La verdad privatizada 

Por James Neilson

En algunas partes del mundo sólo a un filósofo un tanto juguetón se le ocurriría tomar «la verdad» por una ilusión subjetiva, pero en la Argentina lo hacen casi todos. Cuando un inglés o un norteamericano diría «creo», «pienso» o, si es apropiado, «confieso», el argentino se afirmará dispuesto a «decir mi verdad», fórmula ya popular que es mucho más que un mero giro lingüístico por basarse en la suposición de que por ser muchas las «verdades» ninguna puede considerarse definitiva y que en una sociedad democrática todas merecen el mismo respeto. O sea que la «verdad verdadera», para emplear una expresión terriblemente reveladora a la que echaba mano con cierta frecuencia el ex presidente Carlos Menem, no será hallada en esta vida de suerte que deberíamos conformarnos con una personal. Huelga decir que en un mundo así postulado en el que hasta la verdad se ha privatizado, la justicia, la cual presupone una verdad universalmente acordada, no será más que una farsa miserable que dependerá por completo de los intereses que estén en juego.

El que el escepticismo extremo, casi existencial, se haya generalizado hasta tal punto que virtualmente nadie sería tan ingenuo como para hablar de la verdad a secas es comprensible. Aquí, «versión oficial» quiere decir «mentira». Por eso, el que el tribunal de Dolores haya oficializado la hipótesis de que Alfredo Yabrán ordenó el asesinato de José Luis Cabezas, que su jefe de seguridad Gregorio Ríos lo planeó y que el policía bonaerense Gustavo Prellezo, acompañado por los delincuentes menores conocidos como «Los horneros», lo llevaron a cabo, no ha significado que la ciudadanía haya dado por descontado que por fin el crimen se ha visto aclarado y que en consecuencia el episodio ha sido superado. La mayoría ha aceptado que es cuestión de una opinión autorizada, el resultado de un esfuerzo investigativo prolongado, pero muy pocos creen que se ha alcanzado una verdad que no sea relativa.

Este no sería el caso si el presunto instigador hubiera sido un millonario común y corriente de modales gangsteriles. Pero sucede que «el tío» Yabrán, el «jefe de la mafia», estaba estrechamente vinculado con diversos miembros del gobierno de Menem, manejaba una especie de ejército privado que fue reclutado entre sujetos que habían aprendido su oficio en la Policía Bonaerense de Ramón Camps, en la Escuela de Mecánica de la Armada y en otras instituciones del mismo tipo. Por supuesto, Yabrán fue plenamente capaz de ordenar el asesinato de cualquiera, pero la evidencia de que efectivamente «instigó» el del fotógrafo que tanto lo había molestado sigue siendo circunstancial porque su subordinado, Ríos, no ha dejado de declararse inocente y por «graves» que fueran sus motivos «para procurar la muerte de Cabezas», ellos no equivalen a una prueba irrebatible. Si sólo fuera cuestión de encontrar a individuos capaces de asesinar a un periodista y que tuvieran motivos para hacerlo, los candidatos colmarían todos los banquillos de acusados del país.

Pero, si el «autor intelectual» del crimen más notorio de los años últimos no fue Yabrán, ¿quién lo fue? Aunque abundan los motivos para sospechar que ciertos hombres de la Policía Bonaerense pudieran haber cumplido el papel, los investigadores optaron por no avanzar demasiado por la pista así supuesta, preferencia atribuible a que en última instancia hacerlo hubiera sido aún más peligroso que concentrarse en Yabrán. ¿Se declaró una «zona libre» en Pinamar la noche del asesinato? Pareciera que esta posibilidad tan comentada no despertó mucho interés entre los investigadores.

Si bien nadie ha dudado de la idoneidad de los camaristas que integraban el tribunal que sentenció a los asesinos de Cabezas a la pena perpetua, la Justicia como tal es tan poco confiable que ni siquiera la difusión por televisión del proceso oral bastó como para que la ciudadanía creyera que su «versión» fuera mucho más que otra ficción, una acaso más verosímil que las alternativas pero así y todo insustancial. Es que si lo que el fallo entrañaba realmente fuera la verdad, fue incompleta, parcial, porque quedaban muchas preguntas flotando en el aire sobre los vínculos de Yabrán con la policía, con el submundo en que vivían «Los horneros», con el gobierno de Menem y también, claro está, sobre el rol en este drama del ex gobernador Duhalde que durante meses actuó como si él mismo hubiera sido el blanco real de las balas que mataron a Cabezas. Desde luego, ningún juez pudiera haberse dejado distraer por todo cuanto hacía al marco en el que se produjo el crimen; intentarlo le hubiera supuesto hacer una radiografía de la sociedad entera en vez de concentrarse en un solo detalle, pero la ciudadanía sabe muy bien que fuera de este contexto nada de lo sucedido sería explicable.

Aunque la evolución de este caso ha contribuido mucho a echar luz sobre el estado auténtico del país, confirmando de manera truculenta lo dicho por Domingo Cavallo cuando aseveró que hay «mafias enquistadas en el gobierno» y que el jefe de la más siniestra se llamaba Alfredo Yabrán, no se han despejado las densas sombras que oscurecen la realidad. Después de todo, si bien distintos trozos del imperio «mafioso» construido por «El cartero» han sido vendidos a empresas de apariencia más respetable – es decir, han sido blanqueados -, no se ha intentado investigarlo con el propósito de separar las partes legítimas de aquellas que no lo son. ¿Es que a pesar de todo lo que se ha dicho, Yabrán no violó ninguna ley antes de ensañarse con el fotógrafo de Noticias? Cuesta creerlo, pero si incluso los negocios de un personaje tan polémico, para no decir satanizado, como Yabrán pueden ser transferidos a otros para que sigan funcionando normalmente sin que las autoridades piensen en intervenir, ¿cuántos otros imperios, acaso de dimensiones menores pero ello no obstante de características en el fondo similares, se dan el el país?

Por cierto, ni el proceso que se celebró en Dolores ni el fallo del tribunal han servido para eliminar la sensación difundida de que Yabrán, un hombre fabulosamente rico que debió su ascenso espectacular en buena medida a su relación íntima con militares de mentalidad fascista que medraron durante el Proceso, políticos inescrupulosos que treparon a la cumbre misma del poder y clérigos ultramontanos, no fue una figura aislada sino que – como dijo Menem en una ocasión -, fue un empresario más. De ser así, hay muchos individuos de la misma calaña que tienen tanto poder que, siempre y cuando no cometan un crimen tan burdo como el achacado a Yabrán, ningún gobierno, por honesto que fuera, estaría en condiciones de desafiarlos sin correr grandes riesgos.

Esta «verdad» corresponde a la que subyace en el planteo que hacen entidades como Transparencia Internacional cuando señalan que la Argentina está entre los países más corruptos de la Tierra. Pues bien: ¿qué significa la corrupción en gran escala? Entre otras cosas, significa que cantidades inmensas de dinero, y todo cuanto puede comprarse con él – poder político más la colaboración de asesinos que tienen amigos bien ubicados en la Policía, y por ende un grado de impunidad notable -, están trasladándose día a día desde la parte decente del país hacia la conformada por delincuentes. Revertir esta tendencia no será fácil – con cada minuto que transcurre los corruptos se hacen más fuertes -, pero a menos que se combinen para frenarla quienes se resisten a aceptar que son muchas las «verdades» y que si algunas se imponen es por motivos circunstanciales, habrá muchos Yabrán más en nuestro futuro y también habrá muchos más que compartirán el destino de José Luis Cabezas.  


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