Las empresas proponen aumentos escalonados de tarifas de gas y luz

NEUQUEN (AN).- Con un paraguas para los usuarios de bajos recursos, Oscar Vicente encabezó la avanzada por un aumento escalonado de las tarifas de gas y energía eléctrica que en una primera etapa abarque los consumos industriales y comerciales y los residenciales de mayor poder adquisitivo. Luego de evaluar del desempeño del mercado, el ensayo pasará a un «segundo escalón», con otro retoque tarifario.

El vicepresidente de PeCom y titular de la Asociación de Empresarios Argentinos, AEA, disertó ayer en el cierre del 18º Congreso Mundial de Energía desarrollado en esta capital, donde rechazó que se intente «producir un tarifazo, porque no hay empresario que no cuide a su cliente».

El tema puede resolverse «en una semana si hay voluntad» en el presidente de la Nación, Eduardo Duhalde, porque los entes reguladores de gas y de electricidad «ya conocen el tema».

Vicente graficó: dijo que es necesario «dibujar un escalón de aumento tarifario que a su término lleve a 1,20 o 1,40 pesos el millón de BTU en boca de pozo». Ese precio es aceptado por las provincias -que resguardan sus recursos por regalías- y a la vez permitirá establecer un primer escalón -de 60 o 70 centavos- para las tarifas para industria y comercio.

La total desregulación no es posible aplicar ahora para preservar al sector de bajos recursos y «evitar problemas» sociales. Reconoció que el esquema «no es bueno, porque en economía no hay que diferenciar así; manda la ley de la oferta y la demanda».

Actualmente «hay un problema puntual, y hay que resolverlo sin que la gente de menos recursos tenga incremento».

Aseguró que «poner una tarifa que nadie puede pagar no sirve, sería una tontería». Vicente aludió de esa manera al mantenimiento y fomento al poder adquisitivo de la gente como etapa previa al incremento de los precios y tarifas.

En su exposición sobre el mercado energético, Vicente dijo que con la devaluación y la crisis argentina, se produjo un descenso en la actividad: la producción de hidrocarburos bajó el 3,1%; la demanda de gas 2,1%: en combustibles 11% y en electricidad el 7%.

Los aspectos negativos del actual escenario argentino, a juicio del empresario, radican en la inseguridad jurídica, la inestabilidad fiscal y los cuestionamientos implícitos a «la propiedad privada».

Como sus colegas -y también el gobernador Jorge Sobisch-, apostó a una «vuelta a los pilares de la desregulación» que otorguen claves de reactivación en el país.

Recordó que en la década de 1990 las empresas invirtieron más de 22 mil millones de dólares en el sector. La producción petrolera se incrementó de 28 a 49 millones de metros cúbicos desde 1990 y este año, pese a la caída en la extracción se producirán 45 mil millones de metros cúbicos.

Con el gas ocurre algo parecido: desde la privatización de Gas del Estado en 1991, se pasó de una producción de 25 mil millones de metros cúbicos -1992- a 45 mil millones el año pasado.

En paralelo, aumentaron las reservas comprobadas, se logró el autoabastecimiento en ambos hidrocarburos y se ganaron mercados.

En esa época se gestó un «paquete de normas» que «permitió crecer a la Argentina», dijo José María Ranero Díaz, de Repsol YPF, que cuestionó «las medidas distorsivas» dispuestas por el gobierno nacional a la salida de la convertibilidad.

Vicente se refirió también a restablecer el derecho a la propiedad y seguridad jurídica, la libertad de precios y «la ética y el respeto a las leyes».

Sobisch aprovechó el foro para reiterar su propuesta regionalizadora. Su iniciativa apuesta a rediseñar estructuralmente el país a partir de una «interrelación geopolítica» que compense el excesivo peso de la decisión «de unos pocos».

El mensaje federalista de Sobisch criticó el país donde se exige que la Patagonia subsidie «los grandes centros poblados». Ese esquema requiere ser cambiado, y según el gobernador neuquino, el dilema es entre el manejo de los recursos «en función de la cantidad de personas» con un criterio electoralista, «o de la calidad de decisiones para todos, vivan donde vivan».

Eso permitirá revertir «una Argentina con una gran cabeza y un cuerpo raquítico al que se le extraen los recursos».

