La UCR no se suma a la estrategia de salvar a la Corte

Pero todavía la estrategia del PJ no cuajó. Todo el día de ayer transcurrió en febriles negociaciones para que el jueves Diputados sesione. Entre las más intrincadas, las de la UCR que, pese a estar dividida, se mostró reacia a sumarse a la estrategia del PJ para salvar a la Corte.

El bloque de diputados de la UCR dijo que no asistirá a la sesión donde el PJ quiere cerrar el juicio, aunque un profundo debate interno mostró diferencias que pueden modificar posiciones en las próximas horas.

Las miradas por el desenlace del juicio recaen de lleno en el bloque radical, ya que si se sientan en sus butacas permitirían al oficialismo conseguir el número necesario para sesionar.

Por ello, el titular de la bancada de la UCR, Horacio Pernasetti, afirmó que exigirán al resto de las fuerzas, que definan sus opiniones frente a denuncias que pesan sobre los magistrados.»La UCR aparece como la culpable de cualquier definición, por eso queremos que los demás expresen públicamente su postura y su voto en la sesión», se quejó.

En una estrategia donde confluyó el menemismo y el duhaldismo, el PJ pidió una sesión especial para terminar con el juicio.

Diputados radicales, junto a la conducción del partido encabezada por Angel Rozas (Chaco), Pablo Verani (Río Negro), Juan Manuel Casella y Luis Lizurume (Chubut), debatieron durante horas sus próximos pasos, en una reunión cargada de tensión que mostró agudas diferencias entre los oradores frente a la suerte que deben correr los magistrados.

La UCR está a favor de enjuiciar a los 5 jueces de la denominada mayoría automática, que siempre fue considerada como aliada del gobierno de Menem.

Los radicales evaluaron ayer tres hipótesis: *Debatir el juicio en sesión ordinaria, expresar su posición a favor del enjuiciamiento pero permitir que el oficialismo cierre el proceso. *Negociar la propuesta del titular de la comisión de Juicio Político, Sergio Acevedo (PJ), quien ayer deslizó la posibilidad de regresar el proyecto a la comisión y dejarlo en el congelador hasta el próximo gobierno. *Mantener su negativa a participar de la sesión hasta tanto el PJ acepte enjuiciar a los magistrados.

El ministro de Seguridad y Justicia de la Nación, por su parte, se involucró y advirtió que «ningún país serio tiene respeto por su seguridad jurídica si tiene a la Corte durante muchísimo tiempo esperando una decisión respecto de un juicio político». Alvarez negó la existencia de una «especie de juego extorsivo entre el gobierno y la Corte», en el cual el tribunal amenaza con emitir fallos —en particular un contrario a la pesificación— que podrían perjudicar al ejecutivo, mientras no se cierre el trámite del enjuiciamiento.

Pero trascendió en Tribunales que el ministro Lavagna se habría reunido el lunes con un miembro de la Corte para hablar sobre el particular.

Por otra parte, el abogado Luis Puca, denunció ayer al Ejecutivo ante el juzgado de Ballestero por la presunta comisión de delitos de «acción pública» basándose en publicaciones periodísticas según las cuales estaría presionando a legisladores de la UCR para alcanzar el jueves el quórum necesario a fin de cerrar el juicio político contra la Corte.

Esa actitud del gobierno, obedecería al hecho de que «la Corte tendría en ciernes un acuerdo en una causa donde se debate la redolarización de los depósitos, y que dicho fallo podría llevar al gobierno al fracaso» . (DyN, AR)

El máximo tribunal decidiría sobre ahorrista de Bariloche

BUENOS AIRES (ABA) – El caso de la muerte de una mujer en Bariloche puede poner al gobierno en aprietos, si la Corte acepta el planteo de su familia para que se respete el pago del seguro de vida en la moneda de origen del contrato (es decir en dólares).

Si bien adquirió mayor resonancia el reclamo por un millón de dólares de un particular contra el Banco de Chubut, la demanda originada en dicha ciudad rionegrina contra el Banco Ciudad, si bien es menor en cifras (se trata de 50.000 dólares) su efecto puede ser igual de contundente si el Máximo Tribunal le da la razón a los accionantes pues (más allá que el fallo se aplique al caso específico) se sentaría jurisprudencia para que millares de depositantes a pidan que se les restituyan sus ahorros en dólares en su equivalente en pesos a la fecha del cobro.

El pleito proveniente de Río Negro, consiste en el reclamo del pago de un seguro de vida que un hijo menor hizo contra la compañía de seguros Horizonte

Según fuentes de primer nivel, miembros de la Corte analizaban la posibilidad de aceptar el planteo procedente de Chubut, o el de Río Negro, en la mesa de acuerdos de mañana, lo que de confirmarse provocaría un estallido político de dimensiones que podría ser una nueva traba en las negociaciones con el FMI.

