La UCR reclama al gobierno que se convoque a internas abiertas

Amenaza con ir a la Justicia Electoral si no hay una respuesta.





Las máximas autoridades de la UCR emplazaron ayer al Gobierno a que convoque en un plazo no mayor a diez días a elecciones internas abiertas y simultáneas para el próximo 7 de agosto, y en caso de no concretarse ese pedido, amenazaron con recurrir a la Justicia Electoral.

Así lo advirtieron en una carta enviada ayer al ministro de Interior, Aníbal Fernández, el titular del Comité Nacional, Angel Rozas, el secretario general del partido, Gerardo Morales y el titular de la Convención nacional del radicalismo, Adolfo Stubrin.

En la misiva, los radicale le reclamaron al Gobierno «la necesidad acuciante de que se fije con prontitud las fechas del calendario electoral para la renovación parlamentaria a realizarse el 23 de octubre» próximo.

«En aras de la limpieza de los procedimientos institucionales, le solicitamos al Presidente (Néstor Kirchner) que fije a la brevedad posible la fecha para las elecciones internas abiertas y simultáneas de los partidos políticos que establece la ley 25.611», señala la carta recibida ayer por el jefe de la cartera política.

En ese marco, las autoridades de la UCR consideraron que «la fecha más conveniente es la del 7 de agosto de 2005». Sin embargo, Rozas, Stubrin y Morales le advirtieron al ministro del Interior que «de no obtener el formal pronunciamiento oficial sobre esta fecha fundamental para la vida democrática del país, acudiremos a la Cámara Federal Electoral con una acción declarativa de certeza, procurando superar la presente situación de incertidumbre».

La presentación de la carta al ministro del Interior fue decidida el jueves durante la reunión del Comité Federal de la UCR en la que el centenario partido definió su estrategia electoral con un perfil fuertemente opositor al Gobierno de Kirchner y rechazó el impulso que dieron algunos gobernadores radicales a la posibilidad de compartir listas con el oficialismo.

El pedido de los radicales se basa en la falta de definición de parte del Gobierno sobre la aplicación de la ley de internas abiertas sancionada por el Congreso en el marco de la crisis de representación producida tras la caída del gobierno de Fernando De la Rúa en diciembre del 2001.

(DyN)


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