecto de trazabilidad, que incluso permitiría “transparentar las actividades de unas 2.000 droguerías y 13.000 farmacias en todo el país, por las que circulan unos 450 millones de cajas de medicamentos”.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estimó que alrededor del 10% de todos los fármacos es falso. “En la Argentina, sólo el 0,9% de los que circulan son ilegítimos –robados, adulterados o falsificados–, en tanto los peligrosos para la salud representan el 0,2%”, destacó Goyán. Incluso destacó que el país “es uno de los más seguros si se los compra en las farmacias, no en los trenes ni por internet, ya que no hay falsificación masiva”.

En Cilfa afirmaron que la industria farmacéutica local cumple los máximos estándares de calidad.

Juan Silvestre Begnis, diputado por Santa Fe del Frente para la Victoria y titular de la comisión de Acción Social y Salud Pública de la cámara baja, afirmó que aquí se hacen formulaciones en píldoras, jarabes, supositorios o inyectables pero se producen pocas drogas, por lo que el mecanismo aludido permitiría trazar también la importación fijando el origen.

El Código Penal tipifica el delito de adulteración de medicamentos, que puede aplicarse a personas e instituciones involucradas. Un proyecto de ley –aprobado por la Cámara de Diputados de la Nación hace dos años y aún no votado por el Senado– apunta a que las ventas de los mismos sean actos profesionales de los farmacéuticos, recordó Silvestre Begnis. Si se aprueba otra propuesta, la industria se vería obligada a poner un tester que, si vira el color, demostraría que el producto rompió la cadena de frío.

La Confederación Farmacéutica Argentina (CFA) consideró que un plan que garantice la trazabilidad debe especificar bien la cadena de comercialización (laboratorios, droguerías y farmacias) y comenzar con una norma que regule específicamente las ventas sólo en las farmacias. Y si bien admitió que la prohibición de hacerlas en otros lugares fue “un paso adelante”, dedujo que la norma (ley de farmacias) “no es una solución en sí misma si no se castigan con más dureza las falsificaciones y los robos de medicamentos”.

El 16 del corriente, cuando CFK efectuó los anuncios de marras, la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal confirmó las sospechas de fraude con fármacos de la Obra Social de Choferes de Camiones (Oschoca) –presentó troqueles falsos para pedir los subsidios– y ordenó avanzar en otros casos por los que se investiga a la entidad que preside Hugo Moyano, secretario general de la CGT, imputado en la misma causa.

Simultáneamente, confirmó los procesamientos de Daniel Lombardero, auditor médico de la obra social, quien tramitó con comprobantes apócrifos reintegros de dinero por los oncológicos; Hugo Sola, gerente de prestaciones de la APE, que autorizó esos pagos, y Marcos Hendler, propietario de Droguería Urbana, que vendía remedios a Oschoca y, al parecer, troqueles apócrifos. El también secretario general de la CGT quedó en una situación complicada debido a que su firma, como presidente de la obra social, apareció en cada uno de los legajos elevados a la APE para cobrar los reintegros, junto con esos troqueles.

Casi simultáneamente la misma sala declaró la nulidad del procesamiento contra Héctor Capaccioli, ex titular de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), por encontrar contradicciones argumentales en el fallo. Norberto Oyarbide, juez federal, lo dictó por verificar el otorgamiento irregular de subsidios de programas de prevención de salud por 47,7 millones de pesos a 52 obras sociales. No obstante, la cámara confirmó el procesamiento de Capaccioli por la malversación de fondos públicos en una causa conexa a la de la “mafia de los medicamentos”, ya que los utilizó para gastos personales que incluyeron indumentaria de marca para hombre y mujer, juguetes, objetos de lujo y hasta una caja de bombones declarada como “regalo a un diputado”. Los jueces no se pronunciaron sobre otras acusaciones contra Capaccioli, como el supuesto encubrimiento de lavado de dinero con fondos electorales para la campaña a presidenta de CFK.