Para complicar aún más el panorama, ambas cuestiones están en el medio del polémico juicio político a los miembros de la Corte Suprema. En tal sentido, los magistrados estarían pidiendo que los diputados cierren las acusaciones en el Congreso y en tal caso analizarían «dar un giro» sobre decisiones que pueden complicar la gobernabilidad del país como la redolarización de los depósitos.

Aún cuando oficialmente se desmienta cualquier gestión cruzada para clausurar los procesos a los nueve jueces, un dato conocido ayer aumentó las suspicacias sobre la presión que estaría ejerciendo el tribunal. Los martes fue siempre el día de reunión de la Corte para dictar sentencia y en la víspera se estableció que sea a los jueves lo que coincide con el tratamiento del enjuiciamiento a los jueces en la Cámara baja.

En tal sentido, «Río Negro» pudo confirmar que el lunes por la noche el ministro Lavagna, mantuvo un encuentro secreto con el juez Molinne O´ Connor, donde ambos manifestaron su inquietud; el primero por la complicación que algunos fallos pueden traer en las delicadas negociaciones con el FMI, mientras el último se mostró preocupado por el tironeo que sufren los jueces ante la posibilidad del juicio.

Temen otra Semana Santa si dictan fallos en contra de la Obediencia Debida

BUENOS AIRES (ABA).- Una alta fuente del gobierno reveló que entre los motivos que aumentan la preocupación del Ejecutivo por cerrar el conflicto con la Corte se encuentra el temor de que pueda producirse una escalada de violencia si el máximo tribunal declarara la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.

«Si la Corte llegara a declarar la inconstitucionalidad de la Obediencia Debida y del Punto Final, podríamos tener otra Semana Santa en puerta», afirmó en estricto off the récord el funcionario consultado por «Río Negro».

Sus palabras evidenciaron que la necesidad del Gobierno para clausurar el juicio político a la Corte Suprema no sólo es ya inocultable, sino que además trasciende incluso las penurias económicas que provocaría un fallo adverso a la pesificación de los depósitos bancarios.

Al oscuro panorama que suscitaría esa resolución por parte de la Corte, se sumó en estos días el miedo de que si no llegara a frenarse el pedido de enjuiciamiento en la Cámara baja, el máximo tribunal podría respaldar el dictamen que emitió el jueves último la Procuración General de la Nación y dictaminar así la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.

Esto permitiría la reapertura de cientos de causas del proceso militar, y con ello, aseguraron, podría provocarse una virtual escalada de violencia.

«La situación está muy tensa como para que la Corte resuelva hoy una medida así. Con la conflictividad que hay, si sucede esto podríamos tener una situación entre las manos que no me quiero ni imaginar…», agregó un secretario de Estado con despacho en la Rosada.

El propio ministro de Justicia y Seguridad -y principal gestor del Ejecutivo para la resolución del juicio- Juan José Alvarez, ya había alertado semanas atrás de los problemas que suscitaba la falta de una definición en el Congreso al afirmar que con esta situación «estamos en el peor de los mundos».

Sin embargo, Alvarez es quien menos temor tiene de que la Corte pueda declarar la inconstitucionalidad de las leyes que frenaron en 1987 los procesos judiciales contra las Fuerzas Armadas.

«La Corte, lo último que quiere ahora, es tener problemas con los militares. Incluso varios de los jueces tienen buena relación con la cúpula del Ejército y no se van a jugar así», lo escucharon decir sus colaboradores cuando fue consultado por alguien del Ejecutivo.

De cualquier modo, el Gobierno lanzó ayer un exhaustivo operativo destinado a convencer a los legisladores de la UCR de la necesidad de dar quórum para iniciar la sesión en Diputados mañana.

Y lo hizo contando con el guiño del ex presidente Raúl Alfonsín, quien se manifestó conciliador con la postura del Gobierno para definir, de una vez por todas, la situación del máximo tribunal.

«Igual Alfonsín no es ni senador ni tiene un cargo en el partido: la postura hoy es monolítica, y difícilmente cambiemos de posición antes del jueves», dijo por su parte un diputado patagónico del centenario partido. El mismo legislador condicionó el éxito de las gestiones de Duhalde con los gobernadores radicales -entre ellos Pablo Verani- para lograr que ellos disciplinen a sus tropas en el Congreso.

«Los intentos que haga por medio de los gobernadores no van a llevar a ningún lado. Si no cumple con las responsabilidades que tiene con las provincias, no puede pretender que los gobernadores respondan a sus reclamos», concluyó.