del IVA

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Si el blanqueo de dólares y bienes no declarados que esta semana tendrá media sanción de Diputados es parte de una ley “ómnibus” por la diversidad de capítulos incluidos (entre ellos, el pago de deudas con los jubilados), la que acaba de aprobar el Senado para aplicar el demorado reintegro parcial del IVA (hasta $ 300 mensuales) en las compras de productos básicos bien podría ser caracterizada como una “radiografía” socioeconómica y política de la Argentina.

Este paliativo alcanzará, según datos oficiales, a 9,2 millones de personas. De ese total, 3,5 millones son jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo (de 4.959 pesos mensuales) y el resto beneficiarios de planes sociales (asignación universal por hijo y por embarazo). O sea el 23% de la población total del país que integra la ancha base de la pirámide social afectada por la pobreza. A partir de la fecha que establezca la reglamentación (probablemente el 1 de julio), recibirán un reintegro de 15% en las compras superiores a $ 10, siempre que las abonen indefectiblemente con tarjetas de débito. Pero el establecimiento del tope de $ 300 mensuales implica un total de consumos de $ 2.000 por mes.

Estos importes se actualizarán dos veces por año (en enero y julio), según la evolución de los precios de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) que el Indec volverá a difundir próximamente, después de que el gobierno de Cristina Kirchner decidiera primero disfrazarlos y luego ocultarlos deliberadamente para no admitir el aumento de la pobreza. Sin ponerse colorados, hace un año la expresidenta sostenía que la pobreza era de 5% y Aníbal Fernández que en la Argentina había “menos pobres que en Alemania”, mientras la UCA daba cuenta de una tasa de 30%.

Aun así, la nueva ley llega tarde. Había sido anunciada en enero por el gobierno de Mauricio Macri para atenuar en los sectores sociales más vulnerables el impacto del aumento de precios de los alimentos provocado por la devaluación. En ese momento, podría haber sido dispuesta por decreto de necesidad y urgencia, ya que contaba con el apoyo de buena parte de la oposición, como quedó demostrado en el Congreso. Si bien individualmente el beneficio de $ 300 mensuales resulta exiguo, su costo fiscal ya estaba previsto. Multiplicado por el número de quienes lo reciban ascenderá a nada menos que 25.000 millones de pesos anuales (unos 1.800 millones de dólares). Pero tras la fuerte aceleración inflacionaria del primer semestre, el reintegro equivaldrá ahora al 6% de la jubilación mínima, al 31% de cada asignación universal por hijo o embarazo ($ 966 mensuales) y al 6,5% del costo de la CBA (calculado en mayo por FIEL en $ 4.610 para una familia tipo).

No deja de ser una ayuda, por más que en cada caso representará el 60% del valor unitario de los nuevos billetes de $ 500 que entrarán en circulación en julio, cuando la medida esté en vigencia. Pero en este terreno también conviene considerar además otros aspectos económicos colaterales.

Uno de ellos es que, como el reintegro del IVA se aplicará a las compras que se paguen con tarjeta de débito, será acreditado únicamente en las cuentas bancarias. Esta exigencia motivó en Diputados algunas insólitas críticas provenientes del bloque kirchnerista. Por caso, Axel Kicillof sostuvo que la medida beneficiará al sector financiero y a las cadenas de supermercados. Y Carlos Heller fue más allá al señalar que los pequeños comercios irían a la quiebra si cumplieran todas las normas impositivas. O sea: un alegato a favor de la economía en negro, que encierra más hipocresía que amnesia. Los pagos a jubilados y a gran parte de los beneficiarios de planes sociales ya fueron bancarizados por el gobierno de CFK. Y si los comercios evaden impuestos, en buena medida obedece a la presión tributaria récord que dejó como herencia, por más que estén obligados a contar con dispositivos de cobro electrónico (posnet, lapos), según lo ratificó un reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia.

La realidad indica que los comerciantes que venden sólo en efectivo y no emiten tickets o facturas se quedan con la parte del IVA (21 y 10,5%, según los productos) que debería ingresar a la AFIP. Con lo cual sería absurdo que el organismo reintegre una parte del impuesto que no cobra.

Para contrarrestar este efecto el titular de la AFIP, Alberto Abad, anticipó un acuerdo con las entidades emisoras de tarjetas de débito para que los pequeños comercios no paguen por un plazo de dos años el alquiler del posnet ni las comisiones por las transacciones. Este costo será subsidiado por el Estado, a cuenta de la mayor recaudación que produciría la formalización de las ventas. Hasta ahora, sólo la Cámara Argentina de Comercio (CAC) expresó públicamente su apoyo a esta iniciativa, no sin reclamar la acreditación inmediata de los fondos.

Sin embargo, también es cierto que no todos los comercios están en condiciones de instalar estos dispositivos de cobro, sobre todo en las zonas donde hay problemas de comunicación telefónica y/o de conexión a internet o no existen sucursales bancarias. De ahí que la nueva ley haya excluido del cobro con tarjeta de débito a las localidades de menos de 5.000 habitantes. Pero incluso en ciudades con mayor población, estas dificultades tardarán tiempo en resolverse.

En el Senado, en cambio, varios legisladores pusieron de relieve otra inquietud: la reducción de la masa de recursos coparticipables de IVA que recibirán las provincias, debido a que los comercios computarán el reintegro parcial a cuenta del pago mensual del impuesto. Si se quiere fue un planteo testimonial, ya que finalmente la ley fue aprobada por unanimidad en la Cámara Alta (61 votos de todos los presentes) e incluso invita a incluir en el régimen a los beneficiarios de prestaciones provinciales o municipales de jubilación o planes sociales.

Con este marco, a nivel nacional y provincial debería lanzarse una amplia campaña de difusión para que los consumidores reincorporen el hábito de reclamar el ticket o factura de cada compra y, por esa vía, ayudar a los más necesitados. Pero, simultáneamente, trabajar para reducir la presión impositiva récord de los últimos años y contribuir a que una mayor formalización de la economía no se traduzca en el cierre de comercios o empresas.

apuntes para la semana

Alcanzará, según datos oficiales, a 9,2 millones de personas, el 23% de la población total del país que integra la ancha base de la pirámide social afectada por la pobreza.

No deja de ser una ayuda, por más que representará el 60% del valor unitario de los billetes de $ 500 que entrarán en circulación en julio, cuando la medida esté en vigencia.