Nueva gestión por el metanol

NEUQUEN (AN).- Quizás acicateado por el discurso previo de José María Ranero Díaz, ejecutivo de Repsol YPF, el gobernador Jorge Sobisch anunció que durante la segunda semana de julio irá a Buenos Aires para ampliar la denuncia por la cuestión metanol. El gobierno entregó el tema al fiscal de Estado, Raúl Gaitán, para poner un dique a los amparos otorgados por juzgados bonaerenses contra el tren que transportará el líquido desde Plaza Huincul a Ensenada.

Ranero, gerente de campo de Repsol y vicepresidente de la Asociación de Empresarios Argentinos, AEA, dijo que «llama la atención el mantenimiento de los amparos» judiciales e indicó que la subsistencia de los recursos impiden que se progrese en el conflicto. Comparó esos obstáculos con la cantidad de inversiones previstas por el sector hidrocarburífero en explotación de gas y construcción de centrales térmicas -diez mil millones de dólares en programas- y los «350 mil puestos de trabajo directos e indirectos» de la industria en el país.

Los amparos todavía vigentes están en Bahía Blanca, donde Ferrosur y la Unión de empresarios neuquinos a través de sus contactos ya agendaron un encuentro con el juez y el intendente de esa ciudad, Jaime Linares (UCR) para destrabar el paso del convoy. Sin embargo, la preocupación de los directivos de Repsol se focaliza en Lomas de Zamora, donde el intendente Carlos Mensi y los jefes comunales de otros municipios bonaerenses vinculados con el duhaldismo presentaron recursos de amparo. En esas acciones judiciales observan «una suerte de presión del gobierno nacional» sobre la empresa para negociar, a cambio del levantamiento de los amparos, el abastecimiento de combustible y mantenimiento de tarifas, según confió una fuente de la industria.

«Música para los oídos»

NEUQUEN (AN).- El gobernador Jorge Sobisch ratificó su posición a favor de la seguridad jurídica y la estabilidad fiscal como garantía de los contratos y Oscar Vicente recogió el convite. Cuando los periodistas lo consultaron, Vicente dijo que las declaraciones de Sobisch suenan como «música para los oídos de los empresarios».

El Congreso Mundial de Energía se convirtió ayer en un verdadero foro donde los empresarios expusieron sobre el crecimiento del sector y testimoniaron la amenaza que pende sobre el negocio a partir de la ley de emergencia pública, la devaluación, la declaración de default y las retenciones y los cupos impuestos a las exportaciones.

Sobisch, en el cierre del Congreso, convocó a los empresarios a una «participación activa» en el futuro debate político que requiere el país para terminar con «la situación de fracaso».

El mandatario neuquino se autopropuso como «lobbysta» de las compañías privadas porque, dijo, «cada empresario que venga a invertir y dé un solo puesto de trabajo, es un aliado estratégico del gobierno neuquino». Y duplicó la apuesta: invitó a las empresas no sólo a «que vengan a invertir y explotar los recursos, sino a instalarse en la provincia».

Así reflotó una vieja intención de su administración, que procura el establecimiento de los cuarteles generales de las empresas en la provincia.

Describió un «país fragmentado» donde se aplicaron medidas reguladoras y «no se les permite a las empresas aumentar los insumos», con lo que apoyó el reclamo empresario

Quieren igualdad de normas

NEUQUEN (AN).- En medio del reclamo de volver a «los pilares de la desregulación» del negocio petrolero, y traducirlos en «una nueva ley de hidrocarburos», las empresas potenciaron su apuesta para no perder mercados. Uno de los referentes de Repsol YPF, el «country manager» José Luis Ranero Díaz, pidió ayer modificar «los elementos perfectibles del Mercosur»: en primer lugar, incorporar a «todos los países latinos» a la alianza y coordinar normas -de seguridad, higiene, medio ambiente- similares en cada nación; homogeneizar las cargas fiscales que «acentúan las distorsiones producidas por tipos de cambio distinto», eliminar las restricciones paraarancelarias y suprimir los «privilegios» de las empresas estatales que subsisten en la región.

Ranero Díaz dio que resulta «una audacia» esperar que «Argentina vuelva a ser confiable» en virtud de los incumplimientos de contrato registrados en el reciente semestre. El ejecutivo no aludió, sin embargo, a los reclamos efectuados el jueves por el gerente de desarrollo de Metrogas, que cuestionó la incertidumbre generada en el negocio por la crisis argentina. Esas declaraciones generaron malestar en las filas oficiales. Un funcionario del gobierno dijo que el problema de las empresas chilenas son las tarifas, y que «olvidaron que apenas dispuesta la devaluación en el país, intentaron pesificar los contratos».